incumple con sus obligaciones y la Sala
Constitucional mantiene una postura de
inacción ante los recursos de nulidad, que
fueron considerados por la ley como de orden
público y una garantía de protección judicial.
En este sentido es importante tomar en
consideración que el derecho moderno según
García Amado (2023) exige que las normas
jurídicas incorporen nuevos mecanismos de
legitimación, esto es, de motivación a la
obediencia, de su aceptación, incluida la
aceptación de su potencial coercitivo (García
Amado, 2023: 195).
García Amado, haciendo referencia a
Habermas respecto al derecho moderno
señala que la validez propia y característica
del derecho moderno se desdobla en dos
dimensiones necesitadas ambas de
satisfacción: factibilidad de la imposición
estadal, coactiva, de las normas jurídicas y
legitimidad, basada en el procedimiento
racional de creación de esas normas (Ibid).
Habermas, según García Amado, señala que
el Estado debe asegurar ambas cosas, por un
lado la legalidad de los comportamientos, en
el sentido de que por regla general sean
seguidas, en caso necesario con el
forzamiento mediante sanciones, y, por otro
lado, la legitimidad de las reglas, que asegure
que el seguimiento de una norma puede
llevarse a cabo por respeto a la ley misma
(Ibid, 196).
En lo que respecta a la omisión de sanciones
de las ordenanzas, elemento crucial para
alcanzar la armonización fiscal, resalta la
responsabilidad primordial del ente
legislativo en este ámbito. Esta
responsabilidad es fundamental para
garantizar el correcto funcionamiento del
Estado y la protección de los derechos y
deberes de los ciudadanos.
Cuando el ente legislativo incurre en
desacato u omisiones en la producción de las
leyes, se generan diversas implicaciones
legales y sociales, que pueden afectar
negativamente el Estado de Derecho y la
gobernabilidad democrática. Entre las
consecuencias más relevantes se encuentran:
Vacíos legales que dificulten la aplicación
uniforme de la ley y la inseguridad jurídica
que desincentiva la inversión y el desarrollo
económico.
De modo que, el desacato u omisión en la
producción de leyes por parte del ente
legislativo en el sistema jurídico venezolano,
puede tener serias repercusiones en el estado
de derecho, tales como; en la seguridad
jurídica y en la gobernabilidad democrática.