Entre la asistencia estatal y la autonomía: políticas públicas y narrativas de personas migrantes venezolanas en Argentina y ChileMaryoly IbarraORCID: 0009-0000-2077-8790mibarra@flacso.org.arDoctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Argentina. Magíster en Antropología Social (FLACSO), Argentina. Comunicadora Social por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Venezuela.ResumenEl flujo migratorio venezolano en América Latina ha reavivado el debate sobre las políticas públicas en materia de migración y trabajo. En este contexto, el artículo compara las narrativas sobre recomendaciones de políticas vinculadas a la regularización migratoria y al empleo desde las perspectivas de personas migrantes venezolanas en Argentina y Chile. Por medio de una metodología etnográfica, que incluyó 31 entrevistas en profundidad realizadas en Buenos Aires y Santiago, así como observación participante con organizaciones de la sociedad civil venezolana, se identificaron los principales obstáculos para el acceso al empleo. Los discursos de las personas migrantes oscilaron entre la necesidad de asistencia y mecanismos de intervención como la regularización, la provisión de información, la capacitación y el reconocimiento de competencias; y aquellos que expresaron desconfianza hacia la intervención estatal. De este modo, el estudio destaca la relevancia de analizar los imaginarios presentes en las poblaciones migrantes para repensar la formulación de políticas públicas inclusivas.Palabras clave: Migración venezolana, políticas públicas, acceso laboral, narrativas, recomendaciones.Between State Assistance and Autonomy: Public Policies and Narratives of Venezuelan Migrants in Argentina and ChileAbstractThe Venezuelan migratory flow in Latin America has reignited the debate on public policy regarding migration and labor. In this context, the article compares policy recommendation narratives related to employment from the perspectives of Venezuelan migrants in Argentina and Chile. Through an ethnographic methodology, which included 31 in-depth interviews conducted in Buenos Aires and Santiago, as well as participant observation with Venezuelan civil society organizations, the study identifies the primary barriers to labor market access. The discourses of migrants oscillated between the need for assistance and intervention mechanisms such as regularization, information provision, skills training, and competency recognition; and those who expressed distrust toward state intervention. Consequently, the study underscores the relevance of analyzing the imaginaries present in migrant populations in order to rethink the formulation of inclusive public policies.Keywords: Venezuelan migration, public policies, labor access, narratives, recommendations, employment.INTRODUCCIÓNEl aumento del flujo migratorio venezolano en América Latina ha reavivado el debate sobre los marcos normativos y las políticas públicas de inclusión para la población extranjera (Gissi et al., 2021). Es posible que las respuestas estatales no dependan únicamente de sus tradiciones legislativas en materia migratoria y laboral, sino también de los posicionamientos políticos e ideológicos de los Gobiernos en funciones, así como de los discursos y construcciones sociales de las comunidades receptoras en torno a la población migrante venezolana. En otras palabras, dichas políticas migratorias podrían constituir una forma de «cristalización de un proceso histórico», en el que cada sociedad expresa sus concepciones teóricas, sus posicionamientos frente a la justicia, así como sus «fobias» y «limitaciones sociales» (Calderón Chelius, 2006).Estas cuestiones, junto a las dinámicas de segmentación de los mercados de trabajo, han influido en el acceso y la reconfiguración de las trayectorias laborales de las personas migrantes venezolanas, especialmente en Argentina y Chile. En Argentina, con 161 495 ciudadanos, se encuentra la tercera comunidad migrante (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2024). La población muestra una leve feminización, así como una mayor concentración en edades entre los 30 y 34 años (RENAPER y Dirección Nacional de Población, 2025), y con alto nivel educativo: 60 % con título universitario, terciario o de posgrado y 30 % con secundario (Dirección Nacional de Poblaciones, 2021). Por su parte, en Chile, la población migrante venezolana asciende a 728 586 personas (Instituto Nacional de Estadísticas y Servicio Nacional de Migraciones, 2023), siendo el grupo extranjero más numeroso. A su vez, predominan los jóvenes entre 18 y 39 años, con paridad de género y alto nivel educativo: 64,6 % con estudios terciarios completos y 30,8 % con secundaria completa (Saavedra y Carrasco, 2023). Si se considerada el peso relativo de este grupo en cada contexto nacional, la población venezolana en Argentina ha mostrado un crecimiento considerable en los últimos años; sin embargo, este no alcanza la magnitud registrada en el caso chileno. Ello condiciona tanto los marcos y tipos de respuesta estatal como la visibilidad pública otorgada a este colectivo y las presuntas presiones que se le atribuyen sobre el mercado de trabajo. A su vez, también inciden las orientaciones históricas de los Estados frente a la migración. En el caso argentino, pese a su tradición de protección igualitaria en derechos laborales para extranjeros, se ha aplicado una política «selectiva» basada en la voluntad política y el interés en maximizar los beneficios del alto nivel educativo de las personas migrantes venezolanas (Linares, 2021). Mientras que, en Chile, el Estado no ha contado con políticas públicas adecuadas para atender el empleo, respondiendo solo con acciones puntuales ante la creciente demanda laboral (Riveros Ramírez et al., 2020).El marco normativo de derechos migratorios en Argentina y Chile muestra una expansión de los principios de igualdad para las personas migrantes en materia de derechos laborales, a través de diversos acuerdos y tratados internacionales enfocados en la protección de los trabajadores migrantes y sus familias, y en la promoción del trabajo decente (Ibarra, 2024). Las constituciones de ambos países establecen la igualdad de derechos civiles para todos los habitantes con independencia de su origen, y garantizan la libertad de trabajo, en el caso argentino, mediante los artículos 16 y 20, y en el caso chileno, por el artículo 19.En cuanto a los derechos laborales, la Ley de Migraciones n.º 25 871 de Argentina prohíbe, en su artículo 55, emplear a personas extranjeras en situación irregular; no obstante, el artículo 56 obliga a los empleadores a cumplir con la legislación laboral y garantizar sus derechos independientemente de su estatus migratorio. En Chile, la Ley de Migración y Extranjería n.º 21 325 exige, en su artículo 14, que los empleadores cumplan con todas las obligaciones legales sea cual sea la condición migratoria de la persona empleada. Asimismo, su artículo 117 establece que la persona extranjera que trabaje sin autorización no será sancionada si denuncia a su empleador por violaciones a la legislación migratoria y laboral, lo que introduce una diferencia notable respecto del caso argentino, donde no es imperativo la denuncia del trabajador. Estas variaciones se profundizan al analizar el enfoque de derechos humanos que atraviesa el marco normativo argentino, en comparación con una perspectiva más restrictiva y securitista en el caso chileno. A ello se suman las dinámicas propias de cada mercado laboral, dado que el chileno se orienta hacia la flexibilidad y desregulación de las relaciones laborales, mientras que el argentino presenta una mayor intervención estatal (Ibarra, 2024). Por su parte, otra distinción se constata en el requisito establecido por el Código del Trabajo chileno (Art. 19), según el cual al menos el 85 % del personal debe ser de nacionalidad chilena en empresas con más de 25 trabajadores, exigencia que no existe en el ordenamiento jurídico argentino.En este sentido, aun cuando resulta fundamental reconocer las acciones de los Estados ante los procesos migratorios y la inserción laboral, también es clave considerar, desde una mirada etnográfica, cómo los actores involucrados, en este caso, las personas migrantes venezolanas, conciben las respuestas que esperan de los Gobiernos. Por lo tanto, desde la articulación de dimensiones políticas, normativas y subjetivas, este artículo se pregunta por cómo dichas personas conciben y proponen políticas migratorias y de empleo y en qué medida estas concepciones están condicionadas por su posición en el continuo de derechos, ya sea ciudadanía plena, cuasi-ciudadanía, residencia temporal e irregularidad, producido por los marcos migratorios vigentes. De esta manera, el objetivo principal del artículo es analizar y comparar los discursos sobre recomendaciones de políticas migratorias y de empleo de la población migrante venezolana en ambos países, al identificar cómo su posición en dicho continuo de derechos, entre otros factores, puede incidir en sus expectativas respecto del rol del Estado en la gestión migratoria y su inserción laboral. Se parte de la hipótesis de que dichos relatos no solo ilustran una serie de obstáculos concretos en el acceso al empleo, sino también posicionamientos ideológicos y morales frente al Estado que están directamente condicionados por su lugar en las jerarquías en el acceso a derechos, diversas necesidades relacionadas con el empleo, modalidades de inserción laboral y la interacción con el Estado previo a la migración.El caso venezolano presenta una particularidad contextual en este escenario, toda vez que evidencia una relación mutua entre el deterioro institucional y democrático en el país de origen y la construcción de subjetividades jurídicas entre quienes migran. El debilitamiento de la descentralización, la crisis económica y la transgresión de principios fundamentales desde el Estado venezolano (Rivas, 2016) no solo han provocado uno de los mayores desplazamientos en América Latina (Llamas y Vecchioni, 2022), sino que también han implicado una reconfiguración en las formas en que algunas personas migrantes venezolanas se reconocen, o dejan de reconocerse, como sujetos de derecho. Esta reconfiguración se expresa, entre otras razones, debido a la violación de derechos económicos, sociales y políticos por parte del Estado venezolano, que se refleja en el deterioro del sistema público de salud, la inseguridad alimentaria, el cierre de industrias y comercios, las detenciones arbitrarias y la persecución política, la censura a la libertad de expresión e información, y la incapacidad estatal ante la violencia criminal (Álvarez, 2010; Araujo, 2020; Hernández, 2022). El escenario ha propiciado, además de la desvalorización de la imagen del Estado, la circulación de emociones vinculadas a la desconfianza, el miedo y el rechazo ante la ausencia de resguardo institucional. Para buena parte de la población venezolana, el Estado dejó de ser una instancia responsable y promotora de garantías institucionales para convertirse en una entidad distante que, en ciertos casos, lleva o no a reclamar derechos, desconocerlos o incluso rechazar la intervención estatal. Esta experiencia y las concepciones en torno a dicha figura pueden reactivarse al enfrentarse a la burocracia migratoria en Argentina o Chile, aun cuando el estatus jurídico en el país receptor, ya sea mediante residencia temporal Mercosur o visa de ingreso, les otorgaría formalmente acceso a ciertos derechos laborales. En los casos de irregularidad migratoria, especialmente ante la imposibilidad de obtener documentación desde Venezuela, esta situación no hace sino reforzar una disposición ya incorporada a no reclamar derechos, minimizar la propia condición de sujeto de derecho o a priorizar la autonomía individual por sobre cualquier vínculo con el Estado. La confluencia entre la experiencia previa con el Estado y el estatus jurídico al momento de llegada da pistas para explicar los procesos de desconfianza hacia la intervención estatal, incluso cuando la condición migratoria otorgaría formalmente ciertos derechos. Por lo tanto, el recorrido del artículo inicia con el análisis de antecedentes sobre políticas públicas frente al proceso migratorio venezolano, junto con la descripción de la perspectiva metodológica y las discusiones conceptuales sobre ciudadanía, políticas públicas y narrativas migrantes respecto a la exigencia de derechos. Luego, se propone un análisis comparativo de las recomendaciones de políticas de empleo, según las perspectivas construidas por los interlocutores en Argentina y Chile, clasificadas entre quienes consideran necesaria la intervención estatal y quienes desconfían de ella. Aunque el enfoque comparativo representa una contribución novedosa en la producción académica sobre esta población, se aclara que los resultados se basan en discursos críticos atravesados por trayectorias y posturas ideológicas, morales y personales de las personas migrantes relevadas. Considerando las limitaciones de la muestra, el propósito no es valorar sus relatos ni generalizar, sino mostrar cómo estos reflejan su situación y sus expectativas respecto del rol del Estado y de la inserción laboral. Más específicamente, cómo sus discursos y posicionamientos son indicativos de reclamos puntuales y manifestaciones frente a la falta de respuesta por parte de determinados organismos estatales, en tanto que también pueden revelar un rechazo a la intervención del Estado.NOTAS PRELIMINARES DESDE LOS ANTECEDENTES: EMPLEO Y POLÍTICAS EN CONTEXTO DE LA MIGRACIÓN VENEZOLANA A pesar de ser un proceso reciente, la migración venezolana ha despertado el interés investigativo desde una perspectiva laboral. Tanto en Argentina como en Chile, estos enfoques se han centrado en distintas dimensiones, como las dinámicas de inserción y las condiciones laborales (Cerrutti y Penchaszadeh, 2023; Gissi et al., 2019; Nicolao et al., 2022; Pacecca y Liguori, 2019; Pedone y Mallimaci, 2019; Stefoni et al., 2019), así como en los perfiles profesionales de la población venezolana (Ibarra y Fischman, 2024; Mercer, 2019; Rivas, 2020; Sala, 2019) y los nichos laborales en los que se insertan estas personas migrantes (Gissi et al., 2021; Haidar, 2020; Sala, 2019).A su vez, ha surgido una perspectiva centrada en la normativa y las políticas públicas (Linares, 2021; Pedone et al., 2019; Pérez, 2022), que evidenció la insuficiencia de las políticas «paliativas» (Castro, 2019) y la falta de marcos legales actualizados (León-Rojas, 2022) ante la llegada de esta población en la región. Aunque enfocados en la migración venezolana en general, también se han abordado infancias y adolescencias (León-Rojas, 2022), personas refugiadas (López-Reina, 2018) y personas con discapacidad (Ortemberg, 2022), considerando intervenciones desde la promoción, prevención, mitigación o restablecimiento de derechos en salud, educación, trámites migratorios e informalidad laboral (León-Rojas, 2022; Quintero et al., 2023).Por su parte, los estudios muestran que la migración venezolana pudo implicar un viraje o actualización de políticas públicas, con transiciones desde enfoques de riesgo hacia modelos basados en derechos (León-Rojas, 2022), o bien hacia mecanismos restrictivos con perspectivas securitarias y gerenciales (Gissi et al., 2020), acompañados de discursos sobre «crisis migratoria» o «emergencia humanitaria», y políticas de expulsión y control (Ramírez, 2022; Stefoni et al., 2023). Estos posicionamientos varían según los cambios en la administración gubernamental, con reorientaciones hacia políticas más selectivas y focalizadas según criterios laborales, profesionales, de encauzamiento, humanitarios e ideológicos (Linares, 2021).En este escenario, el acceso al empleo de la población venezolana está condicionado por la posibilidad de regularización migratoria. En Argentina, instituciones públicas han facilitado el empleo, la residencia y la convalidación de títulos, definiendo esta como una «buena migración» (Pedone y Mallimaci, 2019), aunque durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019) y, posteriormente, la de Alberto Fernández (2019-2023) se evidenció un vacío en la coordinación entre la residencia temporal y la inserción laboral, derivando en empleos informales. Mientras que, en Chile, las restricciones migratorias y visados específicos, dentro de modelos de gestión migratoria con impronta de securitización (Pérez, 2022), han generado condiciones laborales desfavorables (Stefoni et al., 2019). Los visados de «responsabilidad democrática» resultaron un obstáculo por sus costos y dificultades (Gissi et al., 2019).Bajo esta revisión, el abordaje sobre el despliegue de distintas políticas, en su mayoría vinculadas a la regularización migratoria de esta población, muestra sus fuertes implicancias en áreas como el empleo, así como también una variación en los posicionamientos según los países y las administraciones gobernantes. No obstante, estas perspectivas se centran directamente en el rol del Estado en la toma de decisiones para gestionar el proceso de migración venezolana, por lo que existe una vacancia en los enfoques que analizan puntualmente cómo las personas venezolanas conciben sus problemáticas, sugerencias y posicionamientos para pensar acciones de políticas públicas vinculadas a la migración y el empleo. En este sentido, este artículo busca abrir la discusión desde la mirada de los propios sujetos involucrados.METODOLOGÍAEl estudio adoptó un enfoque cualitativo, que trianguló múltiples fuentes de información para asegurar mayor rigurosidad analítica. En primer lugar, se realizó una revisión bibliográfica sobre el acceso al empleo de la población venezolana en Argentina y Chile (Ibarra, 2024), junto con un análisis de la normativa migratoria y laboral a través de InfoLEG (Argentina) y la Biblioteca del Congreso Nacional (Chile). Entre 2022 y 2023 se solicitaron datos e informes a instituciones como el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Dirección Nacional de Población en Argentina, así como a la Dirección del Trabajo y al Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales en Chile.Esta información fue cotejada con 31 entrevistas en profundidad, semiestructuradas realizadas a personas migrantes venezolanas en ambos países. El diseño muestral, acorde con los objetivos del proyecto, fue no probabilístico. La unidad de análisis incluyó a personas migrantes venezolanas mayores de 18 años que arribaron entre 2015 y 2023, residentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires y la Región Metropolitana de Santiago, seleccionadas según nacionalidad, edad, género y ubicación geográfica. Un aspecto diferenciador en cuanto a la muestra tiene que ver con el estatus migratorio. De las quince personas entrevistadas en Argentina, catorce contaban con residencia permanente y una con residencia temporal, debido a las facilidades de acceso a la visa Mercosur. En el caso chileno, en cambio, de las dieciséis personas entrevistadas, la mitad no contaba con visa de residencia, dado que habían ingresado por pasos no habilitados al no disponer de pasaporte vigente ni del visado exigido para el ingreso regular al país, lo que condicionaba significativamente su inserción laboral.Además de asegurar una distribución equitativa por género, se buscó incorporar heterogeneidad en las trayectorias laborales, incluyendo empleos en relación de dependencia (registrada o no), trabajo por cuenta propia (formal o informal), empleadores o con negocios propios y experiencias de desempleo. Aunque el número de entrevistas no permite una representatividad estadística, sí ofrece una aproximación cualitativa acerca de las demandas y posicionamientos sobre el acceso al empleo de la población migrante venezolana relevada. Por su parte, desde una aproximación etnográfica en su triple acepción, en tanto estrategia, texto y perspectiva centrada en la visión de los sujetos de estudio (Guber, 2011), se realizó observación participante y registro de campos en actividades de organizaciones sociales venezolanas, entre ellas charlas de orientación sobre la regularización migratoria, talleres informativos sobre el proceso de convalidación de títulos universitarios y cursos que ofrecían herramientas para la inserción laboral en Argentina. En este marco, también se tomaron registros de testimonios orales durante dos jornadas de la Reunión Científica «Movilidades regionales contemporáneas, el rol de las organizaciones de la sociedad civil y la política subnacional», organizada por el Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina (IICSAL), en julio y septiembre de 2022. Este abordaje permitió una mayor profundización en las perspectivas propias de la comunidad migrante.En este contexto, el diseño y la validación del instrumento de recolección de datos se llevaron a cabo entre julio y octubre de 2023, con la colaboración del equipo del proyecto de investigación. Las preguntas incluidas en la versión final de la pauta de entrevistas se elaboraron a partir de las principales categorías analíticas definidas durante la etapa de formulación del proyecto, orientadas a indagar la brecha existente entre las políticas públicas, la normativa vigente y el acceso efectivo al empleo. De este modo, la guía final se estructuró en cinco bloques temáticos: a) información general y perfil sociodemográfico; b) acceso al empleo y brechas con la normativa; c) obstáculos; d) facilitadores; y e) recomendaciones en materia de políticas públicas vinculadas al empleo. Precisamente, los testimonios de las personas migrantes registrados en este último bloque son los utilizados para el estudio de las narrativas en este artículo.El análisis de la investigación fue deductivo, basado en categorías definidas a priori: acceso al empleo y brechas, obstáculos, facilitadores y recomendaciones en políticas públicas. Las entrevistas fueron codificadas en el software de ATLAS.ti 9 según estas categorías, con el fin de reconceptualizar subcategorías emergentes. Luego, se sistematizaron los hallazgos desde una mirada comparativa, diferenciando las narrativas sobre recomendaciones de políticas públicas vinculadas al empleo en cada país.POLÍTICAS, CIUDADANÍA Y NARRATIVAS MIGRANTESEl proceso migratorio involucra múltiples dimensiones, sociales, culturales, económicas, éticas, raciales, políticas, jurídicas, psicológicas, entre otras, que deben ser consideradas en su estudio (Novick, 2012). Por ello, reflexionar sobre la relación entre migración y políticas públicas implica repensar categorías tradicionales del Estado-nación, como la ciudadanía. Esta es una noción central en esta investigación por su vínculo con el acceso al empleo formal, especialmente en contextos migratorios que han transformado su conceptualización. Asimismo, muestra cómo las personas migrantes interpretan y recomiendan políticas públicas, produciendo narrativas que reflejan tanto su experiencia subjetiva como sus posicionamientos frente al Estado.En este sentido, la ciudadanía se entiende como una condición que habilita el ejercicio de ciertos derechos (Modolo, 2012), aunque ha perdido densidad como instrumento de regulación en favor de la «residencia legal» (Velasco, 2006). Es una categoría compleja, dado que, pese a que las personas migrantes forman parte de las sociedades receptoras, muchas veces no son sujetos plenos de derechos, siendo excluidas de prerrogativas fundamentales. Esta situación ha llevado a clasificarlas como «cuasi-ciudadanos» o denizens (Hammar, 1990 citado por Modolo, 2012); por lo tanto, el acceso desigual a derechos no solo estructura las experiencias de las personas migrantes, sino también sus formas de construir discursos de demanda y recomendaciones hacia el Estado.Esta condición se ve aún más restringida por los mecanismos de inclusión y exclusión que regulan la adquisición de la ciudadanía en las políticas migratorias (Velasco, 2006). En este sentido, reviste importancia criticar la «pertenencia» y la «nacionalidad» como fundamentos exclusivos, señalando que la pertenencia es «inverificable» y que la nacionalidad refuerza la diferenciación entre nacionales y extranjeros según criterios como «la sangre, la religión, el lugar de nacimiento, el territorio, el color de piel, la permanencia o la residencia, entre otros» (Penchaszadeh, 2012, p. 41). Por ello, se propone abordar la «pertenencia social» desde una perspectiva situacional basada en la «residencia» (Penchaszadeh, op. cit.). En esta línea, también vale pensar en un «continuum de derechos», que plantea un espectro de garantías desde el Estado que va desde aquellos sujetos que se encuentran completamente privados de derechos hasta quienes gozan de una ciudadanía plena (Benhabib, 2004).En este escenario, las políticas públicas deben entenderse como «construcciones sociales» o como «textos culturales y tecnologías de gobierno», que operan y se manifiestan a través de discursos y narrativas no homogéneas (Gil Araujo, 2006; Shore y Wright, 1997, citados por Novick, 2012). Estas políticas, como señala Novick (2012), aunque inicialmente se legitiman a través de un aparato jurídico, también constituyen instrumentos de lucha ideológica. En el caso de la migración, no solo regulan el ingreso y la permanencia de las personas, sino que además pueden asignar distintos derechos según las categorías migratorias. Esta dinámica remite al concepto de «estratificación cívica» y socioeconómica recuperado por Pedone et al. (2012), que alude a un sistema de derechos diferenciados y jerarquizados que el Estado asigna a distintas categorías de personas, y que incide no solo en las condiciones de regularización migratoria, sino también en la configuración de sus vidas.Dentro de los marcos teóricos sobre la implementación de políticas públicas, desde la década de 1970 se ha otorgado mayor relevancia a las personas destinatarias de las políticas, a partir del enfoque de «abajo hacia arriba» o Bottom-up. El valor de esta perspectiva radica en que cuestiona la mirada jerárquica e incorpora al debate las percepciones e interacciones de quienes reciben las políticas como un componente central para comprender su funcionamiento efectivo (Revuelta, 2007). A su vez, esta teoría proporciona una mirada empírica de la política al reconocer que esta no se limita a un componente legal, sino que su funcionamiento depende de la relación entre los funcionarios y la ciudadanía (Pinzón, 2023).En esta tradición, otra teoría clave para el presente estudio es el enfoque «narrativo de las políticas públicas» o Narrative Policy Framework (NPF), cuyo propósito es analizar si las historias o narrativas desempeñan un papel fundamental en el diseño, la implementación y la comunicación de las políticas. Estas narrativas presentan cuatro elementos centrales: en primer lugar, un escenario que sitúa el contexto específico del problema de política; en segundo lugar, los personajes, que pueden asumir los roles de víctimas, villanos o héroes; en tercer lugar, una trama o argumento que articula la relación entre los personajes y el escenario, con un inicio, desarrollo y desenlace; y, por último, la moraleja, que da cuenta de cómo las narrativas pueden promover determinadas soluciones de política pública (Abell, 2004; Ney, 2006; Ney y Thompson, 2000; Somers, 1992; Stone, 2012; Verweij et al., 2006, citados por Estévez y Páez, 2020).Si bien estas narrativas pueden provenir del Estado, la ciudadanía también construye sus propios discursos, basados en distintos supuestos centrales. Entre ellos, se destaca que las narrativas son construcciones sociales que las personas asignan a procesos asociados con las políticas públicas, sostenidas por sistemas de creencias, ideologías, normas y emociones, entre otros, y que desempeñan un papel central en los modos en que se procesa la información, se comunica y se razona (Estévez y Páez, 2020). Su análisis permite comprender «el juego de actores dentro de los procesos de las políticas públicas», así como las acciones que las personas deciden adoptar o no, en función del sentido que otorgan a su realidad a través de sus relatos (Picard, 2011, p.15). De esta manera, el enfoque narrativo no solo busca describir, sino también comprender cómo funcionan las políticas públicas, al permitir identificar las relaciones y los sentidos subyacentes en las historias relatadas por las personas destinatarias de las políticas.Desde la perspectiva de las personas migrantes, las narrativas en torno al Estado están condicionadas por sus trayectorias personales, laborales, educativas y familiares, el contexto de migración y la relación previa con el Estado de origen. En los países de destino, esta lectura puede volverse contradictoria y multifacética, influenciada por factores políticos, económicos y socioculturales. El Estado puede ser visto como coercitivo y controlador, dado que el sistema de ciudadanía se percibe como un «privilegio arbitrario» y reversible en contextos de seguridad (Hamsphire, 2013). En situaciones de mayor vulnerabilidad, puede ser entendido como una fuerza «opresora», que se beneficia de la irregularidad migratoria, generando emociones como resentimiento y decepción (Andersson, 2014). También se construye una imagen del Estado como generador de estigmas, promovidos por los medios y la sociedad receptora (Stefoni, 2011). A la vez, puede aparecer como promotor de la «identidad nacional» mediante políticas de integración (Hampshire, 2013).Pese a esta ambivalencia, los sujetos no son figuras pasivas, sino titulares de derechos que pueden ejercer y exigir (Rossi y Moro, 2014). Esto implica distintas formas de agencia, demandas y negociaciones frente al Estado, por lo que deben demostrar su condición de sujetos de derecho ante la sospecha estatal (Villa, 2011), maniobrar y resignificar las categorías impuestas (Feldman-Bianco, 2011), e incluso acceder, de manera selectiva y según la coyuntura, al poder político y a recursos del Estado (Benencia, 2011). En este contexto, estas demandas pueden traducirse en solicitudes y recomendaciones que hacen las personas migrantes como narrativas críticas o contestatarias que disputan sentidos sobre el rol del Estado, visibilizan obstáculos y exclusiones, y, además, proponen alternativas para la inserción laboral de estas poblaciones.NARRATIVAS Y MIRADAS CRÍTICAS SOBRE EL ROL DEL ESTADO EN EL ACCESO AL EMPLEO. ANÁLISIS DESDE LAS RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS Desde el enfoque teórico-metodológico de este artículo, analizar las políticas públicas desde la perspectiva de sus destinatarios implica entender cómo las personas migrantes venezolanas residentes en Argentina y Chile imaginan al Estado, qué esperan de sus intervenciones, qué responsabilidades le asignan y en qué medida creen que sus acciones pueden solucionar sus problemáticas. Estos posicionamientos se articulan en relación con su autopercepción como sujetos de derecho en el contexto migratorio, mediada por las experiencias previas, las condiciones de llegada, los capitales culturales y económicos acumulados y la interacción con las sociedades de destino, así como por la legitimidad que otorgan al Estado para garantizar sus derechos.De esta manera, las narrativas sobre las recomendaciones de políticas públicas vinculadas al empleo reflejan diversas concepciones del Estado. Aunque pueden ser antagónicas, entre quienes valoran la asistencia estatal para reducir los obstáculos en el acceso laboral y quienes consideran que el Estado no debe intervenir de ciertas formas, este trabajo retoma ambos posicionamientos sin pretender una visión dicotómica. Dentro de cada postura hay matices según las demandas específicas, la posición en el mercado laboral y el nivel de integración socioeconómica, no obstante, con fines analíticos, el artículo se centra en estos dos enfoques.«El Estado tiene que ayudar»: narrativas sobre el Estado como garante de derechosLa construcción de narrativas en torno a las recomendaciones de políticas públicas revela un posicionamiento diverso, en los que muchas personas migrantes venezolanas entrevistadas en ambos países esperan y demandan intervención estatal frente a sus problemáticas. Estas propuestas reflejan, por un lado, los escollos que enfrentan para acceder a un empleo en condiciones favorables y, por otro, sus expectativas respecto de la acción del Estado, a través de políticas públicas. Como se ha señalado previamente, estas narrativas pueden variar en función de los perfiles de las personas entrevistadas, así como de las características y los obstáculos presentes en los países de destino. Con el fin de categorizar el abanico de recomendaciones de políticas expresadas por la población relevada se realizó la siguiente clasificación de los tipos de políticas demandadas: informativas y campañas de sensibilización, regularización migratoria, integración socioeconómica, certificación y convalidación de credenciales académicas, formación y capacitación, control e inspección laboral, incentivos, bancarización e impulso al emprendimiento y alivio fiscal.Argentina Un aspecto recurrente en las entrevistas fue la recomendación de implementar políticas informativas dirigidas a la población migrante venezolana. Estas propuestas buscan incidir en la inserción laboral mediante la orientación sobre el mercado de trabajo, el acceso a ofertas o bolsas de empleo y la cobertura de servicios. Este punto resulta especialmente relevante, dado que en Argentina existen mecanismos como centros de orientación para personas migrantes y bolsas de trabajo, lo que sugiere una limitación en el acceso de la población migrante a estos recursos, posiblemente asociada a una deficiente promoción estatal orientada a acercarlos a dicha población.El Estado tiene que ayudar en esa forma, bueno, que la gente consiga un empleo, a insertarlo como… como «te damos la oportunidad de enseñarte» [...]. El Estado debe tener alguna forma de orientar a que uno consiga un trabajo más fácil. Inclusive para ayudar a argentinos, porque hay muchos argentinos desempleados. (Diego, comunicación personal, 4 de septiembre de 2024). «Yo pienso que en todas partes debiera haber un organismo, no sé cómo llamarlo, donde tú pudieras asistir y yo… es que cuando digo te ayudaran a… cómo es… a buscarte un trabajo, ¿no?», (César, comunicación personal, 10 de noviembre de 2023).En segundo lugar, las recomendaciones al Estado argentino apuntan a la necesidad de brindar información a las personas migrantes venezolanas sobre procedimientos de regularización y obtención de documentos como antecedentes penales, CUIL y monotributo. Aunque esta población se beneficia de los criterios de nacionalidad del Mercosur para su radicación (Pacecca y Liguori, 2019; Pedone y Mallimaci, 2019), su condición de desplazamiento forzado (ACNUR, 2018) dificulta la tenencia de documentación vigente. Esto se debe tanto al incumplimiento institucional en Venezuela en la emisión de documentos (Freitez, 2022; Sarmiento, 2020) como a la rapidez del proceso migratorio, que impide acceder a información suficiente sobre los requisitos de regularización en Argentina.Que tengan acceso más a los conocimientos en cuanto a sus derechos, en cuanto… mira, «pues si necesitas hacer tal papeleo, dirígete a este centro», «así es como se saca el DNI» o si… o sea, que ellos sepan sus derechos laborales, sus deberes y derechos laborales, dónde dirigirse en el caso de que tengan algún problema laboral. (Génesis, comunicación personal, 15 de julio de 2024). Precisamente, este testimonio permite vincular el vacío informacional con un aspecto fundamental y transversal en el reconocimiento del rol del Estado por parte de las personas migrantes relevadas. Entre las sugerencias también se incluye la necesidad de implementar instrumentos orientados a informar a las personas migrantes venezolanas sobre sus derechos laborales. Esta demanda adquiere particular relevancia, dado que, a partir de sus experiencias personales y las de su entorno, han enfrentado condiciones laborales precarias e incluso situaciones de acoso y abuso. Ante el desconocimiento de sus derechos, el temor y las limitadas posibilidades de denuncia, su capacidad de respuesta se ha visto considerablemente restringida.Yo creo que de parte del Gobierno debería haber un tipo de campaña, porque ¿qué pasa? Que cuando uno llega, como te digo, uno no tiene la información de tus derechos laborales y todas esas cosas y obviamente a muchos o a la gran mayoría de los empleadores no les conviene que lo sepan. Y es así y obviamente uno llega a un lugar desconocido y está desprotegido porque el desconocimiento de la ley… si desconoces la ley no… no puedes hacer absolutamente nada, entonces te aguantas los abusos. (René, comunicación personal, 11 de septiembre de 2024). «Yo que estuve en muchos rubros, es como “¡ay!, emigrante, vamos a hacer contigo lo que queramos” a nivel laboral, entonces uno también tiene que ser como un poquito… tener carácter y dar a valer tus derechos», (Diego, comunicación personal, 4 de septiembre de 2024). En esta misma dirección, también surgieron narrativas que instaban a implementar políticas de integración social para la población migrante venezolana, con un enfoque geográficamente descentralizado más allá de la capital argentina. Estas demandas evidencian una concepción del Estado como interventor, expresada en categorías émicas, como su función de «llevar de la mano» a esta población. Por su parte, la participación estatal se plantea no solo en el ámbito normativo y laboral, sino también en aspectos sensibles de la experiencia migratoria, como la asistencia psicológica y otras formas de apoyo frente a necesidades fundamentales.También políticas de integración, cómo tienes que hacer, o sea, que te vayan llevando de la mano y eso no lo tenemos [...], entonces como que acompañar, tiene que haber un acompañamiento. No solamente legal, para sacar el DNI, que eso es importante, muy importante, pero tiene que haber un acompañamiento, legal, social y psicológico. Tiene que haber un acompañamiento de todas esas cosas. [...] El tema de la contención es básico, es básico, más allá de ayudar a insertarse laboralmente para que por lo menos inicialmente si no se inserta como profesional, o en lo que conoce, por lo menos para que pueda cubrir sus necesidades básicas. (Coromoto, comunicación personal, 20 de octubre de 2024). «El apoyo que puedas tener emocional es algo también bastante determinante», (Anderson, comunicación personal, 30 de noviembre de 2023). Además de las sugerencias sobre orientación y asistencia en materia regulatoria y laboral, surgieron relatos que demandaban la creación de espacios de formación y capacitación para personas migrantes. Su relevancia se enmarca en las dificultades para la convalidación de títulos académicos, que han derivado en procesos de desprofesionalización de una parte considerable de esta población (Ibarra y Fischman, 2024). Muchas personas no han podido ejercer su formación y han debido acceder a empleos ajenos a su profesión y en condiciones desfavorables, por lo que estos espacios de capacitación se presentan como una alternativa que permite la reconversión laboral (Sala, 2019) y la reprofesionalización o actualización laboral en Argentina (Ibarra, 2025).Las capacitaciones resultan, o sea, [...] sí existen, pero uno no, no las tiene la mano porque en estos días me metí con algo del Gobierno de la Ciudad (de Buenos Aires) y hay bastantes cursos, actividades que te ayuden también a involucrarte o reinsertarte a las actividades laborales, por ahí benefician un montón. (Yolanda, comunicación personal, 29 de agosto de 2024). Por ejemplo, el Gobierno de la Ciudad tiene políticas muy buenas, por ejemplo, tiene estos talleres con (Empresa privada), tiene todos estos programas de Codo a Codo, no importa que tú seas extranjera, te van guiando de qué puedes hacer, qué puedes estudiar, cómo se manejan las cosas acá. (Coromoto, comunicación personal, 20 de octubre de 2024). Por su parte, las recomendaciones varían según la condición laboral de las personas entrevistadas. En particular, quienes se desempeñaban como cuentapropistas y buscaban iniciar proyectos empresariales adoptaban una visión instrumental del Estado, concebido como proveedor de recursos o agente financiero, más que como regulador o garante de derechos. En algunos casos, sugerían la necesidad de acceder a préstamos de inversión. Resulta pertinente señalar que en Argentina han existido programas socioproductivos con subsidios o créditos ministeriales para unidades de gestión (Ledda, 2023), lo que evidencia una persistente falta de divulgación de estas políticas.A mí me encantaría montar la empresa que yo tenía allá (en Venezuela), acá… que es distribuir productos para las artes gráficas, pero necesito capital, entonces una institución que diga «okey, ¿cuál es tu proyecto?», «¿usted qué puede hacer?», «¿tú tienes respaldo económico?», «okey, listo, échele pichón, nosotros le damos un préstamo, comience y va pagando». A mí nunca me ha gustado nada regalado, pero esa posibilidad. (César, comunicación personal, 10 de noviembre de 2023).En cuanto a quienes habían transitado de trabajos independientes a empleadores, sus sugerencias se orientaban a señalar los obstáculos que dificultan la consolidación de sus «emprendimientos». En este sentido, planteaban la necesidad de una intervención estatal orientada a reducir las cargas impositivas asociadas al registro laboral, lo que revela una visión liberal o minimalista del Estado en lo que respecta a la intervención en el mercado laboral y en la recaudación impositiva.Hay que trabajar en definir por qué no se puede blanquear totalmente a un trabajador, [...] aquí hay unas políticas particularmente que existen que te obligan a que, de hecho, eso es lo que me decían mucho de los proveedores acá cuando les preguntaban, «yo necesito que me ayudes porque yo estoy pagando demasiado impuestos, no sé qué hacer». (Yolanda, comunicación personal, 29 de agosto de 2024). El tema de los impuestos que es mucho dinero que se paga de impuestos por tener empleo registrado y, por eso, está todo el tema de la… de que la gente prefiere evadir esos impuestos de empleados porque a una pequeña empresa la funde, no te da, no te da la base para pagar, [...] entonces después de todo el montón de plata que tienes que pagar impuestos y todo lo que tiene que pagar para mantener el local y ya a la larga te afecta un monto la parte operativa del negocio para las empresas pequeñas. (Héctor, comunicación personal, 30 de agosto de 2024). En las narrativas sobre la demanda de asistencia e intervención del Estado en relación con el acceso al empleo, se observa en Argentina una variación en las políticas más demandadas, determinada tanto por el tipo de obstáculos que las personas relevadas encuentran para insertarse en el mercado laboral como por su posición o condición laboral, que resulta igualmente determinante a la hora de recomendar políticas orientadas a mejorar no solo su inserción, sino también las condiciones en las que se desempeñan en sus ocupaciones actuales.En conjunto, estos discursos muestran, en mayor o menor medida, una expectativa de intervención estatal dirigida principalmente a la implementación de políticas informativas y de orientación, tanto en relación con ofertas laborales y bolsas de trabajo como con el acceso a información sobre los derechos laborales de las personas migrantes. En segundo lugar, surgen propuestas vinculadas a la implementación de políticas de integración descentralizadas que incluyan otras dimensiones de la vida social, como la psicológica, afectada por las limitadas posibilidades de acceder a un empleo y, en el caso de la población relevada, a uno vinculado con su profesión. En tercer lugar, se identifican recomendaciones relativas a políticas de formación y capacitación, así como a la creación de programas de crédito para personas cuentapropistas que desean iniciar proyectos empresariales. Estas propuestas evidencian un desplazamiento desde una concepción del Estado centrada en la regulación o garantía de derechos hacia una lógica de intervención más instrumental, que deriva, en algunos casos, en planteamientos de menor intervención estatal, especialmente entre quienes se desempeñan como empleadores y destacan la necesidad de reducir las cargas impositivas.Chile De manera similar a lo observado en Argentina, circulan discursos y recomendaciones que demandan la asistencia estatal frente a los obstáculos que limitan el acceso al empleo de esta población. Sin embargo, a diferencia del caso argentino, en Chile las sugerencias se orientan tanto a subsanar escollos provenientes del Estado venezolano como a la ausencia de acción del Estado chileno, lo que genera situaciones de vulneración de sus derechos. Por lo tanto, la recomendación principal no se centra en la provisión de información, sino en la creación de mecanismos y programas de regularización migratoria, una diferencia que se explica por los marcos legales migratorios del país. El carácter securitista de las políticas migratorias en Chile, la Visa de Responsabilidad Democrática (VRD) y las dificultades vinculadas a la documentación han contribuido a que muchas personas venezolanas ingresen por pasos no habilitados, lo que afecta su acceso a visados para desempeñar actividades económicas formales, conforme a la Ley de Migraciones.De poder estar un poco tranquilo en la regularización, porque con eso se nos abrirían muchísimas más puertas, o sea, nos darían esa oportunidad, y estar tranquilo y seguro [...], por lo menos uno tener como que un poco de derecho, como todo el mundo dice, «no, no exijan acá que no son [sic] su país», pero somos seres humanos. (Isabel, comunicación personal, 11 de noviembre de 2024). Que nos den el acceso temporal de la documentación, eso sería para nosotros muy fácil y dejar que trabajen por un tiempo determinado y ahí deciden si son buenos para estar en el país, y que nos den, a los que ya tenemos tiempo, [...] que nos den el beneficio de la duda. (Diana, comunicación personal, 11 de noviembre de 2024). Yo lo que sí sugiero, es que de verdad como somos emprendedores migrantes, se ocupen del tema legal primero las personas, que de verdad están trabajando, porque aquí muchos regularizan, eso, aquí muchas personas están trabajando, pero quieren regularizarse, y ahorita no hay manera, no hay manera. Entonces, eso es una limitante bastante grande para muchos emprendedores ahora. (Omar, comunicación personal, 14 de noviembre de 2024). Estas recomendaciones evidencian una demanda orientada a solucionar una problemática regulatoria que afecta a esta población, independientemente de su modalidad laboral, y que la obliga a generar ingresos mediante empleos no registrados y precarios. Ello refuerza, además, su posición de «cuasi-ciudadanía», en tanto pueden acceder a ciertos beneficios laborales pese a su condición migratoria, tal como lo señala la legislación migratoria vigente, pero sin gozar de derechos plenos. Aunado a esto, se suma la solicitud de intervención gubernamental a través de programas extraordinarios de regularización, con procesos sistematizados y plazos más acotados, para evitar una mayor vulnerabilidad laboral. A su vez, surgen indicios de una noción de merecimiento, desde una lógica moral, en el acceso a derechos y documentación, basada en la idea de que el Estado debe evaluar si las personas son «buenas» para permanecer en el país. Que se agilizaran un poco más los procesos de asignaciones, porque si una persona tiene un contrato y está trabajando, o sea, más que nada aquí, como ley para tener un contrato tienes que tener RUT, pero para tener el RUT tienes que tener el contrato. (Indira, comunicación personal, 18 de septiembre de 2025).Como que terminas teniendo estos empleos informales que no tienes acceso a las previsiones de salud y, en general, a las previsiones sociales. Y que eso después te dificulta, es como la bola de nieve porque te dificulta después para poder acceder a las siguientes visas. Si no tienes los papeles para poder meter una visa, pues no puedes tener empleo. Pero si tienes un empleo informal que no te da los papeles, como está el juego trancado, ¿no? (Yessica, comunicación personal, 19 de septiembre de 2025). Además, los problemas en la regularización afectan la bancarización de esta población, lo que limita el cobro de salarios, la acreditación de la relación laboral y el acceso a programas de asistencia social. Del mismo modo, quienes iniciaron sus propios negocios relataron que esta situación también restringe la posibilidad de solicitar créditos bancarios para emprender. Si bien en este caso la limitación surge directamente de la falta de documentación, a diferencia de lo observado en Argentina, en ambos contextos resulta relevante, especialmente para las personas migrantes que buscan iniciar o sostener emprendimientos, el acceso a mayores posibilidades de crédito, ya sea a través del Estado o de instituciones bancarias.Creo que sí, algo más se puede hacer…en el sentido que no sé, oye a lo mejor una institución bancaria puede aceptar a lo mejor referencias de otras instituciones bancarias del país de origen, por ejemplo, oye si yo en (Banco) en Venezuela tenía un buen historial crediticio que eso me sirva para un banco acá y la verdad que no es así. (Carlos, comunicación personal, 11 de octubre de 2024). A diferencia de Argentina, donde se solicitaban espacios de capacitación y formación, en Chile una recomendación destacada es la certificación de oficios y credenciales académicas para facilitar el acceso a empleos acordes con sus saberes. Esto refleja una visión instrumental de la población, al sugerir que el Estado debe aprovechar su potencial, muy en línea con los postulados sobre migración y desarrollo, en especial de los conceptos de «ganancia de cerebros» (Beine et al., 2010) y «circulación de talentos» (Rosenzweig, 2008), que sostienen que la migración de profesionales puede resultar beneficiosa para los países de destino (Pedone y Alfaro, 2018).Yo creo que lo principal en el caso de Chile es que se enfoquen en que independientemente de la nacionalidad, somos personas capaces de realizar trabajos, que se dediquen a ver los talentos y a certificar esos talentos. En Chile, por ejemplo, hay una organización que se llama ChileValora, donde certifica, si sabes, no sé, carpintería, te certificas en ChileValora como carpintero [...]. Entonces, creo que ver los perfiles profesionales de las personas. (Liliana, comunicación personal, 11 de septiembre de 2024).Aunque en menor medida, y de forma similar al caso argentino, también se recomiendan tres tipos de políticas. En primer lugar, políticas de integración socioeconómica, especialmente dirigidas a personas adultas mayores, quienes enfrentan como obstáculo la discriminación etaria. En segundo lugar, mecanismos informativos, en particular orientados a empleadores nacionales, a fin de que conozcan la normativa y puedan registrar las relaciones laborales de esta población. En tercer lugar, se propone el desarrollo de políticas de sensibilización, especialmente frente a prácticas laborales marcadas por la xenofobia o la discriminación por nacionalidad.Debemos dar facilidades y que sea más legal a la persona de edad adulta, porque yo he visto, como te dije, le he leído poco a veces, le he leído que hay gente que quiere…tener reinserción en su trabajo, en sus condiciones laborales y le ha sido muy difícil, se quejan. (Ernesto, comunicación personal, 2 de octubre de 2024). En verdad tiene que haber más información a los empleadores. Esos vacíos legales que hay, tienen que quitarse. Así como hacen campañas, que hacen jornadas para que la gente pueda trabajar en las grandes empresas, tienen que hacerlas los ministerios para que sepan los empleadores que puedes contratar a las personas. (Gregory, comunicación personal, 7 de octubre de 2024). Coye, o sea, que fuéramos como justo en el sentido de que no importa la nacionalidad y toda esa cuestión, porque ahora, en el tiempo que yo busqué empleo, no se veía. Pero ahora como que sí se ve un poco más, o sea, no estoy al tanto, pero por los comentarios que he escuchado y he conocido, sí ha estado ese tema de que «nos estamos aceptando venezolanos». (Jonathan, comunicación personal, 27 de septiembre de 2024). Por último, si bien la mayoría de los relatos expresa la necesidad de una intervención estatal en materia de regularización, certificación, información e integración, simultáneamente circulan narrativas que remiten a interpretaciones sobre el «buen cumplimiento» de las políticas existentes en relación con el rol del Estado chileno en la garantía de derechos laborales, la inclusión de poblaciones vulnerables y la creación de mecanismos de asistencia para emprendimientos. Este aspecto resulta central en el análisis comparativo de las diferencias entre estos discursos y la experiencia en Argentina, especialmente en lo referido al rechazo de la intervención estatal en dichas materias.Mira, lo que sí te puedo decir es que los derechos laborales se respetan mucho acá. Aquí las organizaciones del Estado velan porque tus derechos como trabajador se cumplan. De hecho, tú puedes demandar a una empresa porque cometa algún delito o viole alguno de estos derechos que tú como trabajador tienes. (William, comunicación personal, 30 de agosto de 2024).Aquí hay una cosa exquisita, yo digo que es, ejemplares, que ayudan mucho, pero no es que lo ayudan, es que lo ayudan mucho, a la persona con minusvalía, con discapacidad, en lo laboral, en lo deportivo. (Ernesto, comunicación personal, 2 de octubre de 2024).Comparativamente, se observan algunas variaciones entre los casos argentino y chileno. Si bien en ambos países existe un número considerable de personas entrevistadas que considera pertinente la asistencia del Estado en materia laboral, la jerarquización de las recomendaciones propuestas varía en cada contexto. En el caso de Chile, se registra una mayor demanda de procesos de regularización migratoria extraordinaria, tanto por el carácter securitista de su normativa migratoria, a diferencia del enfoque más garantista de la ley argentina, como por la forma en que estas medidas, sumadas a las limitaciones documentarias provenientes de Venezuela, convierten esta problemática en el principal escollo para el acceso al empleo registrado. No obstante, también se identifican diferenciaciones en la formulación de estas demandas, que no siempre se plantean de manera universal para toda la población, sino a partir de distinciones evaluativas sobre quiénes resultan merecedores o no, lo que evidencia la emergencia de imaginarios y discursos morales al interior de la propia población migrante, asociados a nociones de ciudadanía y «cuasi-ciudadanía». Otro aspecto diferenciador respecto del caso argentino es que en Chile no se observa una demanda significativa por espacios de capacitación y formación, sino principalmente por la certificación de oficios y credenciales, con el fin de aprovechar las capacidades y habilidades de esta población. Asimismo, si bien en ambos contextos se demandan políticas de integración socioeconómica, en Chile adquiere mayor relevancia la solicitud de mecanismos de sensibilización frente a la xenofobia, aspecto que no se registra con la misma intensidad en el caso argentino. De este modo, si bien pueden coexistir recomendaciones de políticas similares, los motivos que las sustentan no son necesariamente los mismos, sino que responden a los marcos socioeconómicos, políticos y culturales específicos de cada país.«El Estado debería primero ser Estado»: tensiones en torno a la asistencia estatal en la migración y el acceso laboralLas narrativas en torno a las recomendaciones sobre políticas vinculadas al empleo, expresadas por los interlocutores, además de evidenciar un interés por la función interventora del Estado frente a diversos obstáculos para el acceso laboral, también manifiestan una postura de desconfianza y rechazo hacia ciertos mecanismos estatales como la asistencia social. En ambos países, se observa que una parte significativa de este rechazo, o de una concepción poco asistencialista del Estado, tiene su origen en el país de procedencia, especialmente a partir de diferencias ideológicas y políticas, lo que evidencia cómo esta desconfianza condiciona la posibilidad de demandar derechos, en particular cuando estos son concebidos como privilegios o como beneficios a los que no todas las personas deberían acceder.Argentina Dentro de los relatos de las personas relevadas que sostenían esta postura emergió, por un lado, una imagen ideal del Estado que se aleja del asistencialismo igualitario entre población nacional y extranjera, y se configura más bien como garante de los derechos de la ciudadanía nacional, incluso a costa de los derechos de las personas migrantes. Estas narrativas se alinean con posiciones que defienden un acceso desigual a los derechos de ciudadanía, aunque lo llamativo en este caso es que dicha distinción y prioridad hacia lo local era sostenida por un grupo de personas migrantes que contaban con una residencia permanente en el país. De este modo, el proceso de «estratificación cívica» (Pedone et al. 2012) no es ejercido únicamente por el Estado, sino que también es reproducido por la propia población que se puede ver afectada por dicha diferenciación. Esta mirada se inscribe en la noción de «chovinismo del bienestar», que alude a la implementación de mecanismos que excluyen a las personas migrantes de los programas de bienestar social bajo la premisa de que «no los merecen» (Muñoz de Bustillo y Grande, 2017). El Estado debería primero ser Estado, ¿no? Yo creo que primero, o es lo que haría yo, ¿no?, o sea, yo no le cerraría las puertas a nadie, pero sí le daría importancia primero a mi Estado o a mi nacional ¿no?, la persona que nació acá y después… porque es una realidad, o sea, no le vas a cerrar la frontera a nadie, alinearía un poco qué tipo de educación le quiero dar yo al migrante o sea, ¿no?, o sea, bueno, está bien, yo te recibo, mínimamente tienes que entrar legal ¿entiendes? Si no entras legal, bueno, te ayudaré a ver si puede estar legal y si no, bueno, vas a tener que ir a otro lugar, porque no está bueno, ¿no? Que vengas porque te dio la gana. (Asdrúbal, comunicación personal, 19 de julio de 2024).Por otro lado, surgieron testimonios que expresaban sospecha o recelo hacia el Estado argentino, en particular hacia el Gobierno de turno, en ese momento, el de Alberto Fernández, al que se percibía como ideológicamente afín al Gobierno venezolano, identificado como de «izquierda». Esta percepción llevaba a que muchas de las personas entrevistadas evitaran solicitar ayudas estatales y adoptaran una postura de autonomía y esfuerzo personal, incluso alejada de la figura de víctima, frente a los programas y mecanismos de asistencia social. Dichos relatos, a su vez, se entrelazan con aquellos que sostienen que la intervención estatal resulta aceptable únicamente ante situaciones de necesidad concreta, y no como una acción estructural o permanente, dado que podría ser «aprovechada» por las personas. Ello sugiere que, desde estas narrativas, la intervención del Estado debe circunscribirse a marcos específicos y, en ocasiones, operar bajo una lógica de merecimiento, más que como una garantía de los derechos de ciudadanía.Uno no puede ser dependiente de nadie, ni del Estado, tiene que ser dependiente de ti mismo, de que si… de que tienes que lanzarte al agua y saberte lanzar… de que tienes que enseñar a pescar, más no darle el pescado [...] Si me ayuda, prefiero que me ayuden las organizaciones y no diga yo… voy a estar dependiendo de un Gobierno saliente, el Gobierno izquierdista, primero no soy… siempre he sido opositora, opositora, nunca he acatado la izquierda, nunca me ha gustado la izquierda porque son planes, son cosas… que es como… el papá Gobierno te está dando, ahora me tienes retribuir porque yo te di, entonces yo dije «no». (Marimar, comunicación personal, 4 de octubre de 2023). Estoy en contra de los planes sociales. Siento que los planes sociales son importantes cuando necesitas de ellos. Siento que hay gente que se aprovecha un montón de eso para sacar beneficio y eso no me parece que esté bien. Pero bueno, sería una cuestión más de regular quién accede esas cosas y quién no. Yo particularmente siento que no necesito de un plan social para sobrevivir, para subsistir. Así que no. [...] No me siento suficientemente vulnerable como para acceder a algo así. (Sebastián, comunicación personal, 12 de octubre de 2023). Las narrativas también adquieren una variante en el caso argentino, que no se manifiesta como un rechazo explícito, sino como una desconfianza o desafección que lleva a los interlocutores a no esperar nada del Estado, dado que este se asocia, históricamente, a experiencias negativas en sus trayectorias en Venezuela. Las bajas expectativas deben comprenderse a la luz del rechazo a vivencias previas con el sistema jubilatorio o con iniciativas estatales como las «misiones», programas sociales creados durante la gestión de Hugo Chávez como una estrategia para combatir la pobreza y la exclusión social (Alvarado, 2009), que abarcaban distintos sectores, entre ellos educación, vivienda, empleo, alimentación, salud y asistencia social (Rivas Leone, 2016). Si bien estos programas se sustentaban bajo el discurso de la inclusión, presentaron diversos problemas, entre ellos su formulación de manera aislada, parcial, asistencial y focalizada, sin integrarse a una política estructural (Alvarado, 2004). Asimismo, su desarrollo al margen de la institucionalidad pública existente generó dificultades vinculadas a la improvisación y evaluación (Hurtado y Zerpa, 2016), así como limitaciones para abordar los problemas estructurales que buscaban resolver, además de las dinámicas de militarización que caracterizaban a estas misiones y su utilización política (Rivas Leone, 2016). Desde la perspectiva de las personas entrevistadas, estas fallas institucionales hacían que el Estado no fuera percibido como un canal legítimo de acceso a derechos. Dichas experiencias y discursos, que se traducen a su vez en una pérdida subjetiva del derecho o en la internalización de la exclusión, provocan que, en el contexto migratorio, no se sientan orientados a buscar o demandar derechos ante el Estado argentino y que, de manera paralela, se refuercen la responsabilidad individual y la autonomía frente a situaciones de necesidad. No sé si es que uno viene… yo de allá, tan en contra de las benditas misiones, ¿me entiendes? Que uno no está acostumbrado a pedir o que estar dependiendo a que te den, no soy ese tipo de personas que, de verdad, nunca averigüé, nunca averigüé, realmente. Ni me pasó por la mente para serte honesto, que tuvieran algún tipo de institución que nos pudiera alguna manera orientar o prestar algún tipo de apoyo, la verdad, no. (Anderson, comunicación personal, 30 de noviembre de 2023).«Mira, con la experiencia en Venezuela, no me quita el sueño la jubilación. Yo creo que es mejor invertir uno y tener algo productivo que te genere o dejarle una fuente de trabajo al que te sigue», (Anderson, comunicación personal, 30 de noviembre de 2023).En el caso argentino, estas narrativas muestran que el rechazo y la desconfianza hacia la intervención estatal en materia laboral por parte de las personas entrevistadas tienen su origen, en términos históricos, en una concepción de fracaso del Estado venezolano en su función de ofrecer garantías institucionales. Este deterioro de la imagen del Estado ha incidido en que una parte significativa de la población relevada no considere necesario demandar derechos en el país de recepción, o bien perciba que dicho acceso implica una contraprestación política, especialmente cuando los Gobiernos de turno manifiestan una cercanía ideológica con aquel Estado que se considera fallido en su desempeño.A su vez, este proceso se ve acompañado por discursos que comienzan a otorgar mayor prioridad a lo nacional por sobre los derechos de las personas migrantes, bajo una lógica de merecimiento que, como se ha señalado, se sustenta en criterios morales y en la idea de que el acceso a derechos debe estar sujeto a evaluaciones y controles sobre quiénes merecen ser beneficiarios, así como a mecanismos concebidos como circunstanciales o de contingencia, más que como medidas estructurales sostenidas en el tiempo.ChileA pesar de que a lo largo de las recomendaciones se destaca una demanda vinculada a la falta de diligencia y accionar del Estado chileno frente a las necesidades de regularización y empleo de la población venezolana, la principal diferencia con respecto al caso argentino en este aspecto radica en que dichas demandas apuntan directamente al Estado y no expresan un rechazo a su intervención, especialmente dado que estos obstáculos solo pueden ser subsanados mediante la acción gubernamental. Más allá de las críticas a la falta de claridad en la formulación de políticas específicas, los discursos de las personas entrevistadas en Chile, a diferencia de lo observado en Argentina, no manifiestan un rechazo a la participación estatal.Hay políticas pero que la verdad no resuelven el problema de causa raíz, son políticas blandas, que son mientras tanto pero que yo siento que ellos todavía no tienen o sea, el Gobierno de Chile todavía no tiene la idea clara, la idea clara de cómo hacerlo y eso es algo que ellos temen. (Carlos, comunicación personal, 11 de octubre de 2024). En algunos casos, se destacaba la existencia de un «trauma» asociado al Estado venezolano, que influye en la búsqueda y demanda de políticas de asistencia. Sin embargo, tras un proceso de integración en Chile, surge una revalorización del Estado, percibido como legítimo o confiable. Dicha transformación se manifiesta en una mayor disposición a participar en programas y mecanismos de ejercicio de derechos, como subsidios, asistencia por desempleo o instancias de formación. Esta apertura podría estar vinculada tanto a la forma en que se ha construido el Estado chileno y a los modos en que opera, en contraste con los mecanismos que despliega el Estado argentino. A su vez, puede asociarse con formas de intervención estatal más afines a los posicionamientos políticos e ideológicos de las personas entrevistadas.Yo tenía ese trauma también, o sea, todavía lo tengo, uno tiene un país roto, pero roto, entonces uno, yo nunca me imaginé, y mi hijo me insistía en mirar para las cosas del Estado, porque uno lo ve, lo que uno lleva genéticamente ya, en que ese es el que el Estado no sirve, que es tu enemigo, que no te ayuda, y es mentira, aquí no es así, habrá excepciones, [...] pero el Estado ayuda, y me consta ahora que me está ayudando, o sea, que me den a mí, como yo digo, casi 100 dólares mensuales para que estudie [...] Yo me pongo como ejemplo, a mí me costó revisar esas páginas porque uno viene como que bloqueado, pues… qué te va a estar ayudando el Estado. (Ernesto, comunicación personal, 2 de octubre de 2024). El Estado es bueno aquí, lo que uno ha visto es que favorece mucho a la gente de ellos. Por supuesto, programas, reinserción, todas esas cosas. O sea, yo lo veo muy, muy interesante. Y ojalá se replicara en muchas partes de Latinoamérica. (Ernesto, comunicación personal, 2 de octubre de 2024).Desde luego, estos relatos no permiten generalizar una mayor aceptación o rechazo de la intervención estatal por parte de la población migrante venezolana en su conjunto; sin embargo, dan cuenta de las variaciones en la manera en que las trayectorias desde el país de origen inciden en la construcción de imágenes sobre el rol del Estado en los países de destino, lo que tiene una relevancia al momento de solicitar y demandar políticas públicas vinculadas al empleo. En ambos casos se evidencia una concepción «traumática» del rol del Estado venezolano que, en el contexto argentino, se traduce en mayores resistencias por parte de esta población entrevistada, probablemente vinculadas a la forma en que el Estado se ha construido y opera en términos asistencialistas. En el caso chileno, en cambio, se observa una tendencia a la revalorización del Estado, llegando a ser percibido como más legítimo y confiable. Asimismo, estas narrativas deben considerarse a la luz de las necesidades y los obstáculos específicos de cada contexto, dado que, aunque se trate del mismo colectivo, se registran variaciones sociodemográficas y diferencias en los modos de inserción laboral en cada país.CONCLUSIONES El análisis comparativo de las narrativas sobre las recomendaciones de políticas públicas vinculadas al empleo, formuladas por personas migrantes venezolanas en Argentina y Chile, evidencia varios puntos de convergencia, entre ellos la demanda de intervención estatal para subsanar una serie de obstáculos que varían según el contexto de cada país. En el caso de Argentina, las recomendaciones fluctuaban en función de la situación ocupacional de las personas entrevistadas. Por ejemplo, quienes se encontraban desocupadas o empleadas en relación de dependencia destacaban la necesidad de contar con más información y orientación sobre fuentes de trabajo, programas de inserción laboral, trámites de residencia, derechos laborales, políticas de integración social y la creación de programas de formación y capacitación. Por su parte, quienes trabajaban por cuenta propia o habían llegado a convertirse en empleadores manifestaban una mirada más instrumental del Estado, al sugerir políticas de inversión para sus negocios, aunque desde una perspectiva liberal orientada a la reducción de cargas impositivas.En el caso de Chile, las personas relevadas también subrayaban la importancia de la intervención estatal, pero orientada principalmente a la regularización documentaria, su sistematización y la reducción de los tiempos administrativos, especialmente debido a su estatus migratorio. Incluso se sugería la creación de mecanismos específicos para facilitar dichos procesos y, en consecuencia, mejorar el acceso a condiciones laborales más favorables y a la inclusión financiera, como la bancarización. Asimismo, se destacaba la necesidad de espacios de capacitación y formación, desde una lógica que enfatizaba el beneficio para el país receptor, en función de la calificación profesional de esta población. A su vez, aunque en menor medida que en Argentina, también surgían recomendaciones vinculadas a políticas de integración, acceso a la información y, especialmente, a la sensibilización frente a prácticas de xenofobia, una demanda que no se registró con la misma intensidad en el caso argentino.A pesar de estos relatos que evidenciaban un interés en la asistencia estatal en temáticas vinculadas a la regularización y el empleo, también emergieron otros, especialmente en el caso argentino, que destacaban, por un lado, la necesidad de privilegiar lo nacional sobre lo extranjero, y por otro, un rechazo a la figura del Estado, al asociarlo con el Gobierno de entonces, el de Alberto Fernández, y atribuirle un posicionamiento ideológico rechazado a partir de sus experiencias en Venezuela, así como por la percepción de un Estado de carácter «paternalista». En este marco, algunas personas consideraban que los beneficios estatales debían operar bajo una lógica de merecimiento, más que como garantía de los derechos de ciudadanía. En Chile, por su parte, si bien existe una demanda dirigida al Estado respecto a la regularización migratoria y se expresan ciertas críticas al posicionamiento del Gobierno de turno sobre esta temática, la valoración general es la de un Estado funcional. Ello ha permitido una reconfiguración de la noción de «trauma» asociada a la falta de garantías en su país de origen, hacia el reconocimiento del Estado como una instancia que ofrece apoyo a las personas migrantes.En la misma línea, este análisis de las recomendaciones de políticas, que ilustró los discursos críticos sobre el rol atribuido al Estado, permitió abordar una dimensión más profunda referida a la autopercepción de las personas migrantes relevadas como sujetos de derecho. Quienes no se reconocen como titulares de derechos plenos frente al Estado tienden a no interpelarlo ni a formular demandas explícitas. En este sentido, las recomendaciones que realizan, o las omisiones que revelan, no solo informan sobre sus necesidades, sino también sobre su lugar simbólico en el entramado institucional y político del país receptor. Este análisis habilita una reflexión sobre los instrumentos de las políticas públicas que, si bien se articulan con conceptos críticos de la gestión social y del acceso a derechos, también deben ser reconsiderados a partir de las sugerencias de las personas involucradas, con el fin de mejorar y fortalecer las capacidades de intervención.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICASACNUR. (2018). Nota de orientación sobre el flujo de venezolanos. ACNUR. https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2018/11617.pdfAlvarado, N. (2004). Pobreza y exclusión en Venezuela a la luz de las misiones sociales (2003-2004). Fermentum. 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El artículo se inscribe en un Proyecto para Unidades Ejecutoras (PUE) titulado «Movilidades regionales contemporáneas. Políticas públicas y acceso a derechos de ciudadanía. Un estudio comparado sobre la diáspora venezolana en Chile y Argentina (2015-hoy)» del Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina (IICSAL; FLACSO-CONICET). Agradezco a mis interlocutores por compartir sus relatos y vivencias, a las organizaciones de la sociedad civil venezolana en Argentina y Chile por su apertura y a mi director, Dr. Fernando Fischman, por sus lecturas y comentarios. No obstante, este posicionamiento del Estado frente a la regulación del mercado laboral ha mostrado un viraje durante la gestión de Javier Milei, con la aprobación de una ley de «modernización laboral» que actualmente se encuentra suspendida por medida cautelar judicial (Ámbito, 2026). Durante el relevamiento de datos, el Gobierno de turno en Argentina correspondía a la administración de Alberto Fernández (2019-2023) y al inicio de la gestión de Javier Milei. Los nombres reales de las personas y agrupaciones que participaron en este estudio fueron sustituidos por seudónimos o identidades ficticias para garantizar la privacidad y la confidencialidad de sus datos. El CUIL es el Código Único de Identificación Laboral que se otorga a todo trabajador en Argentina para iniciar su actividad laboral, así como para acceder a programas sociales. El monotributo es un régimen simplificado y opcional que está disponible en Argentina para pequeños contribuyentes. Su función es facilitar el cumplimiento de las obligaciones impositivas y de seguridad social. En este sentido, no comprende ingresos provenientes de empleos bajo relación de dependencia, cargos públicos, jubilaciones, prestaciones financieras, transacciones de mobiliarios, etc. (Mi Argentina, 2016). Las categorías nativas y las expresiones provenientes de las personas entrevistadas estarán entrecomilladas. Durante el relevamiento de datos, el Gobierno de turno en Chile correspondía a la administración de Gabriel Boric, iniciada en 2022. El RUT es el Rol Único Tributario, que es un número asignado a toda persona que lleva a cabo actividades económicas y tributarias en Chile.Entre la asistencia estatal y la autonomía: políticas públicas y narrativas de personas migrantes venezolanas en Argentina y ChileMaryoly IbarraPAGETemas de Coyuntura n.º 93 PAGE8 Semestre ene.-jun. 2026ISSN: 2244-8632Fecha de recepción: 06/02/2026Fecha de aceptación: 24/04/2026Pp. 42-67 Temas de Coyuntura n.º 93Semestre ene.-jun. 2026 ISSN: 2244-8632iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAFgAAAAfCAMAAABUFvrSAAADAFBMVEX////////////////x8fHv 7+/o5+fj4+Pg3+Df39/W1dXT1tLS1dLS1dHR1NHR1NDQ1NDQ08/P08/O0s7O0c3N0c3N0czPz8/N 0MzM0MzM0MvMz8vLz8vLz8rLzsrKzcnJzcnJzcjLysvIzMjIzMfHy8fGysbJyMjGysXFycXIx8fF ycTEycTEyMPDyMPEx8PDx8LCx8LBxcDAxcDAxb/AxL+/xL6/w76+w76+wr29wr29wry/v7+8wby8 wbu8wLy7wLu7wLq6v7q6v7m5vrm5vri4vbe3vLa6ubm2u7W1urS0urO0ubOzuLKyuLG1tbWyt7Gx t7Cwtq+wta+vta6vtK6ws6+utK2us62vsq+ts6yssquvr6+rsaqsq6umqqajqKOipqGjoaGfo56e oJ2fn5+enZ2flpqamJmWmZaVmZSYlpeTmJORlJGRk5GRj4+Pj4+JjImMiouOh4uHhoeEhoSEhYSC hYKEgYJ/gX6AgIB9f3x8f3x+e3x6fXl5fHl4dXZ2c3R1cnNwcm9wcHBubGxoZWZjX2FgYGBdXl1a V1hQUVBQUFBDRENAQEA+Pz4/Ozw/Nzk1NjUyMzEyMTEwMDAxLS4tLS0qKiopKikpKSkoKSgoKCgq JycoJSYkJCQjHyAgICAfGxwbGxsZGRkQEBAODg4NDg0NDA0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA0FwSBAAAAA3RSTlMACg7nIQFTAAAFIUlEQVR4XrWWfWwTZRzHv3f39PqirAPq mOvarYuMkQBFdJMNGMQEQwzDmUmQ+jIzXyBmBP5QfJkYt4VFHSYkEBI1EpjQxZhGfPkHcFMWxyLD GTIMw7gNWgoIDdABa3e9u/o8d33bElIx8uv1nns+z/e+99xzv/6uHN+JexHruK+wX1EnJEmWZFlV VPA8byAGg8EoCoJAeCKA46eelT1Wg1BfOSrFohNyRFGVOLURBJPBaFIUExUQBQLUu3f+YTUB9Y1K 0Ynx2IZZBcxBvXj5M2KRTWrcDHAcvRJXYrfSgXBwJHVidkKgUt/IeOSFclEnfGHhghMHZDZ5M3gV 8dyHcxAch8VuLTwV1iRWd3ZCQNc3cnv8PScgB8Z6UJ3jIOJS54FLbFGMCsdZlgqBbRKViq2OquPs LLEqO4GwtpfOl/nKg1u7ei9c6O3+xurkre4zYZ5A4DjhcfPoOwq8dT7lR+tD08/Tc5ZopPHprsmE zLaFY0lSKqztiURvNzkRauyJa/cA/P5ttcVY9JPAC7yBdxcFPlCAOvjoQEWefB0lhVf/HEBj+fR5 vWqSUE1945IlNZERnTDjY9Fbz89HaIucsKURP1xtseYOEJpt/GLTZnaPPh8b6KkV/ZhngmP5Mvfp gFscTJLN0hxP+Pq13HnOExpBKYEkxcoht6hpX5oZW/aRio5YzCCT3CDz3e7CaBMgBe30QQVvqcW5 EeMnwkSKSNwy+Hfi5ao5OqE5ADm6QcQfoUxf6vwzxNeisiqrGGd9l7ZB74w3t3583lzW8ZYxRYDF mAvsh0XQCc0KWZkFuR2orOUR+khr/LuwdwXJV2KKMulG0nG2hbz7QNGeK91HEyB+aNVB7YBXdEDz WClAQEXlJtqztw/UsCa/CQFXgaKqahwWJhulS8FarcN2XH2LcQ/ynl2lXZmSif6rtEIAMV1DjRX6 i70MrEd04yOvnqlE6I26lcPAsItXae1Qr9tFushNXtAlhminORpmpC1vIcxDw0WzjQnirKoewmz0 6xq2xnF6zZOADWelvoa9NgSlzoa9wBl6eyodOo9WbQZatCIIulGybShnxvHWg21XkuSLIZSVCcFP dQ0zzhK/3XBsTx43O8ZoKRgZo0RuH/DvjmeS9pbu7tffj+uE/fKOSGugnsByS+73M3eXEQs5TJte PFGC78wmg0hulMyo6FFoHottLuUkzTBcKmbk164p5NrgoJIiNI8FXuXzgb4a0wEgp6/GxhqgCCot yDzNlCNVjn2hm/J0G8b0AiN1Lc5K6MPjhQtOB9B5Tk83LILWOHCRZ8Fx4aNzC222zJIo9ZTYsxEC IgScZNMu9PVpoFN/VTWYcFkgRGDO/F/DUx/FSLoQ34HwMJj2S0gW4xReAekzE+EIR0v9fwpqLBqO geyYNCd+J0G/gY4QfTUyx/5l0JfpYMfNt4sRakmXC3GHDf62aesXZQjvNoS1mFV8qttttaws7dML Mr/1lfvxd7PlpYVTtHcV1BgzHzzdPT+Xz1/zaLnqeO7JevpO9Tebax9Lajw+Xx08ddC+OtE7Hl8S JEVpQNhuQcO+D+uWi8QFtwal/i/ve2pFUgJ44fF6PfSTItqhh/E7Ac0YCzZ+fujr+qLE6/9ch2Ha i/MTAhYeao1M31QnhbyaxpMSJIxR+ubxXzpp9dX+CQnTqioL0hJ9xpl9hnSPNNc03rR1whh5tRX+ gVH2Z0JwLXJOsk3MeEqwKWZwT8bstaDpdm9C8D0zFf0vse4fw2NOv439+XUAAAAASUVORK5CYII= OscarUsuario22026-06-12T15:48:00Z2026-06-12T15:48:00Z2026-06-12T15:48:00Z0261362074915Microsoft Office Word0624176falseTítulo1false88359falsefalse16.0000true2025-04-23T13:12:52ZStandarddefa4170-0d19-0005-0004-bc88714345d20c2b6ee7-7309-4bb9-ae89-79b3dda3e7f2afa54f46-0293-45e4-9f63-d11887b99ff3010, 3, 0, 1iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAYAAAAfFcSJAAAADUlEQVR4XmP4//8PAwAI9gL7zpsy JAAAAABJRU5ErkJggg==