Gestión y legado de José Muci Abraham en la Contraloría General de la República de VenezuelaMiguel Gómez Mucimiguelgomezmuci@gmail.comORCID: 0009-0004-5807-0383Libre ejercicio de la profesión, Caracas, VenezuelaResumenEl siguiente artículo está referido al periodo constitucional 1974 – 1979, cuando el Estado venezolano consideró necesario ahondar la lucha contra la corrupción administrativa. Esto coincidió con la designación de José Muci-Abraham, como Contralor General de la República, independiente pero acreditado abogado y profesor universitario. El Estado dotó al organismo de una nueva ley para hacer más eficaz la lucha contra la corrupción. Se explica en el trabajo que esos cometidos iniciales no fueron continuados por la acción oficial. El contralor hubo de renunciar.Palabras clave: Ley de Contraloría, Contraloría General de la República, Comisión de Contraloría, Muci-Abraham, corrupción, control de gestión, Inos, Fragatas, renuncia, CAP.ResumenEl siguiente artículo está referido al periodo constitucional 1974 – 1979, cuando el Estado venezolano consideró necesario ahondar la lucha contra la corrupción administrativa. Esto coincidió con la designación de José Muci-Abraham, como Contralor General de la República, independiente pero acreditado abogado y profesor universitario. El Estado dotó al organismo de una nueva ley para hacer más eficaz la lucha contra la corrupción. Se explica en el trabajo que esos cometidos iniciales no fueron continuados por la acción oficial. El contralor hubo de renunciar.Palabras clave: Ley de Contraloría, Contraloría General de la República, Comisión de Contraloría, Muci-Abraham, corrupción, control de gestión, Inos, Fragatas, renuncia, CAP.Management and legacy of José Muci Abraham in theComptroller General of the Republic of VenezuelaAbstractDuring the constitutional period 1974-1979 in Venezuela, the State strengthened the fight against administrative corruption by appointing José Muci-Abraham as Comptroller General and implementing a new law to improve the effectiveness of control. However, these initial efforts were not sustained, leading to the resignation of the Comptroller.Keywords: Comptroller Law, General Comptroller of the Republic,, Comptroller’s commission, Muci-Abraham, corruption, management control, Inos, Frigates, resignation, CAPAbstractDuring the constitutional period 1974-1979 in Venezuela, the State strengthened the fight against administrative corruption by appointing José Muci-Abraham as Comptroller General and implementing a new law to improve the effectiveness of control. However, these initial efforts were not sustained, leading to the resignation of the Comptroller.Keywords: Comptroller Law, General Comptroller of the Republic,, Comptroller’s commission, Muci-Abraham, corruption, management control, Inos, Frigates, resignation, CAPÍndice TOC \o "1-3" \h \z \u Introducción PAGEREF _Toc222754314 \h 2681.El primer año de gestión PAGEREF _Toc222754315 \h 2702.Un nuevo contralor PAGEREF _Toc222754316 \h 2753.Las intervenciones del contralor PAGEREF _Toc222754317 \h 2794.La renuncia PAGEREF _Toc222754318 \h 2835.Reacciones PAGEREF _Toc222754319 \h 288Conclusión PAGEREF _Toc222754320 \h 292Referencias PAGEREF _Toc222754321 \h 294Introducción El presente artículo está referido a las causas que llevaron a la renuncia del contralor José Muci Abraham en 1976. Por tal motivo es importante tomar en cuenta lo que sucedió en un período gubernamental de Venezuela de especial trascendencia, entre 1974 y 1979, durante los cuarenta años de democracia representativa frente al manejo ilícito de los bienes públicos. No formamos parte de la conseja según la cual en este período de nuestra historia no hubo intenciones importantes para combatir la corrupción en la administración pública. Por eso es indispensable examinar tal período gubernamental cuando se discutió y se crearon mecanismos legales para erradicar el flagelo de la corrupción con mayor ahínco. Por las evidencias la intención de suprimir dicho mal fue sincera, desvirtuandose luego. Quizás la gestión, denuncias y renuncia del contralor sea el mejor ejemplo del cambio de actitud entre muchos de los personeros gubernamentales y militantes de Acción Democrática (AD) en su lucha histórica frente al peculado. Consideramos que la renuncia del Contralor de la República de Venezuela, durante el año de 1976 reviste marcada importancia. Primero, porque durante el período gubernamental que cubrió los años de 1974 a 1979 hubo un tácito reconocimiento de la existencia de hechos de corrupción dentro de los cuales se encontraban incursos personajes del gobierno. Segundo, lo fue también por la cantidad de denuncias hechas al respecto por parte del propio Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez (CAP), así como por parte de miembros de su gabinete e integrantes del partido Acción Democrática (AD), cuya presencia en el parlamento era mayoritaria y determinante. Tercero, porque se decidió nombrar como contralor a un personaje independiente procedente del mundo privado y académico, con una meritoria carrera como hombre de leyes y profesor universitario, pero ajeno a partido político alguno. Nombramiento cuyo significado no era otro que la necesidad manifiesta de combatir un flagelo ancestralmente presente en la historia republicana de Venezuela.En este trabajo abordamos lo relacionado con los primeros años del período presidencial y constitucional comprendido entre 1974 y 1978 y el nombramiento de José Muci Abraham, por parte del Congreso de la República con el aval del presidente CAP, como Contralor General de la República, así como las denuncias frente al flagelo de la corrupción en los organismos públicos por parte del recién electo presidente. Igualmente, tratamos aspectos relacionados con su vida académica y profesional, asuntos propios de su gestión desde la Contraloría General de la República, algunos puntos importantes de diversos documentos producidos durante su gestión y su carta de renuncia y, para finalizar, la resonancia que tuvo en el país su separación voluntaria del cargo, así como algunas versiones ofrecidas por varios hombres de los partidos políticos más importantes del momento en el quehacer político nacional.Nuestro objetivo no es defender a una persona en particular. Para nosotros es importante exponer un problema que, a lo largo de la historia, ha necesitado ser enfrentado como primer paso para erradicarlo. El período escogido es un reflejo claro de buenas intenciones frustradas, lamentablemente. Pero tampoco es de nuestro interés culpar a persona alguna por el fracaso de una de las luchas contra la corrupción administrativa en la historia de Venezuela, pero sí exponer los intentos frustrados para superar esta última y presentar cómo un conjunto de factores influyeron para que la lucha contra el peculado se viniera abajo nuevamente.El primer año de gestiónPara 1974 Venezuela estrenaba un nuevo presidente constitucional, el cuarto de la era democrática iniciada en 1958 y el 42° de la era republicana. CAP asumió la máxima magistratura el 12 de marzo de aquel año. Desde un primer momento de su mandato dictó el decreto número 11 para el estudio de la reforma integral de la administración pública y las empresas del Estado. Precisamente, a finales de este año la Cámara de Diputados del Congreso de la República inició una averiguación sobre una denuncia acerca de que la empresa Panagro habría celebrado contratos por un millón de dólares para realizar trabajos de planificación con la gobernación del estado Cojedes. Tal contrato fue anulado por el nuevo presidente de la república en vísperas de los debates en el parlamento sobre la corrupción en el país. Debemos recordar que CAP ganó la presidencia de la república con un 49 % de los votos escrutados frente a su más cercano contendiente, Lorenzo Fernández, militante del partido COPEI, quien recibió el respaldo de los votantes con un 36 %, durante la elección del año 1973. En las elecciones de este año el partido AD se convirtió en la fuerza mayoritaria en el seno del Congreso de la República. Las propuestas de este partido estuvieron centradas en una nueva política petrolera como plan de acción técnico y económico. También tuvieron como propuesta alcanzar un equilibrio del poder adquisitivo del signo monetario de cara a los ya ascendentes precios del petróleo y la consiguiente copiosa afluencia de recursos dinerarios. Frente a esta coyuntura propusieron un gobierno orientado al manejo de la abundancia con criterio de escasez, acompañada de eficiencia, equidad y justicia distributiva, creando a tal efecto el Fondo de Inversiones de Venezuela, que, luego, con su reforma, resultaría desvirtuado de su fin esencial de servir de dique de contención a los recursos fiscales excedentarios. Precisamente, dentro de este marco fue que comenzó una campaña dirigida al combate contra la corrupción y el manejo doloso del erario público. La lucha contra el peculado no resultaba inédita para este momento en la historia de Venezuela. Desde tiempos republicanos y de refundación de la república se estableció una legislación para combatir este flagelo. Un miembro del congreso y militante de AD expresó que el Código Penal de 1873 “… tipificaba legalmente y castigaba con fuertes penas la malversación de los fondos públicos…”, de ahí que abogara por la creación de una figura delictiva similar que sirviera de base para penar a los culpables de defraudación de los dineros en manos de las instituciones del Estado y que lo contemplado como delito en aquel código serviría de modelo.Quizás el precedente más inmediato de la lucha contra el peculado durante el siglo XX fue la creación del Jurado de Responsabilidad Civil y Administrativa del año 1945, ideado e instrumentado durante el período de gobierno denominado Trienio Adeco (1945-1948), iniciado luego del derrocamiento del régimen presidido por el general Isaías Medina Angarita. Esta instancia jurídico-administrativa fue creada por decreto promulgado bajo el número 64, con fecha 27 de noviembre de 1945. El establecimiento de esta figura extraordinaria, no prevista en la legislación ordinaria de la época, significó un punto de inflexión del Estado frente a la corrupción y los delitos contra la cosa pública, particularmente los habidos en el contexto del gomecismo y de los gobiernos que le sucedieron entre 1936 y 1945.Fue un jurado diseñado con facultades de investigación y revisión de la tenencia patrimonial de los investigados y, en caso de manifiesta ilegitimidad, llevar a cabo el ejercicio de facultades expropiatorias para recuperar capitales mal habidos, producto del peculado doloso, el tráfico de influencias y otros mecanismos contrarios a la correcta administración de los bienes públicos. Es importante decir que, a partir de documentos fundacionales de organizaciones políticas de las cuales surgió AD, tuvieron como uno de sus propósitos erradicar el flagelo de la malversación. En este sentido, podemos mencionar el caso del Plan de Barranquilla dado a conocer en marzo de 1931 junto con la fundación de la Agrupación Revolucionaria de Izquierda (ARDI), en el que se estableció como uno de sus principios la creación de un tribunal de salud pública para investigar los delitos de la dictadura gomecista, entre otros propósitos no menos importantes como la instalación de un gobierno civil con la exclusión de los militares dentro de la administración pública.A pesar de la creación de una legislación ad hoc que sirviera de sustento penal y legal para procesar a todo aquel que incurriera en delitos contra la cosa pública, la corrupción administrativa no dejó de formar parte de las agendas políticas de los diferentes partidos políticos existentes a lo largo del siglo XX. Se constituyó en un tema recurrente entre agrupaciones partidistas cuyo mejor ejemplo fue lo sucedido luego de 1974 con el nuevo presidente de la república.Efectivamente, para el día 2 de diciembre de 1974 el recién electo Presidente de la República denunció ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), del partido AD, que en los ministerios de Agricultura y Cría y de Obras Públicas algunas empresas comerciales licitadoras ofrecían comisiones para que les fuesen otorgados los contratos. De igual manera, el nuevo Presidente de la República propuso, en un Consejo de Ministros, la aprobación de una ley contra la corrupción administrativa que penalizara a los funcionarios públicos como a los particulares que cometieran delitos de peculado y malversación contra la cosa pública. Igualmente, en un informe calificado por los entendidos como dramático el presidente en funciones, CAP, presentó ante el Comité Directivo Nacional (CDN) de AD “… la necesidad de emprender una lucha a fondo para acabar con los delitos que se practican contra la cosa pública”. En el mismo acto describió dos casos en particular, el del Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Agricultura y Cría. En virtud de este hecho, por vía presidencial fueron anuladas algunas licencias de importación de frutas en almíbar, concedidas el 11 de marzo de 1974, a varias instituciones sin fines de lucro. En el caso del MOP fue la suspensión de pagos que se venían realizando a la empresa Xerox por razón del alquiler de equipos a entes estatales, cuando lo cierto era que el disfrute de esos pagos estaba destinado para un particular. Se trataba de un funcionario ligado a la pasada administración que se beneficiaba de aquellos desembolsos.En este sentido, el presidente pidió poner “… alguna trampa o señuelo que permita su detención y posterior enjuiciamiento…”, esto en el caso de sobornos de particulares para obtener contratos del Estado y practicados por algunas casas comerciales o empresas privadas. En consecuencia, se trataba de la implementación de estrategias que tuvieran un impacto significativo alrededor de la integridad ética del gobierno y su efectiva percepción por parte de la opinión pública. No obstante, era importante que las medidas que se tomaran en este orden debían hacerse con transparencia y dentro del marco legal vigente para ese momento. El llamado del presidente a establecer trampas o señuelos representaba un paso en firme en la lucha contra el peculado y la corrupción, aunque su éxito dependía de una ejecución cuidadosa y de un compromiso continuo de todas las instancias del gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas. Se trataba, entonces, de un papel dentro del cual la Contraloría General de la República debería tener protagonismo, y que quien la encabezara debía de ser una persona de trayectoria limpia en términos éticos y morales.Tres días después desde las filas de AD fue planteada la necesidad de un compromiso mayor por parte de los partidos políticos para dejar de proteger a sus militantes deshonestos y no encubrirlos con una errada solidaridad partidista, en caso de ser acusados por peculado alguno de sus militantes. En la reunión del Consejo de Ministros el presidente pidió colaboración a través de una actitud vigilante la cual debía llevar hacia “…la investigación de funcionarios que aparentemente sean honestos, pero sobre los cuales recaen sospechas de la opinión pública en el sentido de que pudieran haber incurrido en actos indebidos”.En el mismo reportaje se indicó que en la reunión se había hablado de la posibilidad “… de que cada alto funcionario vigile el sistema de vida privado de sus subalternos, especialmente en cuanto a todo lo que pudiera significar enriquecimiento no justificado o al margen de los ingresos normales derivados de las asignaciones presupuestarias”. En el mismo reportaje se describió el caso de la oficina de quejas abierta por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, la cual, según la misma nota, “… viene procesando alrededor de 40 denuncias diarias…”. Se trataban de quejas de los ciudadanos frente a inspectores de sanidad y presuntas actividades de extorsión. El ministerio recibía las denuncias y ordenaba una investigación al respecto. De igual manera, se planteó crear una oficina similar en los ministerios de Fomento y de Comunicaciones. En la misma nota se reseñó la propuesta del ministro de Justicia, Otto Marín Gómez, para establecer oficinas similares en Notarías y Registros públicos, “… a fin de impedir los abusos que se venían cometiendo contra la ciudadanía”. En cuanto al partido AD varios de sus integrantes se mostraron partidarios con las propuestas del presidente y recordaron que, gracias a sus votos en el parlamento se había elegido a un contralor independiente e imparcial. El mismo día 7 de diciembre de 1974 el Presidente de la República pronunció un discurso ante la Fuerza Aérea a propósito de su 54° aniversario. En el mismo reclamó que sólo se había llevado a la cárcel a humildes empleados, mientras los grandes culpables de cometer actos dolosos han quedado a la sombra. Señaló que eran el Presidente y los ministros quienes debían proporcionar pruebas para evitar quedarse en meras investigaciones o denuncias. En el discurso de este día se refirió a un debate público, ventilado a través de los medios periodísticos, “… por demás desagradable en el cual tal vez por la generalización de las informaciones periodísticas se involucraba a las Fuerzas Aéreas en negociaciones no lícitas en la venta de chatarra militar”. Dijo haberse sentido satisfecho, luego de las investigaciones realizadas por el Congreso Nacional, porque de ellas había salido intacto la dignidad de este sector militar venezolano.Dijo, en esta ocasión, que “… tiene muchos visos de verosimilitud de que hay inmensos negocios ilícitos, cobro de comisiones, tráfico de influencias, enriquecimientos que se hacen a la sombra del Estado venezolano”. Esta afirmación la hizo a propósito de los debates que en ese año se desarrollaron en los medios de comunicación y la corrupción entre la clase política venezolana. En fin, el año de 1974 estuvo signado por la preocupación manifestada por el ejecutivo nacional, por boca del presidente de la República, respecto a la consideración y tratamiento de la corrupción como un problema de Estado. Dentro ese orden de cosas, se produjo la elección de un contralor General de la República independiente y ajeno al mundo político.Un nuevo contralorPara cumplir con la finalidad de examinar y fiscalizar el destino de las asignaciones presupuestarias y la utilización de ellas de acuerdo con lo programado por cada una de las instancias gubernamentales, fue nombrado para ocupar el cargo de Contralor General de la República el jurista José Muci Abraham. Vale la pena detenernos unos instantes a reseñar quien es este importante personaje de la historia venezolana. Fue incorporado como Individuo de Número en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, donde ocupa el Sillón 4, siendo electo en una sesión ordinaria el 15 de abril de 1970 e incorporado el 22 de septiembre de 1971 con el trabajo Tratamiento mercantil y fiscal de las asociaciones en participación en el derecho venezolano.En un homenaje, a la edad de 85 años, del que fue objeto presentó una disertación titulada ¿Cómo llegué hasta aquí? En ella indicó que había cursado sus estudios de primaria y secundaria entre el Colegio La Salle y el Liceo San José de Los Teques. De este último volvió a Valencia para concluir la secundaria y cursar luego el preuniversitario en el Liceo Pedro Gual. Se graduó de doctor en derecho en la Universidad Central de Venezuela en 1951 con la distinción académica Suma Cum Laude. Este mismo año las autoridades universitarias lo escogieron para desempeñar el cargo de Director de la Escuela de Derecho, donde estuvo por un lapso de dos años. La tesis doctoral presentada en la Universidad Central de Venezuela, cuyo título fue Estudios jurídicos: responsabilidad civil y abuso de los derechos, fue merecedora del primer lugar en un Concurso auspiciado por el Instituto de Cultura Hispánica para la mejor tesis latinoamericana, derivada de sus estudios llevados a cabo en Madrid. En su discurso de incorporación a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales contó dos anécdotas acerca de su vida que ayudan a una aproximación de los intereses que guiaron su vida profesional. La primera fue en el Colegio La Salle de Valencia donde, un 22 de septiembre de 1944, a la edad de quince años, el profesor de Geografía, un maestro de verdad, el Hermano Gabino Luís, lo conminó a entrar al salón de clases y frente a sus mozalbetes compañeros hubo de dictar el contenido de ese día. La otra, un 22 de septiembre de 1951, cuando recibió el título de doctor en derecho, en el paraninfo del Palacio de las Academias. Ambos eventos marcaron su vocación de vida, la de ser un modesto profesor de derecho.Nació un 7 de octubre de 1928 en la ciudad de Valencia – Venezuela. Su madre se llamó Francisca Mendoza Laya, oriunda de Guayabal, estado Guárico y su padre, oriundo del Líbano, llegó a Venezuela con tan sólo 17 años. José Muci Abraham, fue el primogénito de los hijos varones de esta honorable familia de nueve hermanos. Uno de sus hermanos, Rafael, es un reconocido médico internista y neuro-oftalmologo, quien presidió la Academia Nacional de Medicina. El propio doctor Muci-Abraham nos refiere que a los dieciséis años llegó a Caracas para la realización de sus estudios universitarios. Como no tenía parientes en Caracas “… ni acostumbro pedir favores a la familia…”, se hospedó en la esquina de San Martín, diagonal al Nuevo Circo. La pensión no tenía mayores comodidades, pero tenía un costo de 90 bolívares mensuales, con todo incluido. Al final de su carrera universitaria se hospedó en el Hotel Pennsylvania, de acuerdo con sus propias palabras.Sus inicios como docente de geografía de Venezuela y de psicología los llevó a cabo en el Liceo Sucre de Caracas, cuyo director era José Manuel Núñez Ponte con quien entabló una fructífera amistad. Los magros ingresos que percibía le sirvieron un poco para aliviar sus gastos como estudiante en la capital. Desde el año 1947 fue incorporado como asistente en el Instituto de Preseminario de la Facultad de Derecho, en 1948 ejerció labores similares en el Instituto de Derecho Privado, dos años después ocupó la jefatura de Trabajos Prácticos en Derecho Civil II. Una vez graduado obtuvo por concurso la cátedra del curso Obligaciones. Estudió en Inglaterra y España. En tierras ibéricas cursó Estudios Superiores de Derecho Civil, Mercantil e Internacional.Al regresar al país, se casaría con María Dolores Borjas. De su matrimonio nacieron tres hijos, José Gonzalo y José Antonio, abogados ambos, e Isabela Muci Borjas, graduada en Comunicación Social y Bellas Artes. José Antonio también es individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Ocupó el cargo de director de la Escuela de Derecho, también el de decano de la Facultad de Derecho y Secretario de la UCV. También fue profesor de doctorado en la UCAB. De su paso como Director se dedicó a la reformulación de los cursos de la carrera de Derecho. Tuvo la iniciativa de solicitar a sus colegas profesores un Manual comprensivo de sus Lecciones, correspondiente a sus respectivas Cátedras. Según sus palabras desde ese instante despegaron un aluvión de publicaciones jurídicas. , siendo ellas, en los últimos cuarenta años consecuencia de aquella iniciativa. De igual manera, comenzó la publicación de la Revista de la Facultad de Derecho. También volcó sus esfuerzos en fortalecer el Anuario de la Facultad de Derecho.En los años 1959 y 1960, se dedica en mayor grado a la actividad privada y así organiza y dirige el Departamento Jurídico del Banco Nacional de Descuento. Luego, de igual manera, lo haría en los dos años siguientes, al ejercer un cargo similar en el Banco Ítalo – Venezolano. Para 1964 se incorpora como Miembro Asociado a la firma Mendoza, Palacios, Borjas, Páez Pumar y compañía, orientándose en las áreas mercantil y fiscal. Aquí permanecerá hasta el año 1974 cuando es designado Contralor General de la República.En 1964 fue incorporado a la Comisión Redactora de la Revista del Colegio de Abogados del Distrito Federal, actividad cumplida por él durante seis años. En 1967, por petición de la Universidad de Los Andes dictó cursos vacacionales para post graduados sobre Títulos de Crédito, curso también dictado en el Instituto de Capacitación Bancaria, en la capital de Venezuela. En 1965 le fue otorgada la Medalla del Ilustre Colegio de Abogados del Distrito Federal y en 1970 la Orden 27 de Junio por sus servicios a la educación venezolana. Fue Individuo de Número del Instituto Hispano – Luso – Americano – Filipino de Derecho Internacional, así como Miembro Honorario de la Orden de los Abogados de PortugalFue Contralor General de la República entre 1974 y 1976. En el mes de febrero de este último año Muci Abraham se refirió a su experiencia en la Contraloría General de la República. En esta fecha presentó una exposición ante la Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados y ante la Comisión Delegada del Congreso de la República, donde expresó que la “… función pública en general…” y, especialmente, la ingrata labor de fiscalizar el adecuado uso de los fondos públicos, suponía grandes sacrificios para quien había hecho un juramento de ejercer un cargo bajo el influjo de la honestidad y el respeto del marco constitucional. Sin embargo, al día de presentar su dimisión comprobó la indefensión ante el cometido del cargo asumido el cual requería, para su ejercicio, del decoro y la honestidad, actuaciones que servían para responder a quienes lo acusaban de ser un funcionario guiado por móviles inconfesables. También asumió que el debido ejercicio de la función fiscalizadora venía acompañada de respuestas de quienes se sentían afectados en sus intereses personales y grupales. Las intervenciones del contralorPara tener una idea lo más aproximada posible de las actuaciones del contralor Muci Abraham desde los inicios de su nombramiento, vale la pena traer a colación algunas de sus consideraciones, desarrolladas en una entrevistada televisada, por Venevisión, durante el año 1975.La primera pregunta de la entrevista mencionada se centró en la Ley Orgánica de la Contraloría, aprobada gracias a la intervención del nuevo contralor. De esta ley señaló su necesidad tras 37 años de funcionamiento de la Contraloría, institución que se regía por la Ley Orgánica de la Hacienda Pública desde el año de 1938. Además, Muci Abraham indicó que la aprobación de esta ley fue pertinente para adecuarse a la realidad política, social y económica del año 1975.En lo referente a las dificultades para la aprobación de esta importante ley y ante la pregunta sobre por qué no se había aprobado antes, el contralor mencionó que era difícil dar una respuesta concreta. Sin embargo, destacó que no tenía limitaciones para expresar la verdad y que había conversado con el presidente CAP para acelerar el proceso, ya que esta ley formaba parte del plan del gobierno recién instaurado.Para su aprobación el nuevo contralor había también recurrido a encuentros políticos como las reuniones con el presidente del Congreso, Gonzalo Barrios, y con otros líderes políticos como Gonzalo Ramírez Cubillán, vicepresidente, con la finalidad de promover la aprobación de la ley.Otro de los puntos abordados en la entrevista fue el relacionado con la transformación administrativa necesaria para la nueva legislación que recién se había aprobado. En este orden de ideas, enfatizó Muci Abraham que la ley sería insuficiente si no se transformaba la administración pública, argumentando su idea así “… porque no se puede fiscalizar lo que se encuentra en estado de desorden…”. Para él existía un gran problema de cómo probar la malversación y el desvío de los dineros públicos. Esto resultaba de esta manera porque los mecanismos de supervisión para comprobar el destino de los fondos públicos, tanto para las instancias estatales como los fondos destinados al pago de servicios y su inversión por parte de los prestadores de servicio privado, no era posible por la desorganización de las instancias gubernamentales. De igual manera, señaló que el monto de las multas impuestas por alguna irregularidad, eran irrisorias, de quinientos bolivares. Por eso la nueva Ley contemplaba multas de consideración y la suspensión de cargos para quienes incurrieran en irregularidades en la administración pública.La otra novedad fue que las diligencias ejecutadas por la contraloría, incluso la testimonial, comenzaron a tener valor probatorio en instancia judicial, cuestión inexistente hasta ese momento en la legislación vigente. Si bien, anteriormente, las sentencias dictadas por la Contraloria General de la República con motivo de las averiguaciones de irregularidades administrativas tan solo quedaban en manos de los tribunales, ahora, por virtud de la nueva ley, pasaban a constituir un elemento procesal importante en la sustanciación de todo proceso. La Contraloría no sólo fiscalizaba y demostraba las irregularidades en caso de haber incurrido en ellas por parte de funcionarios gubernamentales, sino que ahora iba más allá. El papel de la contraloría era el de verificar precios y la pertinencia de la aprobación de obras. Aunque no siempre se podía esperar por las licitaciones porque en muchas oportunidades se presentaban urgencias. control de gestionRecordó el contralor que antes de la nueva Ley, la contraloría no tenía jurisdicción sobre los estados y municipios, ahora sí estaba contemplado como una necesaria actuación, una intervención legal. En lo referente a la formación de un personal especializado informó sobre la creación de la Escuela Nacional de Control Fiscal “… para formar gente especializada…”. Por sus palabras una de las trascendentales decisiones tuvo que ver con el campo de acción de la Contraloría con la nueva Ley. Iniciada su vigencia toda adquisición, remodelación o edificación debía pasar por las manos de esta importante dependencia.La nueva Ley cumpliría un papel fiscalizador y de intervención en cualquier negociación de nuevos contratos del Estado, tal como luego acontecería en el celebre caso de la compra de las Fragatas en el año de 1976. Además otra novedad fue la del Control de gestión administrativa, una especie de juicio público acerca de la actuación administrativa, sus razones y resultados. Por ejemplo, preguntar la razón de la inversión por la prestación a un servicio del Estado, cuál es el costo verdadero, o si se podía ajustar a un costo menor. La nueva ley confirió a la contraloría otras atribuciones para ampliar y hacer mas eficiente el control fiscal, tal como prescribir sistemas de contabilidad, capacitación del personal, así como intervenir en las contralorías internas de dependencias gubernamentales, institutos autónomos y empresas del Estado.Ante una pregunta de Carlos Rangel de si habrían de sancionar o acusar a altos burócratas, Muci Abraham respondió que primero su papel no era la de encontrar chivos expiatorios, pero si llegado el caso de requerir pedir la suspensión de un ministro lo haría o de cualquier alto funcionario él lo pediría. “… Yo no tengo ningún problema porque yo no vine a este cargo con apetencias burocráticas, no vine a este cargo buscando un sueldo. Vine en el concepto de cumplir una función para el país…”.En otra entrevista concedida por el contralor Muci Abraham, en diciembre de 1974, informó que estaban en trámite o pendientes de decisión 350 casos para establecer responsabilidades administrativas. En la conversación con el redactor dijo que la actual legislación de cara al peculado “se trata de una ley apoyada en esquema normativos para una administración pública distinta a la actual. En 1938 no había ministerio y funcionaba una administración centralizada. No existían Institutos Autónomos ni empresas del Estado. Por otra parte, la ley actual no otorga a la Contraloría facultades para sancionar delitos contra la cosa pública, la autoriza para imponer multa irrisorio irrisorias, que no exceden de quinientos bolívares, no es que la sanción sea una finalidad, sino que constituye un medio para propiciar el cumplimiento de la ley”. Era una ley que no facultaba a la contraloría para sancionar delitos contra la cosa pública. Pero en cambio la nueva ley, en su artículo 87, establecida que la diligencia ejecutadas por la Contraloría, incluso la testimonial pasaba a tener fuerza probatoria en sede judicial. En cuanto a la confesión rendida ante la Contraloría General pasaba a tener el mismo valor que la rendida en tribunales y por tanto pasaba a tener en sede judicial valor de prueba contra quien la rendía. Pero es que -observaba Muic-Abraham, que la ley anterior solo facultaba al contralor para investigaciones por negligencia, faltas y otras irregularidades de los empleados públicos, sin que la sanción fuera verdaderamente relevante. Destacó, en el mismo contexto, que la nueva ley, para el momento en discusión en el seno de la Cámara del Senado, contemplaba las funciones contraloras al margen de la política partidista y con base en la imparcialidad, de acuerdo con el artículo 122 de la Constitución. Otro asunto tenía que ver con la mayor fiscalización, por lo que la nueva ley contemplaría facultades contraloras para realizar estudios organizativos, estadísticos, económicos y financieros, así como estudios para determinar el costo de los servicios públicos y la eficacia con la que operan las entidades sujetas a su vigilancia, fiscalización y control.En la ley se estableció como novedad el control previo del gasto público y no sólo el control de actos ya cumplidos, es decir a posteriori. Ello impliaba que antes de iniciar la ejecución de contratos debían ser autorizados en primer lugar por la contraloría, pero quedarían exentos de control los contratos no mayores de 250 mil bolívares, ello por vía de excepción.El contralor informó que se había prestado especial atención a los llamados Gastos Secretos que en la nueva ley quedaron definidos como aquellos “… cuya divulgación pueda perjudicar la defensa y la seguridad del Estado. Se consagra que estos gastos quedan exceptuados de las disposiciones de Control establecida en la ley salvo en lo que se refiere a la verificación por la Contraloría de la correcta imputación y disponibilidad presupuestaria de las órdenes de pago, y de los requisitos legales sobre ordenación. La Contraloría deberá verificar si la respectiva orden corresponde realmente a gastos considerados como secretos”.La renunciaAntes de la renuncia fueron presentados los reparos del contralor al Instituto Nacional de Obras Sanitarias (Inos), entonces presidido por el ingeniero Héctor Silva. David Morales Bello, diputado de AD, asumió en la investigación -de hecho- la defensa de la gestión del presidente de dicho instituto, y dio lugar a la intervencion de la Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados. Frente a los reparos Morales Bello profirió diversas acusaciones contra el Contralor y exigió su renuncia, al acusarlo de extralimitarse en sus atribuciones, así como de cometer abuso de poder. En defensa de José Muci Abraham se plantaron, en el seno de aquella Cámara, representantes de los partidos MAS, MEP, PCV y URD. Mientras en distintos medios de comunicación, columnistas y periodistas opinaron a favor de la política fiscalizadora del contralor. Un reconocido periodista, quien era diputado para el momento, escribió que él no había votado por Muci Abraham cuando fue electo por AD y por Copei. Y no lo hizo porque en su elección no participaron todas las fuerzas representadas en el Parlamento. Según su percepción los informes preparados por el Contralor eran vistos con suspicacia por parte de los miembros del partido AD, “… se llega a emplear argumentos de mala ley, invocando hechos del pasado, para tratar de desacreditar la conducta del contralor…”. Agregó que también se le acusaba de violar un sumario “… que en realidad no existe y de excederse en sus atribuciones…”. Por tal razón no dejó de observar con suspicacia las acusaciones contra el contralor Muci Abraham.Se habló incluso de uno de los debates de mayor importancia de los últimos años en tiempos de la democracia representativa. Entre algunas de las consideraciones realizadas al respecto varios representantes de algunos partidos políticos calificaron los hechos de impropios por las repercusiones que produciría el debilitamiento de una institución como la Contraloría General de la República. De esta manera razonaron Jovito Villalba, Eduardo Fernández, Jesús Ángel Paz Galarraga y Juvencio Pulgar. Acerca de la comparecencia del contralor en la Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados, el 9 de febrero de 1976, en la que estuvieron presentes los jefes de las fracciones parlamentarias del gobierno y de la oposición, como lo fueron Jaime Lusinchi, David Morales Bello, por AD, Eduardo Fernández, Leonardo Ferrer y Héctor Turuphial, por Copei. También estuvieron Tenorio Sifontes y Brito Villarroel por URD y Juvencio Pulgar por el MAS.Muci Abraham llevó un largo documento en el que incluyó, entre otros asuntos, que el contralor no era mandatario del Congreso de la República ni tampoco respondía ante él en lo que respecta a sus actuaciones. Además, reiteró que en el lapso de cinco años era inamovible y gozaba de autonomía e independencia para fiscalizar, controlar y vigilar los ingresos, gastos y bienes subordinándose sólo a las normas constitucionales y legales. De igual manera, le recordó a los parlamentarios que ellos no podían impartirles órdenes sobre la forma cómo debería ejercer sus funciones al ser la Contraloría un organismo que gozaba de autonomía. Si el Congreso le exigiera subordinación ello sería romper con el principio de la separación de poderes y, por ende, debilitaría el sistema democrático.En la interpelación, cuya duración fue de diez horas, en uno de sus alegatos respondió a Morales Bello, quien lo había acusado de actuar bajo móviles políticos, recordándole que su actuación estaba supeditada a la norma constitucional y no por móviles inconfesables, sino que actuó con decoro y dignidad. El informe presentado en esta oportunidad fue aceptado por las fracciones parlamentarias, no así por las de AD. Para el día 17 de junio de 1976 en los distintos periódicos caraqueños fue reseñada la renuncia del contralor de la república, José Muci Abraham. El renunciante había entregado la carta de renuncia tanto a los integrantes del congreso de la república como a los principales medios de comunicación del momento. En las primeras líneas de su esquela razonó algunas de las acciones que lo llevaron a abandonar el cargo para el cual había sido designado por miembros del Congreso. Indicó el desacato a la ley como uno de los factores que influyeron en su decisión. De igual manera, adujo que los informes elaborados por él, a través de la Contraloría, no producían ningún efecto en las autoridades competentes y, además, reclamó los ataques de los cuales había sido objeto por parte de altos funcionarios gubernamentales.La carta la dividió en ocho capítulos y fue dirigida al presidente del Congreso de la República, Gonzalo Barrios. El capítulo I lo utilizó para reseñar los reparos hechos, durante la segunda quincena del mes de marzo, por dos mil ciento noventa y cinco millones doscientos sesenta y seis mil doscientos ochenta bolívares con cincuenta y nueve céntimos (2.195.266.280,59), a treinta y tres empresas ex concesionarias de hidrocarburos, “… relacionados con sus declaraciones informativas de rentas para el ejercicio económico – fiscal que concluyó el 31 de diciembre de 1970…”. Dichos reparos “… consisten en que las mencionadas empresas, a los efectos de determinar sus ingresos… por ventas de hidrocarburos y derivados, aplicaron las bases previstas en los Convenios de Valores de Referencia celebrados con el Ejecutivo Nacional y autorizados en la Ley de Impuesto sobre la Renta vigente desde el 1° de enero de 1967…”. Cuando lo correcto era tomar como referencia los Valores de Exportación fijados por el Ejecutivo Nacional “… mediante Resolución Conjunta de los Ministerios de Hacienda y de Minas e Hidrocarburos números 643 y 408, respectivamente publicados en la Gaceta Oficial de fecha 8 de marzo de 1971”.A renglón seguido hizo referencia, como custodio del patrimonio fiscal, a la validez de su reparo. Para argumentar su razonamiento recurrió a su investidura como especialista en leyes y subrayó que al entrar en vigencia la ley reformatoria de 1970 se “… ‘desplomaron’ los Convenios sobre Valores de Referencia celebrados al amparo de la Ley de 1966…”. En este sentido, afirmó que los reparos por él establecidos respondían al interés del país, “… al cual he identificado siempre con la aplicación de la ley…”. Por tal motivo ratificó no sentir inquietud porque fuesen revocados, reformados o confirmados.En otros párrafos de su carta recordó haber informado al Congreso de la República, el día 14 de octubre de 1975, sobre la necesidad de mejorar la remuneración de los funcionarios adscritos a la contraloría. “… Comoquiera que mis planteamientos no fueron oportunamente contestados…”, envió otra comunicación el 1° de diciembre del mismo año en las que reiteró la necesidad de mejorar los sueldos de los empleados de la contraloría de lo contrario el éxodo de ellos se vería en aumento. A pesar de habérsele informado que su petición pasaría a las instancias correspondientes de asignación presupuestaria, reclamó que no sólo se guardó silencio ante su solicitud, sino que la partida asignada a la contraloría fue objeto de una rebaja para el área de personal. Señaló que había dirigido una petición de crédito adicional al ministro de Hacienda en marzo de 1976 la cual para la fecha de su renuncia no había sido respondida.En el aparte III de su misiva afirmó que su dignidad había sido lastimada. Indicó que en una reunión celebrada en la Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados, el 9 de febrero de 1976, se le habían acarreado agravios los cuales no pudieron ser respondidos de forma idónea. Los mismos fueron proferidos con la utilización de “… ingentes recursos económicos, cuya utilización se considera permisible para agredir al contralor, mas no para que éste pueda defenderse…”. Ante los vilipendios extendidos en su contra recordó que en toda sociedad organizada los hombres honestos no podían estar expuestos a impunes agravios, ni siquiera manifestados por personas de incuestionable tachadura moral.En otra de las secciones de su comunicación al Congreso de la República enfrentó las acusaciones en su contra entre las cuales se le señalaba de actuar bajo ambiciones de poder. En su reflexión sobre esta cuestión no dudó en calificar a quienes urdieron estas versiones la intención de deteriorar la imagen de instituciones dedicadas al control público. Recordó que al haber aceptado el cargo de Contralor era para servir de forma honrada a la sociedad venezolana, pero más bien se vio expuesto a acechanzas, ofensas y vejaciones.Reiteró que fueron estas acusaciones y acechanzas las que lo llevaron a reflexionar y separarse del cargo que ocupaba como Contralor de la República. Se defendió diciendo que tanto el Informe Anual de 1974 como el de 1975, “… no han incitado medidas concretas tendientes a la subsanación de las deficiencias e incorrecciones que en ellos se señalan…”. Como contralor señaló que los informes por él elaborados no debían ser ignorados como documentos irrelevantes porque su función era merecedora de atención y de respeto y no en reconocimiento de una posición importante en las instancias públicas. Por eso afirmó: “… Si los informes del Contralor no surten a plenitud los efectos que le son propios, su presencia carece de justificación”.En el punto VI de su carta hizo referencia al caso del Seguro Social Obligatorio y la eliminación de modalidades de control con lo que se le restó a la contraloría la fiscalización debida de sus ejecutorias. Pasó de seguida a considerar otros casos de mayor gravedad y con los que se demostró la poca credibilidad otorgada a la Contraloría por parte de altos funcionarios públicos. Uno de ellos se relacionó con la existencia de actos dolosos en el Instituto Nacional de Obras Sanitarias (Inos), cuyo presidente se declaró en rebeldía frente a los resultados de estudio fiscal realizados por la contraloría. El deber de ésta, afirmó Muci Abraham, era poner en evidencia actos dolosos en manos de organismos con competencias penales y civiles.No obstante, los ciudadanos ministro de Obras Públicas (MOP) y el presidente del Inos evidenciaron actos impropios al afirmar en los medios periodísticos, el 7 de mayo de 1976, que las averiguaciones realizadas por el ente contralor no tenían valor para demostrar actos dolosos en el manejo de los recursos de ambas instancias. A esto se sumó una respuesta ofrecida por el ministro del MOP de que lo realizado por el Presidente del Inos para la contratación de camiones cisternas había sido autorizado por el Presidente de la República, en un Consejo de Ministros. En virtud de este razonamiento del Ministro recordó el Contralor que por haber sido una orden del Consejo de Ministros no significaba una actuación fuera del ámbito legal vigente.Remató su comunicación afirmando que las cuestiones narradas en ella evidenciaban “… la falta de comprensión de que es objeto la actividad contralora y de la inerme situación a la cual se la conduce…”. La decisión tomada para su renuncia la amparó en la intención de no causar ningún desasosiego en la colectividad.ReaccionesEn el marco de las discusiones alrededor de los reparos presentados por el contralor a pagos realizados por la industria petrolera a razón de impuestos a la nación, surgieron voces que le dieron su apoyo a la gestión que venía realizando desde la Contraloría. Un columnista reconoció su labor como abogado litigante y asesor legal que, junto con aquella gestión lo hicieron acreedor de reconocimientos como un profesional con una alta capacidad y eficiencia. Además, hizo el exhorto de examinar su trabajo como Contralor más allá de las diatribas políticas y partidistas.El autor de la columna referida, Virgilio Lovera, reconoció que, en momentos cuando se venía discutiendo sobre la corrupción administrativa y cuando “… conocidos líderes de AD claman, acaso con sinceridad, por un pronto y enérgico remedio para esa denunciada delincuencia, en forma tal que nos recuerda aquello del mensaje sin destino…”. Ante las denuncias del manejo ilegal de los recursos del Estado tanto desde la Presidencia de la República como desde el partido AD, se venían haciendo acusaciones en este sentido.Lovera no tuvo más que calificar de suspicaces estas denuncias inflamadas de moralidad ante las actitudes contestatarias de cara a las demandas del contralor. Actitudes asumidas tanto por representantes del partido AD como de los funcionarios a quienes Muci Abraham señaló a través de su gestión fiscalizadora. En un artículo que surgió a propósito de la adquisición de seis fragatas como parte del equipamiento militar del país, y objetadas por el contralor en virtud de un supuesto sobreprecio, un conocido columnista destacó las discusiones relacionadas con la corrupción administrativa del momento. Por eso aseveró “… sería muy saludable para el sistema democrático el fortalecimiento de la autoridad del Contralor de la República…”. Institución creada después de la muerte de Gómez “… como freno y correctivo en nuestros tradicionales vicios administrativos”.Hizo referencia a la promesa expresada por el presidente en diciembre de 1974, que hemos citado a inicios de este escrito, de coger a los peculadores con las manos en la masa y lo señalado por Betancourt de sacar a patadas a los ladrones en la última convención del Partido. Señaló que si se presentaban discrepancias entre lo fiscalizado por el contralor y el Ejecutivo eso debilitaba la función de José Muci Abraham. Para Sanín éste era “… un hombre serio y responsable…”, con criterios autónomos e independencia política.A propósito de la renuncia del contralor una revista de la época realizó varias entrevistas con personajes vinculados a los partidos políticos de Venezuela. Los entrevistados fueron el propio presidente de la república, Eduardo Fernández, David Morales Bello y el columnista Tarre Murzi (Sanín). Esta sección fue presentada a los lectores como declaraciones especiales para la revista Resumen. Sección en la que se dio a conocer la sorpresa de la mayoría de los dirigentes del país ante la renuncia del contralor. De igual manera, del renunciante se dijo “… fue un funcionario honesto. Durante su gestión se distinguió por una probidad y un celo ejemplar en la custodia y revisión que de los valores públicos le imponía realizar su alto cargo…”.A propósito de la renuncia, CAP dijo que lo importante era la institución y no los hombres, “… sobre todo, como se evidencia de la propia correspondencia, no hay ningún hecho realmente que la haya producido”. Deploró de manera sincera este hecho y que no tenía prevista ninguna acción porque eso le correspondía al Congreso que fue la instancia que lo había llevado al cargo de contralor de la república. Ante la pregunta de si tenía carácter veraz la afirmación del contralor sobre fraudes que él no podía controlar, Pérez negó que en la carta de renuncia Muci Abraham dijera algo como eso. Pero, que si había expresado la dificultad para manejarse por la escasez de recursos humanos competentes y por la cantidad de renuncias presentadas lo cual dificultaba las gestiones contraloras Para el caso de Morales Bello en la nota se reiteró que este funcionario se enfrentó en varias ocasiones al contralor. En su respuesta al redactor, Morales Bello restó importancia a la renuncia al decir que, si el contralor consideraba que no estaba “… en condiciones personales o anímicas de continuar desempeñando su cargo, al Congreso le corresponde analizar el planteamiento que él haga y decidir en consecuencia…”. Ante el señalamiento del contralor de haber sido presionado por el partido AD, fue negada por este jerarca del partido de gobierno al decir “… Lo importante de la presión no es que esta se ejerza, sino que se permita que se ejerza. Yo diría que si el contralor ha permitido que se ejerza alguna presión sobre él y si él no lo ha permitido, la presión en todo caso ha sido fallida”.Eduardo Fernández militante de la organización política de orientación socialcristiana, COPEI, señaló que el contenido de la carta de renuncia implicaba la necesidad de una reflexión porque el gobierno nacional había sido emplazado y cuestionado, así como que el Estado debía “… darle una satisfacción moral al país”. Señaló que en la carta del contralor estaban presentes un conjunto de señalamientos que no fueron atendidos con prontitud por parte del gobierno de CAP. Expuso el caso del Inos el cual obligaba al ministro de Obras Públicas destituir al presidente de aquella institución. Agregó, “… el gobierno no quiere que se controle… pensó que la Contraloría era un organismo formal al cual en definitiva no había que hacerle caso…”. Ante la interrogante de si AD había ejercido presión sobre el contralor, añadió haber sido testigo de señalamientos desproporcionados e injustos por parte de miembros del partido de gobierno.Alfredo Tarre Murzi vio en la renuncia “… un hecho muy grave. Por lo demás, lo esperaba porque el Contralor de la República, desde hace meses viene objetando pagos y el Ejecutivo Nacional les da salida por Gabinete, violando el ordenamiento jurídico de la República”. Para Tarre la renuncia se debió al caso del presidente del INOS quien fue citado por el contralor y aquél se declaró en rebeldía. Para este columnista tal acto representaba “… un desplome del orden jurídico y por ende algo que es mucho más grave, de la salud moral de la República”.En este contexto, como resultado de la renuncia del contralor en una de las líneas de la página editorial de la revista Resumen se hizo la pregunta ¿Todos somos ladrones? La respuesta a la misma fue, si bien los distintos presidentes venezolanos desde 1958 a la fecha demostraban su honestidad, no sucedía igual con algunos de quienes fueron sus colaboradores. De ahí que surgiera la interrogante “… ¿Por qué un país que ha sido gobernado por hombres esencialmente honestos, en abrumadora mayoría, no puede encontrar fórmulas para evitar que la ínfima minoría de deshonestos sean expuestos y castigados?”.En la nota editorial fue cuestionada la actitud de algunos representantes de la política venezolana los cuales insistían en negar la crisis social y política venezolana debido a un sistema corrompido. De la renuncia del contralor no se podía deducir una crisis del sistema político y de la democracia. Pero si se podía deducir “… una inexplicable, inaudita, injustificable complicidad y alcahuetería de la inmensa mayoría de los honestos que encubren y dejan impunes a la ínfima minoría de deshonestos…”.Desde las páginas de otra revista, Carlos Canache Mata indicó que lo de la contraloría resultó de una alarma exagerada. Eduardo Fernández afirmó que el gobierno fue torpe en el manejo de la información recabada por el contralor y que ella no debió ser filtrada a la opinión pública. Asimismo, acusó a AD de intentar desprestigiar al contralor. Para José Vicente Rangel la actitud del gobierno frente a las informaciones del contralor fueron paradójicas, especialmente por provenir de quienes se han exhibido como luchadores contra la corrupción. De opinión similar a la de Rangel fue la emitida por Freddy Muñoz en cuanto a la supuesta lucha contra la corrupción del gobierno y que se vio empañada por la campaña de desprestigio desplegada de cara a los señalamientos del contralor. Abdón Vivas Terán consideró que desde sectores del gobierno se intentó desacreditar al contralor y sus señalamientos desde la Contraloría.ConclusiónComo hemos visto en las líneas anteriores los intentos por erradicar el flagelo de la corrupción en el seno de la administración pública en Venezuela tienen una larga historia, una tradición secular. Lo importante, por lo pronto, se encuentra en su diagnóstico y reconocimiento como un hecho cierto, al parecer, arraigada en el manejo irregular de la cosa pública a lo largo de nuestro devenir como república. En la lucha del Estado contra ese flagelo aparece como importante antecedente la creación y actuación del Jurado de Responsabilidad Civil y Administrativa establecido en el año 1945, cuyos resultados en nuestro criterio parecen no haber sido suficientemente sopesados.Hemos intentado demostrar que el nombramiento de José Muci Abraham como Contralor General de la República fue un hecho trascendental por la investidura académica y profesional de este reconocido hombre de leyes venezolano. Siendo honestos, su nombramiento indicó la clara intención de establecer responsabilidades administrativas desde un plano imparcial y fuera de la esfera política – partidista. Prueba de esa marcada disposición de luchar contra la corrupción fue la aprobación de la Ley Orgánica de la Contraloría la cual sustentaba legalmente el mayor rol de la actividad fiscalizadora de la Contraloría General de la República y el control de gestion de la administración pública.De igual manera, pensamos que lo señalado por algunos militantes de AD, incluido el propio CAP, tenía intenciones justas de erradicar de algún modo el peculado en el seno de la administración pública y de los fondos del Estado. Sin embargo, a pesar de reconocer vicios cuando se presentó la oportunidad de sancionar culpables, el contralor Muci Abraham fue acusado de proceder de acuerdo con intenciones contrarias a la imparcialidad exigida por su investidura. Esto último desdice la existencia de reales intenciones generalizadas de cara al peculado. Además, por más que quienes apoyaron la gestión del contralor y justificaron su renuncia, a pesar de militar en organizaciones políticas opuestas a AD, no dejan de ser suspicaces por el desenlace de este hecho en la historia de Venezuela. En especial, por la actitud asumida por algunos militantes de este partido frente a las denuncias provenientes de la Contraloría.En términos generales, es indispensable estudiar temas como el tratado por nosotros en esta oportunidad. Primero, para desmentir a quienes acusan a los representantes políticos de la llamada Cuarta República como personeros que ampararon los actos ilícitos frente a la cosa pública. Segundo, por la necesidad de conocer iniciativas para atacar un mal que ha dañado el funcionamiento de las instituciones democráticas venezolanas. En tercer lugar, advertencias formuladas desde la contraloría en 1975 ratifican la fiscalización transparente representada por Muci Abraham en lo referente a negocios contratados por el gobierno del momento.Como ejemplo y para finalizar, el caso de las fragatas negociadas con una empresa italiana muestra claramente las desatendidas advertencias del ex contralor Muci Abraham. Si bien para 1979 ya no ocupaba el cargo de contralor de la república si había fiscalizado los montos de la operación. Pero para 1979 estalló el escándalo del sobreprecio y el desvío de los fondos públicos en una negociación poco transparente. En una nota hemerográfica se informó que el ex contralor, aún en la contraloría para 1975, advirtió que algunos aspectos del negocio “… habían sido irrevocablemente convenidos…” entre Venezuela y la empresa italiana que las fabricaría. Lo más suspicaz, de acuerdo con la misma nota, fue: “… ¿Por qué no se tuvo en cuenta, al contratar, el oficio del Contralor del 19 de septiembre de 1975, que el ejecutivo nacional conocía, porque la recibió al día siguiente de su fecha (el 20 de septiembre de 1975) y el contrato definitivo se formó 35 días después (el 24 de octubre de 1975)?”.Referencias“Aprobada en Gabinete. Campaña a fondo contra la corrupción administrativa ordena el presidente a sus ministros”. En: El Nacional, 5 de diciembre de 1974.Canache Mata, Carlos. “La inmoralidad administrativa”. En: El Nacional. 16 de agosto de 1975, A-4.“Editorial”. En: Resumen, número 138, 27 de junio de 1976, 3-5.Ímber, Sofía y Carlos Rangel (Entrevista). Programa Lo de Hoy, 9 de julio de 1975, en Venevisión, Archivo Digital de la Universidad Católica Andrés Bello.“La corrupción administrativa. Expedientes de la Contraloría carecen de valor probatorio en tribunales penales y civiles”. Entrevista a José Muci Abraham. 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Campaña a fondo contra la corrupción administrativa ordena el presidente a sus ministros”. En: El Nacional. 5 de diciembre de 1974. A-1. Ídem. Ídem. Ídem. “Carlos Andrés Pérez: vamos a agarrar con las manos en la masa a los responsables de la corrupción administrativa”. En: El Nacional. 7 de diciembre de 1974. D-1. Ídem. José Muci Abraham. “¿Cómo llegué hasta aquí? En: V Jornadas Aníbal Dominici. Títulos Valores, Contratos Mercantiles. Homenaje doctor José Muci Abraham. Universidad Monte Ávila. Universidad Católica Andrés Bello. Asociación Venezolana de Derecho Privado. Asociación Civil Juan Manuel Cagigal. 2014. Ídem, 24. José Muci – Abraham. “Dos intervenciones. El Contralor ante el Congreso de la República”, en: Separata de la Revista Control Fiscal, número 80 (1976), 209-243. http//acienpol.abedonline.info/bases/biblo/texto//colección-digital/076/076.pdf. Entrevista con Sofía Imber y Carlos Rangel, Programa lo de Hoy, 9 de julio de 1975, en Venevisión, archivo digital Universidad Católica Andrés Bello. Ídem. Ídem. “La corrupción administrativa. Expedientes de la Contraloría carecen de valor probatorio en tribunales penales y civiles”. Entrevista a José Muci Abraham. En: El Nacional. 4 de diciembre de 1974. D-3 José Vicente Rangel. “En defensa de la Contraloría”. En: El Mundo, 5 de febrero de 1976, 4. Ídem. “Política. Actualidad. La respuesta del contralor”. En: Semana. 16-22 de febrero de 1976. 12-15. “La renuncia del contralor. Con graves acusaciones contra Copei y Acción Democrática, José Muci Abraham renuncia a la Contraloría General de la República”. En: Resumen. 27 de junio de 1976. Número 138. 20. Ídem. Ídem. Ídem. (Cursivas en el original). Ídem, 21. Ídem. Ídem. Ídem, 23. Ídem. Ídem. Ídem, 26. Virgilio Lovera. “El documento del Contralor”. En: El Nacional. 28 de agosto de 1975. A-4. Sanín (seudónimo). “El contralor”. 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Ídem. 0-127000Fecha de recepción: 24/08/2025Fecha de aceptación: 23/02/2025Pp. 265 – Pp. 295Montalbán N. 67Semestre Enero– Junio 2026ISSN: 2790-5071PAGE \* MERGEFORMAT295iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAFgAAAAfCAYAAABjyArgAAAABHNCSVQICAgIfAhkiAAACpNJREFU aIHtWm1sU9cZfu61iUYnPP/bJgdhhDbFkVYcCrR0tLHXrVNL01wvgQKhw2Za25V1SUoI20hiGwg0 JtTx+qVNa+y1q1oNKszX2oUO3xA0O3ESm9HiqFployQq1abZddBU4o+zH9f3cG9sJw5tlw71kY7u 8T3nPOfc57zn6z3G+++/rwJAvgyfSwAjRs70nQbLsmBZFgqFAiyrgIJlwSpyT5YFw7BgGQYMwwAM AwAAISAgIFmCLMkimxVCJpMRntkMMpksstkMTcuSLM1PCMnREBq/FbCxdhOAnMCiuAqFQgis4kZc oRDSWEVOZAYMw0r1zYmTEzYriJnJ5II0npGLnM1mqbBSoW8VbKzdBCUAubgKJZSypxBOnTgNn8+H oaEhTCWnZERLVEuwdu1aGL9nRM3DDyGTVYBl00KHZFgwYCD05Q2QLBFGAiCMIUYQdzQYgvdNLyKR iCy/TqcDV8dh1Zqqkj7ui8LDACB/Ofc2lEolFVWpVApBoUQ/fx6OZxyYnJwsqUEajQatv2pFdfW9 SGcyyGTSSKdzIZNGOp2hFi615A8nP8RzPc9jLDIGADAYDNDr9QCAcDgMnucBABW6Cuxs3IlvfPPr Beu/+uFHeMH1wheCZ2PtJkHgd/rPQqlQ3hBWuQiLlEpY223wHvfSAmq1GhzHQavVorq6GgDQ39+P 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