Comunicación: XI Congreso de Ceisal y reunión del grupo de trabajo de jurisprudenciaTulio Alberto Álvarez-Ramos* Universidad Católica Andrés Bello – Universidad Central de Venezuelatalvarez@ucab.edu.ve ORCID https://orcid.org/0000-0003-2592-1191 _______________* Registro Nacional de Innovación e Investigación: Código RNII V-5534241-01-2015. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2592-1191. SCOPUS: 59254037000. WEB OF SCIENCES: ID LJL-9131-2024. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB y Profesor Titular en la misma universidad desde 1983. Jefe de Cátedra de Derecho Constitucional y Profesor Titular de la Universidad Central de Venezuela, UCV desde 1985. Profesor en los doctorados en Ciencias Sociales, Ciencias Políticas, Historia y Derecho; además de las maestrías de Filosofía, Derecho Constitucional y Derechos Humanos.XI Congreso de Ceisal y reunión del grupo de trabajo de jurisprudencia.En ocasión del XI Congreso de CEISAL 2025 sobre justicia social, ambiental y climática en América Latina y el Caribe dirigido a contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, el Grupo de Trabajo de Jurisprudencia (GTJ-CEISAL) se reunió en París del 2 al 4 de junio de 2025, en la sede de la Société de Législation Comparée. En esta oportunidad, la coordinación de las comisiones estuvo a cargo del profesor Laurent Hecketsweiler del Institut d’Histoire du Droit Edmond Meynial de la Université de Montpellier y se contó con el apoyo de la Sección Méthodologie comparée du droit civil y de la Sección Amérique Latine de la Société de Législation Comparée.Es importante advertir que desde 2019 (29-31 de julio, Congreso de Bucarest) el GTJ-CEISAL está organizado en seis Comisiones: I. Deuda internacional; II. Medioambiente; III. ciudadanía; IV. Persona, familia, Constitucionalismos y Defensores del Pueblo; V. Municipios y rol internacional de las ciudades; VI. Sistema jurídico latinoamericano y “bloque romano-indígena”. En la reunión de la última sesión del 4 de junio de 2025 el profesor Andrea Trisciuoglio del Dipartimento di Giurisprudenza – Università di Torino (Italia), procedió a la presentación de la obra: “Lectura histórico-jurídica de la Encíclica Laudato si’ (sobre el cuidado de la casa común) del Papa Francisco, en su cualidad de coordinador de la Comisión de Medioambiente del Grupo de Trabajo de Jurisprudencia (GTJ-CEISAL). En las conferencias realizadas por la Comisión Ambiental y la del Sistema jurídico latinoamericano y Bloque Romano-Indígena, se desarrollaron aspectos como el desarrollo sustentable, cambio climático, la preservación de la Casa Común, todos relacionadas con la temática definida para este número especial de Logoi, Revista de Filosofía.Las presentaciones fueron hechas por Pietro Paolo Onida Pietro de la Università degli Studi di Sassari (Cerdeña-Italia), nominada Verso una “ecologia integrale”: Animali e fraternità tra diritto romano ed enciclica Laudato si’; Alexander G.N. Liquidato de la Universidade de São Paulo (Brasil): Uma abordagem da ideia romana de privata proprietas e sua aplicação na Encíclica Laudato si’; Vera Lúcia Viegas Liquidato de la Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (Brasil), El fenómeno de las migraciones frente a los cambios climáticos: implicaciones y desafíos; y, finalmente, Tulio Álvarez-Ramos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello: Las “tierras ancestrales” como derecho fundamental y parámetro de justicia socio-ambiental para los pueblos indígenas en Latinoamérica. Consideramos relevante la reseña de estos aportes por cuanto abordan una diversidad de problemas interrelacionados en la búsqueda de una filosofía ambiental, específicamente del cambio climático:Hacia una ‘ecología integral’: animales y fraternidad entre el derecho romano y la Encíclica Laudato si’En su presentación, el profesor Pietro Paolo Onida comenzó recordando que la relación entre el ser humano y la naturaleza ha sido objeto de reflexión a lo largo de la historia, marcando profundas conexiones entre filosofía, espiritualidad y ética. Mencionó a San Francisco de Asís como figura emblemática en esta visión, pues veía el mundo natural como parte de una fraternidad universal, considerándolo no solo como un entorno a habitar sino como una comunidad de seres interconectados. Para él, cada elemento de la naturaleza—el sol, la luna, los animales—eran hermanos, dignos de respeto y afecto. Esta perspectiva no era meramente contemplativa, sino una actitud que influía en su manera de relacionarse con el entorno. Su austeridad no era una mera práctica ascética, sino una renuncia a la idea de dominar la creación, eligiendo vivir en armonía con ella en lugar de explotarla.Remarcó que siglos después, el Papa Francisco, en su encíclica Laudato si’, retomó esta concepción al denunciar los efectos de una crisis ecológica que no es solo ambiental, sino también social y ética. Citó el documento papal para resaltar que el deterioro del planeta es, en esencia, una consecuencia de la irresponsabilidad humana, lo que ha llevado a una catástrofe ecológica sin precedentes. Esta problemática no puede desligarse de la justicia social, ya que afecta de manera desproporcionada a los más vulnerables, cuya subsistencia depende directamente de los recursos naturales. Onida insiste en que uno de los conceptos clave que plantea Laudato si es el de la “casa común”, resaltando la necesidad de una gobernanza global que proteja los bienes compartidos del planeta. En su análisis, el Papa Francisco enfatiza que el modelo actual de desarrollo ha favorecido el individualismo y la explotación, dejando de lado la fraternidad y el equilibrio entre los seres vivos. La encíclica sostiene que el verdadero crecimiento personal no puede darse en aislamiento, sino que ocurre en comunión con Dios, los demás y la naturaleza, promoviendo una armonía que trascienda los intereses económicos inmediatos. En contraste, cuando la humanidad adopta una visión dominadora, se convierte en consumidora compulsiva y depredadora del entorno, lo que lleva a una crisis ambiental y ética.Otro aspecto digno de comentar en la encíclica esta referido a la visión del ambiente como bien colectivo, lo que implica un compromiso global para evitar que los efectos de la contaminación recaigan sobre los países más vulnerables. En este sentido, advierte que el papel del derecho es clave para establecer normas que promuevan conductas sostenibles dentro de una sociedad sana y soberana. No basta con evitar malas prácticas; es imprescindible generar políticas que favorezcan iniciativas ecológicas y económicas responsables, con especial atención a las comunidades locales, que poseen un conocimiento profundo de la gestión sostenible de los recursos.El texto también aborda la correlación entre contaminación, cambios climáticos y supervivencia de los seres vivos, reconociendo el clima como un bien común. Se destaca que los efectos de la degradación ambiental afectan especialmente a los sectores más pobres, cuya subsistencia depende directamente de los servicios ecosistémicos como la agricultura, la pesca y los bosques. Los cambios climáticos han generado migraciones de animales y desplazamientos forzados de comunidades vulnerables, lo que agrava las desigualdades sociales y económicas. A nivel jurídico, se destaca la conexión entre la protección ambiental, los derechos de los animales y la seguridad de los migrantes, argumentando que la explotación de los recursos naturales no puede estar desligada de la justicia social. En este marco, se reivindica la biodiversidad como un aspecto esencial en la preservación de la vida, señalando que los animales no deben ser considerados meros recursos explotables, sino seres dignos de protección.Onida resalta que uno de los aportes más importantes de la encíclica es la redefinición del concepto de los animales como seres dignos de protección, dejando atrás la idea de que son meros recursos explotables. Se plantea que garantizar el equilibrio del ecosistema es clave para la sostenibilidad, reconociendo la responsabilidad humana de preservar la diversidad biológica. En este sentido, insiste en que la fraternidad con todas las criaturas es esencial para evitar la explotación indiscriminada de los recursos naturales, lo que se relaciona íntimamente con el concepto de ecología integral, que exige una transformación en la manera en que la humanidad se relaciona con el medio ambiente, promoviendo un modelo que integre la justicia social, la sostenibilidad y el respeto por la biodiversidad.Uma abordagem da ideia romana de privata proprietas e sua aplicação na Encíclica Laudato si’Alexander G.N. Liquidato introduce su exposición señalando que valora la Encíclica Laudato si no solo como una exhortación ecológica, sino como un profundo llamado a la reflexión colectiva. Subraya que el mensaje del Papa Francisco trasciende los aspectos medioambientales e incide sobre cuestiones fundamentales como la propiedad privada (privata proprietas) y sus efectos sobre la colectividad en el marco de una revolución industrial-tecnológica avanzada. A pesar del protagonismo del discurso globalizador, denuncia la persistente marginalización de los problemas que aquejan a las regiones más vulnerables, especialmente la pobreza y los desastres climáticos.Ante este panorama, la ponencia propone un enfoque interdisciplinario que une el Derecho Romano, la ética ambiental y los principios de Laudato si, examinando la forma en que el concepto clásico de plena potestas in re, identificado con un dominio absoluto de la propiedad, puede resignificarse frente a los desafíos contemporáneos. La intención de Liquidato está dirigida a demostrar la forma en que un enfoque jurídico con base en la justicia y la sostenibilidad puede ofrecer respuestas a las crecientes desigualdades económicas y la degradación ecológica.En el apartado III.A. Análise das fontes, en su esquema expositivo, realiza una crítica metodológica sobre la selección y uso de fuentes jurídicas romanas en el contexto de la encíclica Laudato si. Señala que dicha selección es arbitraria e ignora la evolución histórica de conceptos clave como dominium ex iure quiritium y privata proprietas. Destaca que la propiedad romana pasó de ser un concepto amplio e impreciso a uno técnico y diferenciado en el derecho clásico; especialmente a partir de la República tardía, donde dominium y proprietas adquirieron significados distintos.Liquidato argumenta que, aunque el derecho romano no definió expresamente la privata proprietas, puede entenderse como una facultad natural de hacer lo que no está prohibido por el derecho (naturalis facultas eius quod cuique facere libet), lo que justifica su caracterización como plena in re potestas. A partir de ahí, analiza fuentes jurídicas imperiales que muestran como el derecho limitaba la propiedad privada en función del interés público, permitiendo, por ejemplo, que cultivadores ocuparan tierras abandonadas bajo ciertas condiciones. También examina normas sobre el uso del agua para riego, subrayando que incluso en el derecho romano clásico, la propiedad estaba sujeta a restricciones por razones de equidad y utilidad común.El análisis de Liquidato continúa profundizando en la evolución del concepto de propiedad en el derecho romano, destacando cómo las normas imperiales del siglo III y IV d.C. introdujeron limitaciones al uso del agua en función del interés público y de la equidad entre propietarios. Señala que la Constitución de Claudio II (C. 3, 34, 6) prohíbe que el agua nacida en predios privados sea desviada injustamente, afectando las tierras vecinas, mientras que un rescripto posterior de Diocleciano y Maximiano (C. 3, 34, 7) reconoce el derecho consuetudinario de servidumbre de aguas, siempre que se demuestre su utilidad para el riego. Esta evolución normativa revela una tensión entre el dominio absoluto y la función social de la propiedad, ya presente en el derecho romano.En una segunda fase del análisis, vincula esta tradición jurídica con la ética ambiental y la función social de la propiedad defendidas en la encíclica Laudato si’. El Papa Francisco afirmaba que la propiedad privada, aunque legítima, debe orientarse al bien común. Advertía que esta idea responde a las transformaciones sociales derivadas de la industrialización. De esa manera, la encíclica denuncia la concentración de riqueza y la degradación ambiental, y propone una ecología integral que articule justicia social, sostenibilidad y responsabilidad intergeneracional. En este marco, la ética ambiental —surgida tras la Segunda Guerra Mundial— desafía el antropocentrismo clásico y propone una ampliación del sujeto moral para incluir a todos los seres vivos y ecosistemas, exigiendo una transformación profunda de los paradigmas económicos y jurídicos vigentes.A la luz de Laudato si, la propiedad privada debe estar subordinada a su función social y a la destinación universal de los bienes. Este principio, enraizado en el derecho natural y la ética cristiana, trasciende el derecho positivo y exige que el uso de los bienes se oriente al bien común. La encíclica del Papa Francisco, al rechazar la absolutización de la propiedad, se alinea con fuentes del derecho romano que ya reconocían limitaciones públicas y privadas al dominio, especialmente en contextos agrarios y de gestión del agua.Liquidato destaca cómo textos jurídicos imperiales de los siglos III y IV d.C. anticiparon conceptos modernos de sostenibilidad, justicia distributiva y equidad. Ejemplos como el cultivo de tierras abandonadas o la distribución proporcional del agua reflejan una concepción protofuncional de la propiedad, centrada en la utilidad colectiva. La conclusión es que la encíclica retoma esta tradición para proponer un modelo económico alternativo, basado en justicia social, acceso equitativo a recursos y protección ambiental. Finalmente, enfatiza que este derecho debe traducirse en políticas públicas efectivas que garanticen inclusión, formación y acceso al mercado, evitando que Laudato si quede en el plano de la retórica.El fenómeno de las migraciones frente a los cambios climáticos: implicaciones y desafíosVera Lúcia Viegas ofrece una reflexión profunda sobre la migración como fenómeno jurídico, ético y climático, con especial énfasis en los desafíos que plantea el cambio ambiental. Parte de una definición amplia de migración que incluye desplazamientos voluntarios e involuntarios, y distingue entre refugiados, desplazados internos y migrantes climáticos. Viegas cuestiona el marco jurídico actual —basado en la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967— ya que es insuficiente para proteger a quienes huyen por causas ambientales, y plantea la necesidad de reconocer nuevas categorías como los “refugiados ambientales”.La autora destaca que el derecho de petición de refugio es un derecho humano fundamental, incluso para personas indocumentadas, y subraya que ningún ser humano puede ser considerado “ilegal”. Apoyándose en la Opinión Consultiva OC-18/03, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 17 de septiembre de 2003 y en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (adoptada por la ONU en 1990), insiste en la dignidad y no discriminación como principios universales. También resalta al principio de non-refoulement (no devolución) como piedra angular del derecho internacional de los refugiados, por cuanto bajo este parámetro del derecho internacional los Estados están impedidos de expulsar, devolver o extraditar a una persona a un país donde su vida o su libertad corran peligro por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. En cuanto a las migraciones climáticas, advierte que para 2050 podrían superar los 50 millones de personas desplazadas, muchas de ellas dentro de sus propios países, lo que plantea enormes retos para las políticas internas y la infraestructura social.Viegas en su exposición analizó informes claves como Groundswell del Banco Mundial, que estima hasta 143 millones de desplazamientos internos en África Subsahariana, Asia Meridional y América Latina. Señaló que en Brasil, solo en 2022, se registraron más de 700 mil desplazamientos por desastres ambientales. Por tal razón, la expositora revisó el origen del término “refugiado ambiental” y su evolución conceptual, destacando la falta de reconocimiento jurídico internacional. Concluyó que, ante la ausencia de protección formal, instrumentos como el visado de acogida humanitaria —como el previsto en la legislación brasileña— podrían ofrecer una vía de resguardo, aunque afirmó la necesidad de una revisión normativa global que reconozca esta nueva realidad como una cuestión de justicia.También describió la respuesta jurídica de Brasil frente a los desplazamientos causados por desastres ambientales. Indicó que en la legislación vigente su país protege a las personas afectadas mediante el visado de acogida humanitaria y la autorización de residencia, lo cual ha garantizado no solo la regularización migratoria, sino también derechos esenciales como el acceso al trabajo, servicios básicos y la exención de tasas impositivas.Como avance legislativo (de lege ferenda) destacó el Proyecto de Ley presentado en 2024 por la diputada Erika Hilton, que propone crear la Política Nacional de los Desplazados Ambientales y Climáticos (PNDAC). Narró que tal proyecto define ampliamente a los desplazados ambientales y climáticos proponiendo una serie de directrices basadas en principios de indivisibilidad entre medio ambiente y derechos humanos, precaución, prevención y transversalidad de políticas públicas. Además, afirmó que el proyecto reconoce derechos en áreas clave como salud, educación, trabajo, asistencia social, vivienda y justicia, promoviendo la integración, la inclusión y la equidad. La propuesta enfatiza también la participación social, la coordinación entre niveles de gobierno y la necesidad de políticas de adaptación y mitigación climática. En conjunto, representa un esfuerzo integral por garantizar la protección de poblaciones vulnerables frente a los efectos del cambio climático.En cuanto al ámbito internacional, recordó que el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado en diciembre de 2018 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, representó el primer acuerdo intergubernamental que aborda de forma integral la migración internacional. Surgido a partir de la Declaración de Nueva York de 2016, el Pacto busca reforzar la cooperación entre Estados y fomentar una gobernanza migratoria basada en principios de dignidad humana, corresponsabilidad y desarrollo sostenible. Aunque el Pacto no es jurídicamente vinculante, respeta la soberanía estatal y establece un marco de referencia con 23 objetivos que ofrecen opciones políticas para una gestión eficaz y humanitaria de los flujos migratorios. Se alinea con la Agenda 2030 (Objetivo 10.7), al promover políticas que faciliten la migración regular y minimicen las causas estructurales que obligan al desplazamiento.Varios de sus objetivos abordan de forma explícita la relación entre migración y medio ambiente, ejemplificando con el Objetivo 2, con el que se persigue minimizar los factores adversos como los desastres naturales, la degradación ambiental y el cambio climático, alentando a los Estados a adoptar medidas preventivas y resilientes. Añadió que el Objetivo 5 propone aumentar la disponibilidad de vías migratorias seguras, lo que ha sido interpretado como una sugerencia para crear canales regulares para personas desplazadas por razones climáticas. Aunque no crea una categoría legal específica para los “refugiados climáticos”, el Pacto reconoce indirectamente la necesidad de proteger a quienes migran por motivos ambientales, e impulsa políticas adaptativas que consideran la creciente presión del cambio climático sobre la movilidad humana. En este sentido, plantea también el principio de responsabilidad intergeneracional, subrayando la urgencia de actuar hoy para salvaguardar los derechos y el bienestar de las generaciones futuras.Igualmente, subrayó el valor de la Declaración y Plan de Acción de Chile (2024) que da continuidad a los compromisos asumidos en la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados (1984) del 22 de noviembre de 1984, en la que se amplía la definición de persona refugiada más allá de la Convención de 1951, incluyendo a quienes huyen por violencia generalizada, conflictos internos, violaciones masivas de derechos humanos u otras circunstancias que perturben gravemente el orden público; y la Declaración de Brasil: “Un Marco de Cooperación y Solidaridad Regional para Fortalecer la Protección Internacional de las Personas Refugiadas, Desplazadas y Apátridas en América Latina y el Caribe”, adoptada el 3 de diciembre de 2014, en la que se establecen compromisos regionales para fortalecer la protección internacional, incluyendo programas como “Ciudades Solidarias”, “Fronteras Solidarias” y “Reasentamiento Solidario”. Otra referencia fundamental en la exposición fue la de la responsabilidad intergeneracional como principio ético y jurídico central en la lucha contra la degradación ambiental, por lo que problemas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad o la contaminación imponen cargas desproporcionadas sobre quienes aún no han nacido, y requieren políticas preventivas y correctivas orientadas a la justicia climática y al uso sostenible de los recursos. Específicamente, acudió a la autoridad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (United Nations International Children's Emergency Fund, UNICEF) para destacar que los niños ya están sufriendo los peores efectos del cambio climático, especialmente en países en desarrollo, y que su protección exige una transformación profunda de las políticas públicas. En este sentido citó el documento Climate Change, Child Rights, and Intergenerational Justice, en el que se subraya que el cambio climático es también un problema de derechos humanos, donde los más jóvenes —y las generaciones futuras— son los más vulnerables.UNICEF argumenta que debe garantizarse a las nuevas generaciones el acceso a un entorno saludable, a recursos naturales equitativos y a los beneficios del progreso tecnológico y social. Para ello, urge incorporar la justicia intergeneracional en los marcos legales internacionales y responsabilizar a los Estados y actores económicos por sus decisiones ambientales. Destacó el llamado a la cooperación global, subrayando que solo mediante alianzas entre gobiernos, sociedad civil y sector privado se podrán enfrentar la crisis climática de forma efectiva, sostenible y equitativa.Ya en fase conclusiva, Viegas ratificó la responsabilidad ética de Estados, empresas y ciudadanía para actuar con solidaridad y preservar el mundo para las futuras generaciones. Insistió en la existencia de un derecho a permanecer en el territorio receptor de quienes solicitan asilo mientras se resuelve su petición, protegidos por el principio de non-refoulement, y con acceso a trabajo, salud, educación y unidad familiar, aunque recordó que las personas desplazadas por motivos climáticos no encajan en la definición tradicional de refugiado según la Convención de Ginebra. Tal situación refleja extrema vulnerabilidad, no se les reconoce el derecho a solicitar refugio, lo que revela lagunas normativas.Frente a esos vacíos, planteó la necesidad de herramientas como el visado de acogida humanitaria y la reforma del marco legal internacional, estableciendo un modelo de protección más inclusivo que contemple las nuevas realidades del desplazamiento forzado, especialmente ante la crisis climática global. En resumen, el tema de la protección a quienes se desplazan por cuestiones ambientales está en pleno desarrollo, tanto en el ámbito interno brasileño como en el internacional.Las “tierras ancestrales” como derecho fundamental y parámetro de justicia socioambiental para los pueblos indígenas en Latinoamérica.Tulio Álvarez-Ramos comenzó su exposición destacando que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha definido en forma categórica que los pueblos indígenas tienen derecho a vivir en armonía con la naturaleza y a un ambiente sano, seguro y sustentable, condiciones esenciales para el pleno goce del derecho a la vida, a su espiritualidad, cosmovisión y al bienestar colectivo. De manera que la garantía a la vigencia efectiva de estos derechos supone una profunda reflexión sobre el sistema de valores que sustenta la forma de vida de estas comunidades. Resaltó que la categoría “Tierras Ancestrales” es el factor de conexión clave entre una simple enunciación y la vigencia efectiva de los derechos de las comunidades indígenas, lo que obliga a precisar el alcance del término más allá de una conceptualización jurídica. Además, advirtió sobre la estrecha vinculación entre la temática indígena y ambiental como máxima expresión de la necesidad de conservar, restaurar y proteger el medio ambiente y al manejo sustentable de territorios y recursos. Una responsabilidad que adquiere una dimensión particular, ante la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático, en una humanidad que presencia la degradación de su forma de vida.En su análisis ofreció una visión integral sobre el papel de los pueblos indígenas en la configuración de políticas de sostenibilidad y justicia social, destacando su legado en la conceptualización de la libertad, el territorio y la armonía con la naturaleza. La presentación examinó la relación entre espiritualidad indígena, territorio y derechos humanos, destacando cómo la cosmovisión de los pueblos originarios fundamenta una dogmática jurídica centrada en la “armonía con la naturaleza” y la “libertad territorial”. Señalo que, desde una perspectiva interdisciplinaria, el “nomos indígena” debe ser concebido como un punto de convergencia entre filosofía de la naturaleza, filosofía moral y filosofía del derecho, lo que amplía su alcance en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.Uno de los ejes centrales de la exposición fue el reconocimiento de derechos indígenas, en particular el derecho a vivir en armonía con la naturaleza, mediante un ejercicio jurisprudencial en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el que se ha establecido que garantizar un ambiente sano, seguro y sustentable es una condición esencial para el ejercicio pleno de los derechos humanos, la espiritualidad y el bienestar colectivo de estas comunidades. En este sentido, Álvarez enfatizó que la degradación del ecosistema afecta directamente la supervivencia de los pueblos indígenas, evidenciando la interdependencia entre derechos ambientales y derechos humanos. Álvarez presentó una relación de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con miras a una evaluación que debe ponderar elementos singulares como el relacionamiento espiritual con la naturaleza y las formas autóctonas de vida, valores que se contextualizan en los ámbitos territoriales y superan una simple determinación geográfica. Los casos emblemáticos que citó fueron los siguientes:Caso Pueblos Indígenas Tagaeri y Taromenane Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2024. Serie C No. 537. Disponible en https://jurisprudencia.corteidh.or.cr/es/vid/1049684937 Caso Comunidad Indígena Lhaka Honhat Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2020. Serie C No. 400. Disponible en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_400_esp.pdf. Caso Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de octubre de 2015. Serie C No. 305. Disponible en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_305_esp.pdf. Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de octubre de 2015. Serie C No. 304. Disponible en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_304_esp.pdf. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245. Disponible en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_esp.pdf. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214. Disponible en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_214_esp.pdf. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146. Disponible en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_146_esp.pdf Finalmente, el conferencista subrayó la necesidad de establecer principios fundamentales y estándares jurídicos que aseguren la participación de los pueblos indígenas en decisiones que afectan sus territorios. Indicó que en un mundo marcado por la crisis ambiental y el avance de modelos de desarrollo no sostenibles, la ética comunitaria y la reciprocidad con la naturaleza propias de las comunidades indígenas emergen como principios esenciales para la preservación de la vida y la construcción de un modelo de convivencia basado en el respeto a los derechos humanos y la protección del medio ambiente. El CEISAL (Consejo Europeo de Investigación en Ciencias Sociales de América Latina) es una red académica fundada en Alemania en 1971, con el propósito de fomentar la reflexión universitaria interdisciplinaria sobre las realidades sociales, culturales, económicas y políticas de América Latina. Su labor contribuye a la difusión del latinoamericanismo europeo, promoviendo el diálogo entre investigadores y especialistas del continente. Reconocido por la UNESCO en 1984, el CEISAL recibió oficialmente el estatus de organización no gubernamental en 1997. Actualmente, agrupa a los principales institutos, centros especializados y asociaciones nacionales europeas dedicadas a la investigación en ciencias sociales sobre América Latina. La red cuenta con 38 organismos miembros distribuidos en 17 países europeos, incluyendo Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Rusia y Suecia. El Grupo de Trabajo de Jurisprudencia (GTJ-CEISAL) fue constituido en la Asamblea General de CEISAL en Viena en 1976 bajo la coordinación del profesor Pierangelo Catalano, secretario general de la ASSLA - Asociación de Estudios Sociales Latinoamericanos**. Su sede se encuentra en Sassari, Cerdeña, Italia y se reúne regularmente en el marco de los congresos de la organización. En reconocimiento a su compromiso con el latinoamericanismo europeo, la XXVII Asamblea General del CEISAL (Toulouse, diciembre de 2003) otorgó por unanimidad al Grupo de Trabajo de Jurisprudencia la Medalla de Honor del CEISAL. Desde la reunión de Bucarest en 2019, los trabajos del GTJ-CEISAL se han organizado en seis comisiones: 1. Deuda internacional; 2. Medioambiente; 3. Persona, familia y ciudadanía; 4. Constitucionalismos y Defensores del Pueblo; 5. Municipios y rol internacional de las ciudades; y 6. Sistema jurídico latinoamericano y “bloque romano-indígena”.Comunicación: XI Congreso de Ceisal y reunión del grupo de trabajo de jurisprudencia.330205715000Tulio Alberto Álvarez-ramos PAGE PAGE 1 LÓGOI Revista de Filosofía N.º 48Año 27. Semestre julio diciembre 2025ISSN:2790-5144 (En línea) ISSN: 1316-693X (Impresa) ISSN-L: 1316-693X Fecha de recepción: 02/07/2025Fecha de aceptación: 18/ 07/2025Pp. 158– Pp.171PAGE \* MERGEFORMAT2LÓGOI Revista de Filosofía N.º 48Año 27. Semestre julio diciembre 2025ISSN:2790-5144 (En línea) ISSN: 1316-693X (Impresa) ISSN-L: 1316-693X iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAFgAAAAfCAMAAABUFvrSAAAAAXNSR0IB2cksfwAAAARnQU1BAACx jnz7UZMAAAAgY0hSTQAAeiUAAICDAAD5/wAAgOkAAHUwAADqYAAAOpgAABdvkl/FRgAAAf5QTFRF AAAAAAAA////////////8fHx7+/v6Ofn4+Pj4N/g39/f1tXV09bS0tXS0tXR0dTR0dTQ0NTQ0NPP z9PPztLOztHNzdHNzdHMz8/PzdDMzNDMzNDLzM/Ly8/Ly8/Ky87Kys3Jyc3Jyc3Iy8rLyMzIyMzH x8vHxsrGycjIxsrFxcnFyMfHxcnExMnExMjDw8jDxMfDw8fCwsfCwcXAwMXAwMW/wMS/v8S+v8O+ vsO+vsK9vcK9vcK8v7+/vMG8vMG7vMC8u8C7u8C6ur+6ur+5ub65ub64uL23t7y2urm5tru1tbq0 tLqztLmzs7iysrixtbW1srexsbewsLavsLWvr7Wur7SusLOvrrStrrOtr7KvrbOsrLKrr6+vq7Gq rKurpqqmo6ijoqaho6Ghn6OenqCdn5+fnp2dn5aampiZlpmWlZmUmJaXk5iTkZSRkZORkY+Pj4+P iYyJjIqLjoeLh4aHhIaEhIWEgoWChIGCf4F+gICAfX98fH98fnt8en15eXx5eHV2dnN0dXJzcHJv cHBwbmxsaGVmY19hYGBgXV5dWldYUFFQUFBQQ0RDQEBAPj8+Pzs8Pzc5NTY1MjMxMjExMDAwMS0u LS0tKioqKSopKSkpKCkoKCgoKicnKCUmJCQkIx8gICAgHxscGxsbGRkZEBAQDg4ODQ4NDQwNNUYW mgAAAAR0Uk5T/wAKDnDBpeYAAAPASURBVHjatZaNf1JVHMaf6kAEbF6vsgyQ6ygsmjKJptNG2NoY 23Lm1mq2DSp1682xrLSF1qKocAO0F1ZCL4cm4n/Zb4fdl27zM8XPHuBzPvfLPQ+H53fP7148hh3R IwBGE/HY8Uh3MNCpeN1ur+9AIBiK9MYGE6Nj429MTU/PJB9cEL4DfUfDQb/PJUttTmfbLtm13x8M 9/QNbDhPTk3PtOhMvi+GDiou6UqxAVKjeFna6wscjrxEzqcnJs9OzyxXQKos6/O2JQDi5BvwyOl1 aFpfkN3+Q5G+wcSpMxNTH1WBUi5XAqoXk0IXtycAYkdDAbe0CqCez0SjmXwdwOqRJ/2He2LxkbHx 9+6gYGckewF3xKzz90EAHA8f9JAv6hkra2qOrKtH3IFwb//Q6JkK8sSAjS9QTZKqgiyumIitq8um EQCRoCKTb9nONFnLwKrsC0b64iNXUXCoxqyAZUoTv35AvrfvZm0aoXPOcdKwIE3j7mdcafIVyzU6 L+z1h471J27BrnM7KslkBX/xmz8g8zlSGrGzLv7Tj1nOFwURxkGftI76PvYfWetYl/YHIy/HUWKk PJBnpBJoTunbbzjnWZtDJ8zyPv+MsXm+JogwDnRcATLMpDngsisQPjGAHCOBxEg50BwiXVkAWYdO LH/zPyhmzh8n0jTu3FNEnYKIFkqlTHP4hCbUUZQPUBZbG5NHdo3zlWGNvP5bVBg/oRkrUgN5MgRI pVkx0HEejV2+Qz2v/D8KQSzzzMFJN1UyfO45xlKc61F42wFaYhk1e7Q2V0bZPlubE1m0eYOR2O/N 4gGG4hFZ4WtryKa++kcl85wvLf3JP9aL53ECUcZEztog/oHT/Wwk9iUKzHy5EbEt3b67aDGSJU76 3iLI/RgP3dI3SM64QT5dMZGnUylHk5ijsO6rZSiKjUGPYuidlra0XrzNqmnFy6EhKVS8odferQDl fK6st5zz1W2JuNxWUWfa5TZbEgOroSh3ho69mjg1/ubXLbXNQEeasth6g7xwYnBkbIJ6fSuN/nmx pe332tKjp1s1piZ0YasmlHb5u3v7qdVPnp1pyRjXFPk6ORvakF20TeULPKS+8+42Nnprpg78LHmu 4aF11b37uunWJD31IVQ19wfER0g9IG46iZmdvfIF4800LXt0X7DNN9NJ89j0UwKY01BcUlq9/S9I LsWYg9o2DWTzZZDaTmDSL2/7OvZI7U5nu0QPLG/dgEF6EEbCzAtUgVk3Lp1UvB6PVzl5iWyxzYpV c3MdGHZcj+7Q0+a/KrvgUC2hl58AAAAASUVORK5CYII=Usuario de Microsoft OfficeJose Luis Da Silva22025-07-26T23:53:00Z2025-07-26T23:54:00Z2025-07-26T23:54:00Z114464425542Microsoft Office Word021260falseTítulo1Title1false30126falsefalse16.0000