El pretorio ambiental: Equidad jurisprudencial para una gobernanza climática transformadora.Tulio Alberto Álvarez-Ramos* Universidad Católica Andrés Bello – Universidad Central de Venezuelatalvarez@ucab.edu.ve ORCID https://orcid.org/0000-0003-2592-1191 47625178435Resumen:Este artículo desarrolla el concepto de “pretorianismo ambiental”, entendido como la proyección del ius praetorium romano hacia el derecho ambiental contemporáneo. Así como los pretores adaptaban el derecho civil mediante criterios de equidad, hoy los tribunales pueden ejercer una función creadora y correctora frente a los vacíos normativos y la inacción estatal en la crisis climática. La propuesta destaca el valor de la jurisprudencia como fuente transformadora capaz de garantizar una ecología integral a través de principios generales y mecanismos judiciales innovadores.Palabras clave: Ética Ambiental, Justicia Ambiental, Responsabilidad Ambiental, Equidad intergeneracional.00Resumen:Este artículo desarrolla el concepto de “pretorianismo ambiental”, entendido como la proyección del ius praetorium romano hacia el derecho ambiental contemporáneo. Así como los pretores adaptaban el derecho civil mediante criterios de equidad, hoy los tribunales pueden ejercer una función creadora y correctora frente a los vacíos normativos y la inacción estatal en la crisis climática. La propuesta destaca el valor de la jurisprudencia como fuente transformadora capaz de garantizar una ecología integral a través de principios generales y mecanismos judiciales innovadores.Palabras clave: Ética Ambiental, Justicia Ambiental, Responsabilidad Ambiental, Equidad intergeneracional._______________* Registro Nacional de Innovación e Investigación: Código RNII V-5534241-01-2015. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2592-1191. SCOPUS: 59254037000. WEB OF SCIENCES: ID LJL-9131-2024. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB y Profesor Titular en la misma universidad desde 1983. Jefe de Cátedra de Derecho Constitucional y Profesor Titular de la Universidad Central de Venezuela, UCV desde 1985. Profesor en los doctorados en Ciencias Sociales, Ciencias Políticas, Historia y Derecho; además de las maestrías de Filosofía, Derecho Constitucional y Derechos Humanos.The Environmental Praetorium: Jurisprudential Equity for Transformative Climate Governance.2857568898AbstractThis article introduces the concept of “environmental praetorianism” as a projection of Roman “ius praetorium” into contemporary environmental law. Just as praetors once complemented civil law through equity, today’s courts may play a creative role amid legal gaps and state inaction on the climate crisis. The proposal highlights jurisprudence as a transformative legal source capable of ensuring integral ecology through general principles and innovative judicial tools.Key Words: Environmental Ethics, Environmental Justice, Environmental Responsibility, Intergenerational Equity.00AbstractThis article introduces the concept of “environmental praetorianism” as a projection of Roman “ius praetorium” into contemporary environmental law. Just as praetors once complemented civil law through equity, today’s courts may play a creative role amid legal gaps and state inaction on the climate crisis. The proposal highlights jurisprudence as a transformative legal source capable of ensuring integral ecology through general principles and innovative judicial tools.Key Words: Environmental Ethics, Environmental Justice, Environmental Responsibility, Intergenerational Equity.Le prétorianisme environnemental : L'équité jurisprudentielle pour une gouvernance climatique transformatrice.1905013970RésuméCet article développe le concept de « praetorianisme environnemental », compris comme la projection du ius praetorium romain dans le droit environnemental contemporain. Tout comme les préteurs adaptaient le droit civil en fonction de critères d'équité, les tribunaux peuvent aujourd'hui exercer une fonction créative et corrective face aux lacunes normatives et à l'inaction des États dans la crise climatique. La proposition souligne la valeur de la jurisprudence en tant que source de transformation capable de garantir une écologie intégrale par le biais de principes généraux et de mécanismes judiciaires innovants.Mots-clés : Éthique environnementale, justice environnementale, responsabilité environnementale.00RésuméCet article développe le concept de « praetorianisme environnemental », compris comme la projection du ius praetorium romain dans le droit environnemental contemporain. Tout comme les préteurs adaptaient le droit civil en fonction de critères d'équité, les tribunaux peuvent aujourd'hui exercer une fonction créative et corrective face aux lacunes normatives et à l'inaction des États dans la crise climatique. La proposition souligne la valeur de la jurisprudence en tant que source de transformation capable de garantir une écologie intégrale par le biais de principes généraux et de mécanismes judiciaires innovants.Mots-clés : Éthique environnementale, justice environnementale, responsabilité environnementale.Pretorianismo ambiental: Equidade jurisprudencial para uma governação climática transformadora.1905011113Resumo:Este artigo desenvolve o conceito de “praetorianismo ambiental”, entendido como a projeção do ius praetorium romano no direito ambiental contemporâneo. Tal como os pretorianos adaptaram o direito civil através de critérios de equidade, os tribunais podem hoje exercer uma função criativa e corretiva face às lacunas normativas e à inação do Estado na crise climática. A proposta destaca o valor da jurisprudência como fonte transformadora capaz de garantir uma ecologia integral através de princípios gerais e mecanismos judiciais inovadores.Palavras-chave: Ética ambiental, Justiça ambiental, Responsabilidade ambiental, Equidade intergeracional.00Resumo:Este artigo desenvolve o conceito de “praetorianismo ambiental”, entendido como a projeção do ius praetorium romano no direito ambiental contemporâneo. Tal como os pretorianos adaptaram o direito civil através de critérios de equidade, os tribunais podem hoje exercer uma função criativa e corretiva face às lacunas normativas e à inação do Estado na crise climática. A proposta destaca o valor da jurisprudência como fonte transformadora capaz de garantir uma ecologia integral através de princípios gerais e mecanismos judiciais inovadores.Palavras-chave: Ética ambiental, Justiça ambiental, Responsabilidade ambiental, Equidade intergeracional.Sumario1. A manera de introducción: ¡Qué no perezca el mundo! 2. Del campo de la Ética Ambiental y el Buen Gobierno a la Justicia Ambiental. 3. Jurisprudencia creadora para la tutela efectiva de los bienes comunes globales. 4. Determinación de la responsabilidad ambiental. 5. Arquitectura institucional para un sistema jurisdiccional y financiero en función de la gobernanza climática. 5.1. Jurisdicción ambiental internacional. 5.2. Fondo Internacional de Reparación Ambiental. 6. Conclusiones. 7. Notas de Referencia.“Men at some time are masters of their fates.The fault, dear Brutus, is not in our stars,But in ourselves, that we are underlings“A manera de introducción: ¡Qué no perezca el mundo!“Hágase Justicia, aunque perezca el mundo” (fiat iustitia et pereat mundus), apotegma de imprecisa autoría, como la mayoría de los aforismos quiritarios. Con certeza es una derivación de aquel otro: “Hágase justicia, aunque caiga el cielo” (fiat iustitia, ruat caelum) atribuido al magistrado, Lucio Calpurnius Piso Caesoninus, suegro de Gaius Iulius Caesar, empecinado en cumplir la última voluntad de su yerno. Pero también con toda lógica, aunque sin fuente precisa en textos latinos, se atribuye la expresión a Gaius Cassius Longinus, uno de los conspiradores y asesino de Julio César, en el marco de la defensa de la República contra lo que ellos consideraban una tiranía. Cualquiera sea el origen, lo cierto del caso es que el axioma fue utilizado como lema por Fernando I (1503-1564), emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que indubitablemente denotaba una voluntad de hacer Justicia bajo cualquier escenario.Resulta perfectamente racional que al lector de este artículo le surja una noción sustitutiva, más que complementaria, en cuanto a la realización de una Justicia internacional integral “para que no perezca el mundo”, tal como numerosos autores le atribuyen a Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831); aunque si revisamos su Fenomenología del Espíritu o su Filosofía del Derecho no aparezca en forma literal. Pero es que la misma situación se presenta con Kant (1724-1804), autor al que se le asigna con presencia literal en su obra “La Paz Perpetua”, un proyecto filosófico-político para un orden internacional basado en repúblicas constitucionales, un federalismo de Estados libres y el respeto al derecho como fiel de la balanza, todas condiciones necesarias para una paz duradera y racional. Tal vez se pueda admitir como una formula interpretativa de su pensamiento moral, aunque tampoco aparezca en la propuesta, en forma expresa, la mencionada frase,. Pero, insisto, el aforismo es tan general que permite a cualquier filosofo del derecho invocarlo para sintetizar sus razonamientos sobre la justificación del orden jurídico internacional.Ante las limitaciones del sistema codificado para garantizar una gobernanza ambiental efectiva cabe ensayar otras opciones y perspectivas. Las restricciones se presentan tanto a nivel interno como internacional, fundamentalmente ante la difusa regulación y la falta de voluntad política para ejecutar los parámetros generales; o los múltiples obstáculos y vicisitudes que bloquean el acceso efectivo de ciudadanos, personas jurídicas y organizaciones no gubernamentales a los mecanismos de justicia ambiental. La situación se agrava ante la evidencia de que las determinaciones multilaterales de los Estados y organismos internacionales, en un número significativo de casos, son asumidas como decisiones no vinculantes o “soft law”, en los términos que se le atribuyen al renombrado jurista británico Lord Arnold McNair, primer presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.Lo cierto del caso es que, en materia de gobernanza ambiental, no bastan las normas regulatorias, sino que la voluntad política, a veces escasa o francamente negativa, precisa de un mecanismo garantista que adecúe los parámetros de participación social y de justicia intergeneracional en forma acorde con la urgencia generada por la crisis ecológica global. Y es en este punto que, precisamente, se requiere de una mirada filosófica que recupere la equidad como principio rector. Al situar la discusión en el plano del Problematĭcus iuris, en el sentido de que el derecho debe ir más allá de la función técnica o resolutiva para abordar los dilemas fundamentales de la justicia, se reclama además una racionalidad pura fundada en un compromiso con los valores trascendentes, —morales y sociales— que permiten concebir al derecho como construcción dinámica, no como sistema clausurado. Desde esta perspectiva, el derecho del cambio climático no puede limitarse a esquemas normativos preexistentes, anclados en el iuspositivismo. La emergencia ambiental demanda un enfoque que incorpore parámetros éticos y correctivos —la equidad intergeneracional, la justicia climática, los derechos de la naturaleza— que el derecho codificado aún no traduce eficazmente en esta materia. Se marca así un camino pretoriano, en el que el operador jurídico no aplica mecánicamente la ley, sino que debe completarla, la reinterpreta y la desafía cuando esta no alcanza a responder a los retos en el tiempo actual.Esta propuesta en el marco de la filosofía del derecho, la cual identifico como pretorianismo ambiental haciendo una extrapolación del Derecho Romano, parte de una visión propositiva y creativa del rol de los tribunales en el ámbito del derecho internacional del medio ambiente. Inspirado en el ius praetorium, aquel corpus normativo que los pretores romanos desarrollaban mediante el edicto para corregir, completar o flexibilizar la rigidez del ius civile, se pretende que los órganos jurisdiccionales, tanto nacionales como internacionales, ejerzan un papel análogo de adaptar y proyectar el derecho vigente para responder a los desafíos inéditos del cambio climático y de la degradación ecológica global.Del campo de la Ética Ambiental y el Buen Gobierno a la Justicia Ambiental.El buen gobierno ocupa un lugar central en la construcción ética de la justicia ambiental. Partiendo de la necesidad de definir parámetros de ética gubernamental que orienten la acción de los Estados frente al colapso ambiental, se torna imperioso elaborar una noción de buena gobernanza ambiental que garantice, no solo la coherencia normativa en el plano internacional, sino también el cumplimiento efectivo de la carga obligacional de los Estados con relación a sus compromisos climáticos. Esta alternativa, centrada en una ética ambiental sustantiva, permite articular una dogmática orientada a la efectividad de derechos fundamentales, en el ámbito interno de los Estados, vinculada al resguardo de la integridad ecológica del planeta, al de los sistemas que lo sustentan y al hábitat humano, asumiendo la dignidad propia de los seres.Es precisamente en la dimensión práctica donde más se evidencia la carencia de gobiernos éticamente comprometidos con la preservación de la casa común. Considero que cada vez que se violenta el sistema codificado de protección ambiental, la causa eficiente está en una gestión basada en el interés particular de un Estado o de grupos económicos, generalmente de carácter transnacional, desprovista de criterios de racionalidad y justicia. Lo que se expresa, a nivel estructural, en un patrón de “corrupción ambiental institucionalizada”, con efectos destructivos sobre la efectividad de la dogmática de derechos humanos. En lo interno, el impacto es doble: erosiona las garantías sustantivas del orden constitucional y debilita la confianza social en las instituciones estatales.Evidentemente, cualquier propuesta de gobernanza que pretenda ser considerada justa debe estar precedida por un enfoque ético en la gestión gubernamental, no solo como orientación moral abstracta, sino como estándar operativo imprescindible en el diseño e implementación de políticas públicas. El principio de justicia ambiental exige repensar la autoridad estatal desde una responsabilidad orientada al futuro, tal como advirtió Hans Jonas: Un imperativo que se adecuara al nuevo tipo de acciones humanas y estuviera dirigido al nuevo tipo de sujetos de la acción diría algo así como: «Obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra»; o, expresado negativamente: «Obra de tal modo que los efectos de tu acción no sean destructivos para la futura posibilidad de esa vida»; o, simplemente: «No pongas en peligro las condiciones de la continuidad indefinida de la humanidad en la Tierra»; o, formulado, una vez más positivamente: «Incluye en tu elección presente, como objeto también de tu querer, la futura integridad del hombre».La ética ambiental, así entendida, no puede desvincularse de la estructura institucional que la debe materializar. Se requiere un diseño normativo que incorpore principios como la equidad intergeneracional, el acceso justo a los bienes naturales y la transparencia en la toma de decisiones, lo cual se facilita si ese boceto tiene una actualización permanente a través de la jurisprudencia de los tribunales internacionales y nacionales. Fijémonos que la buena gobernanza ecológica se ha considerado como una condición determinante de la justicia ambiental. Por ejemplo, aunque el Informe Brundtland “Nuestro futuro común” no utiliza expresamente la fórmula “buena gobernanza basada en la ética”, ya en 1987, desarrolló con claridad la idea de que el desarrollo sostenible requiere instituciones eficaces, responsables y éticamente orientadas, tal como se refiere especialmente en los capítulos II (Tareas comunes) y III (Esfuerzos comunes).Por ello, más allá de los marcos jurídicos o las declaraciones multilaterales, la eficacia de cualquier política ambiental descansa en la calidad ética del poder que la administra. El tránsito de la ética ambiental a la justicia ambiental requiere, además de una preocupación moral por la naturaleza, estructuras jurídicas capaces de operar ante la urgencia ecológica con herramientas eficaces, innovadoras y legítimas. Si la ética ambiental nos sensibiliza respecto al valor intrínseco del entorno y nuestra responsabilidad intergeneracional, la justicia ambiental implica una resignificación del derecho como garante de esa responsabilidad, especialmente cuando fallan las instancias políticas tradicionales.En suma, el paso de la ética ambiental a la justicia ambiental implica la búsqueda del mejor derecho, función clave de la filosofía del derecho, una maduración del pensamiento jurídico que, reconociendo las limitaciones históricas del derecho positivo, abre espacio a nuevas formas de juridicidad donde la naturaleza no es un objeto de regulación sino un sujeto de protección.Jurisprudencia creadora para la tutela efectiva de los bienes comunes globales.El 14 de mayo de 1997 fue dictado el Decreto Nº 1.850, por el Presidente de la República de Venezuela en Consejo de Ministros, mediante el cual se establecía el Plan de Ordenamiento de la Reserva Forestal Imataca, ubicada geográficamente al sur de Venezuela. Ante la amenaza que implicaba la apertura al “uso minero” en zonas vitales para la biodiversidad, personalmente promoví una acción de nulidad por inconstitucionalidad contra dicho decreto alegando, para acreditar mi personería, la existencia de un interés difuso en la defensa del ambiente y los bienes comunes globales. El recurso fue admitido el 22 de julio de 1997 por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, equivalente al actual Tribunal Supremo de Justicia como máxima instancia jurisdiccional de la República de Venezuela, para que poco después, el 12 de noviembre del mismo año, fuera declarada con lugar la medida cautelar innominada que prohibía al Ministerio de Energía y Minas otorgar concesiones mineras en Imataca hasta tanto se resolviera la demanda. En realidad, esta decisión fue definitiva porque ante tal acción el decreto nunca se ejecutó y el proceso no culminó en sentencia de fondo.Este pronunciamiento judicial, en cuanto a la admisibilidad del recurso y la medida cautelar, se convirtió en un precedente institucional de tutela ambiental, articulado a la noción de justicia estructural que vengo planteando; especialmente, por el hecho de que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia reconoció la cualidad para actuar en defensa del ambiente con base a una valoración de los intereses difusos. Al declarar procedente la legitimación de actores sin interés patrimonial directo, la Corte rompió con el modelo patrimonialista del acceso a la justicia y garantizó la tutela de bienes comunes como el ecosistema, la salud y el orden territorial. Esta interpretación debía habilitar, a favor de cualquier ciudadano, la vía para exigir la revisión judicial de decisiones lesivas del patrimonio ecológico nacional.El precedente reconoció que el ambiente es un bien jurídico protegido cuya afectación activa legítimamente a cualquier persona interesada en su preservación, un interés simple y no calificado, en los términos de la administración de justicia venezolana, tal como ha sido asumido por los máximos tribunales constitucionales a nivel mundial en sus propios términos y calificaciones jurídicas. No admitir el interés procesal habría equivalido a dejar al ambiente sin defensor frente al poder público. Por ello, la Corte asumió no sólo una interpretación progresiva de las normas procesales, sino una actitud institucional que reforzaba la noción del ejercicio de una actividad jurisprudencial que transforma el derecho para proteger el ecosistema vegetal y el patrimonio ecológico del país. El caso Imataca sigue vigente como un ensayo de articulación entre control constitucional, técnica procesal ambiental y garantía judicial de lo común, en contraste con la actual administración de Justicia venezolana dependiente del Gobierno y otros intereses más allá de lo político; incapaz de detener la depredación ambiental a través de actos evidentemente viciados como la creación de un Arco Minero que afecta buena parte del territorio nacional y violenta los derechos fundamentales de las comunidades indígenas allí asentadas.Me inscribo en las corrientes recientes que defienden que el medio ambiente no es un simple objeto de regulación, sino que cualquier diseño institucional normativo debe ser el producto de una ponderación moral que reconozca a la naturaleza y a los seres que la componen el carácter de sujeto de derechos. Y para atajar anticipadamente cualquier murmuratio, en el sentido que le dió Cicerón (De Officiis, I.77), podría citar valoraciones de pretorianismo judicial como la definición de la Corte Constitucional de Colombia, al reconocer que el río Atrato, su cuenca y afluentes son sujetos de derechos con el fin práctico de garantizar su protección, conservación y restauración. Esta decisión respondió a la grave afectación ambiental y humanitaria causada por la minería ilegal en el Chocó, que vulneraba derechos fundamentales de comunidades étnicas. La Corte ordenó al Estado y a dichas comunidades ejercer conjuntamente la representación legal del río y diseñar planes de recuperación ambiental y cultural. No se trata de un acontecimiento aislado; al contrario, ha sido definido también en el ámbito legislativo e, inclusive, constitucional, tal como lo hace la Constitución de la República del Ecuador de 2008 al reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, en el marco de los artículos 71 al 74 del Capítulo Séptimo: Derechos de la Naturaleza, específicamente, el artículo 71 del referido texto fundamental.Así como el derecho pretoriano operó en el sistema quiritario como herramienta de equidad para ampliar la protección jurídica ante nuevas realidades sociales, hoy la jurisprudencia ambiental puede ocupar esa misma función frente a las lagunas normativas, omisiones estatales y la lentitud legislativa que impiden una respuesta eficaz a la crisis climática. Este enfoque cobra particular vigencia ante la insuficiencia o ineficacia de ciertos instrumentos internacionales y frente a la dificultad de los Estados para cumplir de manera oportuna y efectiva con sus obligaciones climáticas.Por tal razón, me refiero al pretorianismo ambiental para identificar una vía teórico-normativa que presente un papel renovado de la jurisprudencia en materia climática. Se trata de desplegar fórmulas equitativas para adaptar un derecho, la más de las veces estático, a la solución de conflictos mediante la activación de principios generales como la equidad intergeneracional, el principio de precaución y el de no regresión, aplicados por tribunales nacionales e internacionales como respuesta a los incumplimientos de obligaciones o a la insuficiencia normativa que evitan la contención del colapso ecológico. Un ejercicio que no se limita a interpretar la ley o las constituciones; la complementa, la humaniza y la transforma, convirtiéndose en fuente creadora de derecho. En este sentido, quiero destacar la importancia del fallo KlimaSeniorinnen v. Suiza ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que culminó en una condena a Suiza por no adoptar medidas suficientes para combatir el cambio climático, violando el artículo 8 (vida privada y familiar) y el artículo 6.1 (acceso a la justicia) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al no garantizar protección efectiva frente a los efectos del calentamiento global. Esta fue la primera vez que el alto tribunal europeo reconoce que la falta de acción climática puede vulnerar derechos humanos fundamentales y que los Estados tienen obligaciones positivas para proteger a las personas frente a sus efectos adversos.En cuanto a la cualidad para actuar, tema que fue clave en la referencia anterior al caso Imataca, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció la legitimación activa de una asociación civil (KlimaSeniorinnen) para representar a sus miembros vulnerables, incluso sin afectación individual directa. Esta valoración contenida en la sentencia, a la par de la limitación del margen de discrecionalidad de los Estados en materia climática, exigiendo medidas concretas, urgentes y verificables para cumplir compromisos internacionales, convoca a acciones colectivas ambientales en el sistema europeo de derechos humanos. Una decisión que además tiene la virtud de reafirmar el principio de justicia intergeneracional en el ámbito europeo, reforzando el deber estatal de actuar preventivamente, aunque el daño no se haya materializado.No se trata de una decisión aislada. Las más recientes sentencias han calificado al daño ambiental como interferencia injustificada, ya que la exposición prolongada a niveles de contaminación superiores a los umbrales legales afecta el bienestar y la vida privada, incluso sin prueba de daño físico inmediato, en Pavlov y Kotov v. Rusia (2022); han condenado a los Estados por no adoptar medidas efectivas frente a la contaminación, en Ardimento y otros v. Italia (2022); han definido que la delegación de servicios no exime al Estado de su deber de protección ambiental, especialmente cuando hay riesgos sanitarios verificables, caso Kotov y otros v. Rusia; en general, han desarrollado el estándar de protección ambiental indirecta y los primeros esbozos de un umbral de gravedad y afectación de la calidad de vida de forma sustancial como criterios de admisibilidad de las acciones.Finalmente, en el ámbito latinoamericano, deben valorarse las Opiniones Consultivas solicitadas a la Corte Interamericana sobre obligaciones climáticas y las decisiones del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza que reconocen personalidad jurídica a ríos, bosques y ecosistemas, evidenciando una mutación del paradigma jurídico hacia la tutela directa de los bienes comunes globales. Un giro que ha supuesto una reinterpretación estructural desde la equidad y la urgencia climática, al modo en que los interdicta romanos operaban como mecanismos protectores ante vacíos del ius civile.Determinación de la responsabilidad ambiental.La responsabilidad de los Estados frente al deterioro ambiental no es una noción reciente, ni limitada por la naturaleza de los tratados internacionales suscritos. Desde el reconocimiento temprano por parte de la comunidad internacional del deber estatal de cumplir las obligaciones pactadas, como se expresó en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, se ha tratado de consolidar una estructura jurídica orientada a proteger los intereses superiores de la humanidad. Entre ellos, destaca la preservación del medio humano como componente inseparable de la paz y la seguridad global. Sin embargo, la eficacia de estos mecanismos es controvertida.Esta perspectiva adquiere particular relevancia al considerar el carácter transfronterizo del daño ambiental, especialmente en aquellos casos con impactos simultáneos en diversos territorios, múltiples factores de conexión y entornos tecnológicos que amplifican sus efectos negativos más allá de los límites jurisdiccionales. Ello genera serias dificultades para delimitar la competencia en litigios de índole ambiental. Además, estos daños no se circunscriben al presente: su alcance puede extenderse hacia las generaciones futuras, lo que exige una ética de la responsabilidad que trascienda la mera cuantificación del perjuicio o la valoración de la intención, e incorpore una comprensión integral del impacto como fenómeno temporal, multidimensional y compartido.Esta situación es contrastante con la tendencia predominante en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) cifrada en un enfoque de imputación subjetiva dentro del cual la definición de responsabilidad Estatal requiere demostrar: a) La existencia de un hecho internacionalmente ilícito, conforme al derecho vigente; b) La atribución de ese hecho al Estado, generalmente a través de actos de sus órganos, agentes o estructuras que actúen bajo su control; y, en general, gradación de intencionalidad, negligencia o conocimiento, especialmente en conflictos armados, uso de la fuerza o violaciones de tratados. La tendencia anteriormente descrita también se ha manifestado en conflictos ambientales. Persisto en el punto, la responsabilidad ambiental ha sido tradicionalmente concebida como una forma de responsabilidad objetiva, cuya complejidad deriva de la interacción entre daños pasados y actuales, múltiples causas y actores, y contextos como el cambio climático, donde el origen del daño suele ser difuso y no intencional. Por ello, la respuesta jurídica requiere superar la lógica individualista de la culpa y avanzar hacia un modelo ético plural, adaptado a la naturaleza sistémica de los conflictos ecológicos.Se advierte así una vinculación directa entre degradación ambiental y deterioro humano. La separación entre técnica y ética, y el uso indiscriminado del poder tecnocrático sin una conciencia sobre sus efectos, genera prácticas altamente lesivas al entorno y, por extensión, a la dignidad humana. La especulación económica y la primacía de la renta financiera en la lógica global refuerzan este modelo, invisibilizando las consecuencias sobre sectores vulnerables y naturalizando la injusticia ecológica.Este diagnóstico plantea un reto estructural de justicia ambiental. ¿Cómo asignar responsabilidad en un escenario donde confluyen causas históricas, emisiones acumuladas, asimetrías entre países y ausencia de conciencia ambiental en generaciones pasadas? La idea de reparación se enfrenta a una barrera técnica: una aparente imposibilidad para mensurar el daño de ciertas emisiones históricas; las cuales, sin embargo, tienen efectos verificables sobre países que no contribuyeron sustancialmente a generarlas. La degradación ambiental, en este enfoque, no es solo un asunto climático o técnico, sino profundamente ético, político y relacional.Si bien la falta de voluntad ambientalista en épocas anteriores dificulta la atribución directa de responsabilidades, persiste una continuidad de prácticas contaminantes que prolongan la cadena de responsabilidad. Algunos actores económicos actuales, aunque operan dentro de marcos legales vigentes, reproducen patrones extractivistas y contaminantes que confirman la vigencia del deber estatal de regulación y supervisión activa. En este contexto, considero que la ética de la responsabilidad estatal debe partir de cuatro pilares reconocidos hoy por el derecho internacional del ambiente:Universalidad del deber de proteger el medio humano como parte de los intereses superiores de la humanidad;Intergeneracionalidad del daño, que impone obligaciones hacia el futuro sin perder de vista los errores del pasado;Objetivación de la responsabilidad, que no depende de la intención sino del efecto causado;Reconocimiento de la deuda ecológica, como principio distributivo entre quienes históricamente han contribuido más al deterioro ambiental y quienes más lo padecen.Los Estados son los principales sujetos pasivos de obligaciones internacionales en materia ambiental. Su deber de prevención, contención y reparación del daño se extiende no solo al cumplimiento de tratados multilaterales, sino también a la vigilancia del comportamiento de actores privados que operan bajo su jurisdicción, como ya se ha constatado jurisprudencialmente en la Unión Europea. Al mismo tiempo, las empresas y particulares, especialmente aquellos con capacidad tecnológica y extractiva significativa, deben responder por prácticas que contribuyen de forma directa y cumulativa al deterioro ecológico. La responsabilidad compartida de ambos niveles exige superar el modelo clásico de culpa o dolo individual, incorporando los criterios objetivos y estructurales anteriormente mencionados, en especial en escenarios como el cambio climático.La omisión en la contención del cambio climático genera una forma de responsabilidad difusa pero jurídicamente relevante. Cuando los Estados no adoptan medidas urgentes, efectivas y verificables, se produce una afectación al equilibrio global y se configura una violación indirecta de derechos humanos, como también ha reconocido la jurisprudencia de los tribunales internacionales. En este contexto, el “principio de proporcionalidad intergeneracional” impone deberes éticos y jurídicos hacia comunidades futuras, aun cuando el daño no se haya manifestado en forma concreta.Como otro supuesto especifico de pretorio ambiental, debo citar la interpretación del principio anterior por parte del Tribunal Constitucional Alemán, en el caso Neubauer et al. v. Germany (2021), donde se estableció que las medidas climáticas actuales deben distribuir equitativamente las cargas entre generaciones presentes y futuras:bb) Otras exigencias para dicha justificación constitucional se derivan del principio de proporcionalidad. Los derechos fundamentales obligan al Legislador a configurar con anticipación la reducción de las emisiones de CO2 que es requerida desde el punto de vista constitucional por el art. 20a LF hasta el punto de la neutralidad climática, de modo tal que las pérdidas de libertad asociadas sigan siendo razonables, a pesar de que las exigencias de protección climática sean cada vez mayores, y que las cargas de reducción no se distribuyan de manera desigual a lo largo del tiempo y entre generaciones en detrimento del futuro. Del principio de proporcionalidad se desprende que no es posible permitir que una generación consuma una gran parte del presupuesto de CO2 con una carga de reducción comparativamente leve, si esto al mismo tiempo significa que a las siguientes generaciones se les impondrá una carga de reducción radical, exponiendo sus vidas a una pérdida considerable de su libertad, algo que los recurrentes describen como un “frenazo total”. En el futuro, es probable que incluso las graves pérdidas de libertad se justifiquen invocando el principio de proporcionalidad y el derecho constitucional a los fines de proteger el clima. Por esta misma justificabilidad en el futuro surge el riesgo de tener que aceptar luego una considerable pérdida de libertad (véase supra 117 y 120). Debido a que el curso de las cargas futuras sobre la libertad ya viene siendo determinado por las disposiciones que actualmente definen las cantidades de emisiones permitidas, los impactos sobre la libertad en el futuro deben ser proporcionales desde la perspectiva actual, mientras todavía sea posible cambiar de rumbo. La máxima jurisdicción alemana, en su decisión, sostiene que el Estado tiene la obligación de proteger los fundamentos naturales de la vida, especialmente en atención a las generaciones futuras. Esta responsabilidad no se limita a la preservación ambiental como principio abstracto, sino que incluye una distribución equitativa de las cargas entre generaciones. La normativa federal alemana exige velar y preservar los recursos naturales en condiciones que permitan a las generaciones posteriores continuar su protección sin verse forzadas a adoptar medidas de abstinencia extrema. Esta concepción reconoce el carácter intergeneracional de la justicia ambiental y consagra una ética de la sostenibilidad que excede el corto plazo.En el comunicado de prensa oficial que fue hecho publico a raíz de la aprobación de la sentencia que estoy comentando, se destaca el problema de la cualidad para actuar, restringiendo posibilidades de considerar una amplísima legitimación en defensa de los derechos de la naturaleza:En la medida que los recurrentes sean personas naturales, sus recursos de amparo son admisibles. Sin embargo, las dos asociaciones ambientales no tienen legitimación para interponer un recurso de amparo. Como “defensores de la naturaleza” alegan, sobre la base del art. 2 (1) LF en concordancia con el art. 19 (3) LF y el art. 20a LF a la luz del art. 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE), que el Legislador no ha tomado las medidas adecuadas para limitar el cambio climático y, por lo tanto, desatiende disposiciones vinculantes de la Legislación de la UE para la protección de los fundamentos naturales de la vida. La Ley Fundamental y el derecho procesal constitucional no prevén este tipo de legitimación para interponer un recurso de amparo.Igualmente, el comunicado de prensa del Tribunal Constitucional Federal de Alemania destaca que la protección de la vida y la integridad personal, prevista en la ley especial federal que regula la materia, abarca la protección contra las afectaciones que sean causadas por la contaminación ambiental independientemente de quién y qué circunstancias las produzcan. Lo anterior supone la asunción de medidas de resguardo contra los riesgos que plantea el cambio climático, ejemplificando con los eventos meteorológicos extremos relacionados con el clima como las olas de calor, los incendios forestales, los huracanes, las lluvias torrenciales, las inundaciones, las avalanchas o los deslizamientos de tierra; adicionalmente, este deber implica también una obligación de protección a nivel jurídico-objetivo frente a las generaciones futuras. Entonces, como garantías de libertad sin límites temporales, los derechos fundamentales brindan protección a los recurrentes frente a la amenaza integral a la libertad que se configura por un traslado unilateral hacia el futuro de la carga de reducción de gases de efecto invernadero.El importante precedente coincide con instrumentos como el Acuerdo de París y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en los cuales se reconocen la equidad intergeneracional como criterio orientador de las políticas climáticas internacionales. En este contexto, la proporcionalidad intergeneracional exige que los Estados adopten medidas urgentes y equilibradas para evitar que las generaciones futuras enfrenten cargas excesivas derivadas de la inacción presente. Este es el argumento central para justificar el rol pretoriano de la justicia internacional en materia ambiental y quiero resaltar el comportamiento de la Corte Internacional de Justicia, como prototipo de abstinencia institucional perniciosa.En efecto, a pesar de constituirse en el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), establecido por la Carta de la ONU en 1945, la Corte Internacional de Justicia ha desempeñado un papel limitado en la consolidación del derecho ambiental internacional, especialmente ante la emergencia climática que ha sido definida como problema prioritario en todas las instancias internacionales. Como sustento objetivo de esta afirmación debo indicar que aunque la Asamblea General de la ONU solicitó expresamente una opinión a la CIJ sobre el tema del cambio climático, a la fecha de finalización de este trabajo (6 de julio de 2025), aún no ha procedido a elaborarla.Pero es que adicionalmente, a diferencia de tribunales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que han reconocido expresamente la relación entre derechos humanos, justicia ambiental y cambio climático, la CIJ ha mantenido ese enfoque conservador que ya se ha resaltado, centrado en disputas interestatales tradicionales y estándares mínimos como la evaluación de impacto ambiental o la prevención de daños transfronterizos. Su falta de decisiones condenatorias y su demora en producir una opinión consultiva sobre cambio climático reflejan la necesidad de un pretorio ambiental tal como se ha venido desarrollando en este trabajo.Arquitectura institucional para un sistema jurisdiccional y financiero en función de la gobernanza climática.Constituye la premisa básica a considerar en toda propuesta, realizada desde la filosofía ambiental y del cambio climático, que el diseño de un sistema ético y jurisdiccional para la protección ambiental debe partir de repensar los fundamentos de la responsabilidad en contextos transnacionales. Frente a la magnitud del daño ambiental y su efecto diferido sobre generaciones futuras, se torna necesario articular una estructura que integre la responsabilidad estatal y particular, bajo la égida de una ética ambiental compartida, operativa a través de un esquema de justicia institucionalizada internacional con base regional.En este sentido, la justicia ambiental no se reduce al reconocimiento de derechos, además implica la creación de estructuras institucionales que permitan su ejercicio y reparación efectiva cuando son vulnerados. Considero que esta justicia debe contemplar tres dimensiones: a) La indemnizatoria a través de la reparación económica y moral por los daños derivados del incumplimiento de deberes ambientales; b) La precautelar basada en la eficacia de medidas dirigidas a precaver y contener las prácticas que impliquen una posibilidad racional de causar daño ambiental o con el objeto de neutralizar los efectos negativos por las omisiones de órganos del Poder Público de los Estados, lo que implica que estos incumplen su carga obligacional; y c) La redistributiva, con certeza la más compleja, que deriva de la definición de los deberes inherentes a los Estados e, inclusive, a los particulares, y a la evaluación ponderada del daño histórico inferido.En cuanto al último aspecto, la distribución equitativa de cargas en la lucha contra el cambio climático se fundamenta en la necesidad de corregir desigualdades estructurales que se evidencian tanto en la responsabilidad histórica como en la capacidad actual de los Estados y actores económicos. Desde la perspectiva de Stephen Gardiner, el cambio climático constituye una “tormenta moral perfecta” porque combina complejidad intergeneracional, dispersión geográfica del daño y falta de un marco institucional efectivo. Así, la ética intergeneracional reclama que las generaciones actuales limiten su poder contaminante en función de su impacto acumulativo sobre las generaciones futuras.Por su parte, Henry Shue y Simon Caney reconfiguran la justicia climática como una forma de justicia distributiva, centrada en asignar las cargas en función de la contribución al daño y la capacidad económica para enfrentarlo. La crítica de Shue a las negociaciones internacionales reside en su incapacidad para construir mecanismos que materialicen esta redistribución de deberes, por lo que concluye que no basta con definir objetivos, se requiere el diseño de instituciones justas, fondos compensatorios y sistemas de gobernanza que empoderen a los más pobres.La redistribución justa de cargas implica reconocer que los países con mayores emisiones acumuladas deben financiar una transición equitativa, mientras que los países más vulnerables deben recibir apoyo técnico, financiero e institucional. Como ya se indicó, este modelo exige un régimen de responsabilidad diferenciada y justicia redistributiva, fundado no solo en principios éticos mínimos (como el non nuisance), sino en una concepción robusta de la dignidad humana, universalidad de derechos y solidaridad global. Dadas las limitaciones de espacio para desarrollar in extenso esta propuesta, me limitaré a hacer un esbozo de los elementos complementarios al desarrollo teórico anteriormente definido. Tribunales Internacionales para la Protección de los Bienes Comunes Globales.Considero adecuado a los avances sustantivos en la temática ambiental la creación de tribunales regionales de justicia ambiental con competencia para conocer casos de daño ecológico y atribuir responsabilidades según los principios particulares que se han analizado y el criterio de supranacionalidad, cumpliendo con las tres dimensiones mencionadas: Indemnizatoria, precautelar y redistributiva. Pero muy especialmente para dar respuesta al impacto de daños estructurales de origen climático y ecológico.Esta jurisdicción serviría tanto para resolver disputas interestatales como para conocer denuncias de actores no estatales (Por ejemplo organizaciones de pueblos indígenas, comunidades afectadas u ONGs) relacionadas con la vulneración del derecho a un ambiente sano, el incumplimiento de obligaciones climáticas o la afectación de bienes comunes globales.Por supuesto, la cualidad de Juez ambiental parte de una formación integral que combine el conocimiento jurídico ambiental con la ética ecológica y la particular vocación de defensa de los derechos de la naturaleza. Sin romper la ensayada competencia dual, contenciosa y consultiva, muy especialmente estas instancias deben referir la ejecución de sus decisiones vinculantes, en casos concretos, al Fondo Ambiental Regional que garantice que esas medidas no resulten ilusorias. Este complemento institucional pretende vencer la resistencia estatal o ausencia de mecanismos internos de ejecución, así como la engorrosa intervención de agencias financieras adscritas a los órganos internacionales competentes mediante suspensión de fondos o medidas diplomáticas multilaterales.Fondo Internacional de Reparación Ambiental.La materialidad de la Justicia Ambiental requiere la definición de medios financieros que sirvan de respaldo a las decisiones de las instancias judiciales con competencia ambiental. En este sentido sería absolutamente factible la consagración, vía tratado internacional, de un Fondo Internacional de Reparación Ambiental constituido fundamentalmente con los aportes de los países históricamente más contaminantes, en función de indicadores como emisiones acumuladas, huella de carbono y modelos de producción. Adicionalmente, la participación proporcional de países en desarrollo, ajustada por parámetros objetivos como Producto Interno Bruto (PIB), Índice de Vulnerabilidad Climática e impacto local del daño ambiental. Por supuesto, la afectación del Fondo estaría en función de las decisiones reparatorias dictadas por los tribunales ambientales en el ámbito internacional y el financiamiento de las medidas reparadoras, saneamiento ecológico, educación ambiental y acceso a la justicia.Esta posibilidad de pretorio ambiental sistematizado y especializado en la reparación del daño ambiental fundamenta su viabilidad en la experiencia de instrumentos existentes como el Fondo Internacional de Indemnización por Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos, un modelo que, aunque imperfecto, demuestra la posibilidad de crear fondos multilaterales con régimen propio, ejecutables por órganos especializados y con capacidad de responder a daños ecológicos transfronterizos. No obstante, para este nuevo modelo se requiere una estructura que supere las limitaciones del sistema financiero multilateral tradicional.De manera que considero indispensable que el Fondo esté regulado por un tratado internacional especial que le otorgue personalidad jurídica internacional propia y que establezca expresamente, como una de sus misiones, la de soportar económicamente las condenas por daño ambiental de los tribunales ambientales internacionales y el financiamiento de acciones de mitigación, adaptación, restauración ecológica y soporte del costo de las medidas cautelares ordenadas por los órganos internacionales o los propios tribunales en materia ambiental. Considero imprescindible que, en caso de sentencia internacional firme (del tribunal ambiental propuesto), el fondo estaría obligado a liberar los recursos asignados sin autorización ulterior, garantizando así que las decisiones judiciales tengan impacto material inmediato.Dada la especial naturaleza y fines del Fondo propuesto, considero que debe ensayarse un sistema de gobernanza y administración horizontal y plural, a diferencia de los esquemas de voto ponderado por contribución, como en el Fondo Monetario Internacional FMI o el Banco Mundial, por lo que resulta de máxima utilidad el modelo del Fondo Internacional de Indemnización por Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos, ya citado, en que las decisiones se adoptan por mayoría simple o calificada, según el tipo de resolución; y los “Estados Parte” intervienen en la Asamblea y, en el supuesto de ser elegidos en el Consejo Ejecutivo, con voz y voto igualitarios. En el Fondo ambiental, las contribuciones financieras no deben otorgar mayor poder político o decisorio, porque esas cargas derivan precisamente de incumplimientos obligacionales. Inclusive, se puede plantear que los órganos de gobernanza estén integrados por los Estados, pero también por las comunidades autóctonas, sociedades u organizaciones científicas independientes y representantes de comunidades climáticamente vulnerables.Conclusiones.La responsabilidad ambiental de los Estados y actores privados ante el cambio climático exige una reconfiguración estructural y ética del sistema internacional, orientada hacia la justicia, prevención y reparación. No se trata solo de reconocer el daño, sino de crear mecanismos que lo enfrenten eficazmente, redistribuyendo cargas y facultando a quienes carecen de asegurada legitimación. Solo mediante un enfoque articulado, jurídico, ético y financiero, puede emerger una política ambiental global que sea verdaderamente justa. A este esquema lo he identificado como Pretorio Ambiental.La responsabilidad de los Estados frente al deterioro ambiental constituye una dimensión jurídica consolidada dentro del orden internacional contemporáneo, cuya evolución responde al reconocimiento de la protección del medio ambiente como parte de los intereses superiores de la humanidad. Sin embargo, los desafíos derivados de la dispersión normativa, el carácter transfronterizo del daño ecológico y su impacto intergeneracional exigen una reconfiguración del paradigma jurídico vigente. Frente a la insuficiencia del enfoque tradicional de imputación subjetiva, particularmente en la práctica de la Corte Internacional de Justicia, se plantea la necesidad de adoptar un modelo de responsabilidad objetiva, plural y ética, capaz de integrar a actores estatales y no estatales, y atender tanto la deuda ecológica como el principio universal de protección.En este contexto, considero que la construcción de un pretorio ambiental supranacional y la creación de un Fondo Internacional de Reparación Ambiental podrían representar opciones dignas de análisis, orientadas a garantizar justicia efectiva, redistribución equitativa de cargas y cumplimiento de decisiones vinculantes. Desde una perspectiva filosófica del derecho, se impone el desarrollo de una racionalidad jurídica transformadora que desborde los límites del positivismo y reivindique el papel creativo del operador jurídico frente a los desafíos inéditos del cambio climático, siempre pensando en el mejor derecho. Este “pretorianismo ambiental”, inspirado en el ius praetorium romano, convoca a los órganos jurisdiccionales a reinterpretar y adaptar el derecho vigente, orientando su aplicación hacia la equidad intergeneracional, la justicia climática y la dignidad de la vida como núcleo esencial del nuevo orden jurídico internacional.En efecto, para alcanzar una justicia ambiental global, resulta imprescindible superar las limitaciones técnicas del derecho internacional actual, el cual en muchos casos se presenta fragmentado, lento y centrado en disputas interestatales convencionales. La emergencia climática exige una transformación estructural de la gobernanza jurídica internacional que incorpore criterios éticos, solidarios y redistributivos, dando prioridad a la protección de los bienes comunes globales. La construcción de esta justicia exige no solo voluntad política, sino también una reinterpretación del rol jurisdiccional como instancia garante de derechos ambientales colectivos, que incorpore la participación de comunidades vulnerables, saberes locales y una racionalidad inclusiva orientada al bien común.Así, la justicia ambiental no debe concebirse como una esfera especializada o aislada dentro del derecho internacional, sino como un componente transversal que redefine los principios rectores de la convivencia global. La crisis ecológica interpela no solo a las instituciones jurídicas, sino también a la filosofía del derecho, al requerir una nueva ética jurídica que otorgue centralidad a la vida, la interdependencia de los ecosistemas y la sostenibilidad intergeneracional. Esta reconfiguración exige mecanismos judiciales ágiles, fondos compensatorios efectivos y una racionalidad normativa comprometida con la equidad climática como expresión concreta de una justicia internacional genuina y transformadora. Y culmino con la expresión inicial de este artículo, un diseño concebido “para que no perezca el mundo”.Referencias bibliográficas.Álvarez-Ramos, Tulio. “Contención de la corrupción como premisa de desarrollo político, económico y social.” En Investigación económica, social y humanística: enfoques y evidencias, tomo II. Caracas: Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales “Dr. Rodolfo Quintero” (IIES-FACES, UCV), 2022. Ponencia presentada en las XI Jornadas de Investigación, 29 de junio al 2 de julio de 2021.- Comentarios a las Institutas de Justiniano. Tomo II [Contratos]. (Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2012).Caney, Simon. 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Lo hace así José Javier Rueda en su artículo: “Fiat Iustitia pereat mundus.” Heraldo de Aragón, 2 de febrero de 2019. https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2019/02/02/fiat-iustitia-pereat-mundus-1290453-305.html. “Sea cual sea su origen, el aforismo fue afinado por Hegel con su Fiat Iustitia ne pereat mundus”. No aparece en la version en español del libro de Immanuel Kant, La paz perpetua: un proyecto filosófico, trad. y ed. en español, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, acceso el 24 de junio de 2025, https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-paz-perpetua--0/html/fefe81ac-82b1-11df-acc7-002185ce6064_3.html; tampoco en la version en alemán, Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden: Ein philosophischer Entwurf (Königsberg: Friedrich Nicolovius, 1795), Anhang I, disponible en https://www.gutenberg.org/files/46873/46873-h/46873-h.htm Por ejemplo, en el trabajo de María Isabel Garrido Gómez, “Análisis del soft law y especial consideración en los ámbitos del Derecho Internacional Público y el Derecho de la Unión Europea,” Revista de Derecho UNED 13 (2013): 5–33, https://revistas.uned.ac.cr/index.php/derecho/article/view/687. La autora señala que el término soft law fue utilizado por primera vez por Lord Arnold McNair para referirse a principios normativos abstractos, especialmente en áreas como el derecho ambiental, los derechos humanos y la gobernanza global discernidos mediante interpretación judicial. En este sentido, Dinah Shelton, “Advanced Introduction to International Environmental Law” (Cheltenham: Edward Elgar, 2021), 67. Hans Jonas, El principio de responsabilidad: ensayo de una ética para la civilización tecnológica, trad. Jorge Navarro Pérez (Barcelona: Herder, 1995), 42, disponible en https://etica.uazuay.edu.ec/sites/etica.uazuay.edu.ec/files/public/uazuay-etica-principio-de-la-responsabilidad-hans-jonas.pdf. Lo que se resume en la parte conclusiva del informe: 81. In its broadest sense, the strategy for sustainable development aims to promote harmony among human brings and between humanity and nature. In the specific context of the development and environment crises of the 1980s, which current national and international political and economic institutions have not and perhaps cannot overcome, the pursuit of sustainable development requires: a political system that secures effective citizen participation in decision making. an economic system that is able to generate surpluses and technical knowledge on a self-reliant and sustained basis a social system that provides for solutions for the tensions arising from disharmonious development. a production system that respects the obligation to preserve the ecological base for development, a technological system that can search continuously for new solutions, an international system that fosters sustainable patterns of trade and finance, and an administrative system that is flexible and has the capacity for self-correction. Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Our Common Future (Oxford: Oxford University Press, 1987), disponible en:https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf Quizás lo he convertido en una obsesión pedagógica, pero nunca dejo de subrayar en mis clases que el propósito fundamental de la filosofía del derecho va más allá del análisis lógico, fenomenológico o deontológico del derecho —es decir, más allá de saber qué es, cómo ha evolucionado, o qué debería ser. Insisto en que su tarea esencial es de carácter práctico y orientada hacia la búsqueda constante y perpetua (constans et perpetua voluntas) del derecho más justo que pueda lograrse (ius perfectissimum quod fieri potest). Esta no es una labor que pueda confiarse únicamente a los abogados, profesionales que, por formación y cultura institucional, suelen mostrar resistencia al cambio normativo. Alcanzar ese ideal exige una comprensión plena del derecho en su universalidad lógica, su raíz histórica común y su vínculo con la justicia como ideal regulativo; y demanda, además, explorar críticamente las tensiones entre moral y derecho, la coercitividad, y las bases del sujeto jurídico. Publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela No 36.215 ordinario del 28 de mayo de 1997. En aquel momento histórico no existía la figura del Defensor del Pueblo quien, de acuerdo con los artículos 280 y 281 de la Constitución venezolana, se constituye en el órgano garante de los derechos humanos; además de “los intereses legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos”, lo que se vincula estrechamente al derecho a un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. Ambos preceptos otorgan facultades para velar por el cumplimiento de tratados ambientales, impulsar reformas normativas en materia ecológica, y actuar en defensa de bienes colectivos, consolidando la protección ambiental como deber institucional del Estado. Asamblea Nacional Constituyente. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial N.º 36.860, 30 de diciembre de 1999. Reimpresa por error en Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 5.453, 24 de marzo de 2000, con Enmienda N.º 1 aprobada mediante Referendo Constitucional el 15 de febrero de 2009, anunciada en Gaceta Oficial N.º 39.124 del 19 de febrero de 2009 y publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 5.908 de la misma fecha. Disponible en: [PDF oficial – Asamblea Nacional: https://www.asambleanacional.gob.ve/storage/documentos/botones/constitucion-nacional-20191205135853.PDF] La creación del Arco Minero del Orinoco, formalizada mediante el Decreto N.º 2.248 del 24 de febrero de 2016 y publicada en la Gaceta Oficial N.º 40.855, constituye uno de los actos más controversiales en materia de política extractiva venezolana. Esta medida estableció una Zona de Desarrollo Estratégico Nacional de 111.843,70 km², equivalente a más del 12% del territorio nacional, afectando ecosistemas frágiles y territorios indígenas sin consulta previa ni estudios de impacto ambiental adecuados. Considero que el otorgamiento indiscriminado de concesiones mineras, incluyendo la explotación de uranio, torio, oro, coltán y diamante, constituye una forma de enajenación masiva de la riqueza nacional bajo el discurso de nacionalización, pero con efectos devastadores sobre la soberanía, la biodiversidad y los derechos de las comunidades autóctonas. Cfr. Decreto N.º 2.248, “Creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco”, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 40.855 del 24 de febrero de 2016. Disponible en: [https://gacetaoficial.io/venezuela/2016-02-24-gaceta-oficial-40855] No se diga que esto es una aberración jurídica porque desde añejo el derecho ha reconocido cualidad y personería en diversos conflictos y escenarios judiciales; por ejemplo, en el derecho marítimo internacional existe una figura excepcional, me refiero a la personalidad jurídica especial de las naves o buques, lo que permite que, en ciertos procedimientos judiciales, un barco pueda ser citado o incluso demandado como si fuera una persona jurídica autónoma. En Estados Unidos, bajo el Supplemental Rules for Admiralty or Maritime Claims, el buque puede ser demandado directamente por daño ambiental, colisión, incumplimiento de contratos de fletamento, o hipotecas navales, lo que resulta atípico en otras ramas del derecho, tal como expongo en “Great Lakes Insurance, SE V. Raiders Retreat Realty CO., LLC: Especificidad de la Jurisdicción Marítima en los Estados Unidos.” En Libro Homenaje a Fredy Belisario Capella, Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, 2025. Caracas: Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. Disponible en: [https://www.researchgate.net/publication/387752419] y [https://www.academia.edu/126980865]. En Venezuela, el procedimiento in rem está previsto en el marco del derecho marítimo, aunque con particularidades propias de nuestro sistema. La realidad es que hoy el derecho marítimo ambiental transforma la lógica patrimonial; no se trata sólo del comercio de bienes, sino de la responsabilidad global y ecológica asociada a los mares. Y lo dijo en estos términos: “9.32. En esa medida, dimensionando el ámbito de protección de los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia de protección del medio ambiente, la Constitución Ecológica y los derechos bioculturales[314] (fundamentos 5.11 a 5.18), que predican la protección conjunta e interdependiente del ser humano con la naturaleza y sus recursos, es que la Corte declarará que el río Atrato es sujeto de derechos que implican su protección, conservación, mantenimiento y en el caso concreto, restauración. Para el efectivo cumplimiento de esta declaratoria, la Corte dispondrá que el Estado colombiano ejerza la tutoría y representación legal de los derechos del río en conjunto con las comunidades étnicas que habitan en la cuenca del río Atrato en Chocó; de esta forma, el río Atrato y su cuenca -en adelante- estarán representados por un miembro de las comunidades accionantes y un delegado del Estado colombiano. Adicionalmente y con el propósito de asegurar la protección, recuperación y debida conservación del río, ambas partes deberán diseñar y conformar una comisión de guardianes del río Atrato cuya integración y miembros se desarrollará en el acápite de órdenes a proferir en la presente sentencia”. Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-622 de 2016, disponible en:https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-622-16.htm](https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-622-16.htm). En Nueva Zelanda, el Te Awa Tupua Act (Whanganui River Claims Settlement), 2017, otorgó al río Whanganui la condición de persona jurídica, con “todos los derechos, deberes y responsabilidades de una persona”. Este reconocimiento se fundamentó en la cosmovisión maorí, que proclama: Ko au te awa, ko te awa ko au (Yo soy el río y el río soy yo): Legal status of Te Awa Tupua. 14 Te Awa Tupua declared to be legal person. (1) Te Awa Tupua is a legal person and has all the rights, powers, duties, and liabilities of a legal person. (2) The rights, powers, and duties of Te Awa Tupua must be exercised or performed, and responsibility for its liabilities must be taken, by Te Pou Tupua on behalf of, and in the name of, Te Awa Tupua, in the manner provided for in this Part and in Ruruku Whakatupua—Te Mana o Te Awa Tupua. Parlamento de Nueva Zelanda. Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017. Wellington: New Zealand Parliament, 2017. Disponible en:[https://www.legislation.govt.nz/act/public/2017/0007/latest/DLM6830851.html] (https://www.legislation.govt.nz/act/public/2017/0007/latest/DLM6830851.html) Textualmente define que: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema”. Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial n.º 449, 20 de octubre de 2008, disponible en: [https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2020-06/CONSTITUCION%202008.pdf] European Court of Human Rights, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland, Application no. 53600/20, Judgment of the Grand Chamber, 9 April 2024,https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-7919428-11026177&filename=Judgment%20Verein%20KlimaSeniorinnen%20Schweiz%20and%20Others%20v.%20Switzerland.pdf. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Pavlov y otros c. Rusia, demanda núm. 31612/09, sentencia de la Sala Tercera de 11 de octubre de 2022, Estrasburgo, disponible en:https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-219640&filename=CASE%20OF%20PAVLOV%20AND%20OTHERS%20v.%20RUSSIA.pdf. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Ardimento y otros c. Italia, demanda núm. 4642/17, sentencia de la Sala de 5 de mayo de 2022, Estrasburgo, disponible en:https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?contentId=SDU379849. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Ardimento y otros c. Italia, demanda núm. 4642/17, sentencia de la Sala de 5 de mayo de 2022, Estrasburgo, disponible en:https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?contentId=SDU379849. Específicamente, la Opinión Consultiva OC-23/17, Medio ambiente y derechos humanos (Serie A No. 23, 2017), solicitada por Colombia, constituye un precedente histórico al reconocer el derecho a un medio ambiente sano como un derecho humano autónomo, con implicaciones individuales y colectivas. El pronunciamiento de la Corte Interamericana establece que los derechos ambientales tienen valor instrumental ya que protegen otros derechos como la salud y la vida, valor intrínseco ya que la naturaleza posee valor propio y es tutelable incluso si no hay afectación directa a seres humanos. En cuanto a las obligaciones estatales, define expresamente la de prevenir daños significativos, realizar estudios de impacto ambiental, garantizar el acceso a la información ambiental, participación pública, el acceso a la justicia ambiental y la aplicación del principio de precaución ante riesgos graves e irreversibles. En forma categórica se afirma la obligación de los Estados de evitar causar daños ambientales que afecten a otros Estados o zonas fuera de su jurisdicción como la alta mar. Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-23/17: Medio ambiente y derechos humanos, Serie A Nº 23, 15 de noviembre de 2017, San José, disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf. Considero que el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, fundado en 2014 por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN), se configura como un “pretorio ciudadano” que transforma el derecho mediante procedimientos ético-jurídicos que reconocen a la naturaleza como sujeto de derechos. Su base jurídica se inspira en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra (Cochabamba, 2010) y se proyecta sobre fundamentos constitucionales, como los ya citados artículos 71–74 de la Constitución ecuatoriana de 2008, que reconocen los derechos de los ecosistemas a existir, regenerarse y mantenerse en equilibrio. En el plano internacional, este tribunal reivindica principios del derecho ambiental emergente, como el contenido de la Opinión Consultiva OC-23/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya citada, que consagra la naturaleza como bien jurídico autónomo. Al juzgar casos emblemáticos de ecocidio, extractivismo o violación de los ciclos ecológicos, el tribunal se convierte en un pretorio internacional no estatal que produce narrativa jurídica transformadora y criterios doctrinales. Así, aunque sus decisiones no sean vinculantes, contribuye a la consolidación de un derecho transnacional de los bienes comunes, donde la jurisprudencia genera estándares que penetran cultural y jurídicamente en diversas jurisdicciones. He explicado en mis “Comentarios a las Institutas de Justiniano” que la noción de obligación pretoriana, remitía al poder creador del magistrado romano —el pretor— que, mediante la actio in factum, habilitaba la tutela jurídica para casos que no estaban formalmente previstos en el ius civile. No se trata de una fuente normativa externa ni contraria al derecho civil, sino de un mecanismo complementario, equitativo y adaptativo, propio de un sistema donde el derecho no es estático sino evolutivo. La obligación pretoriana surge allí donde el ordenamiento tradicional guardaba silencio, pero la justicia material demandaba protección. Efectivamente, argumentaba que esta figura encuentra su justificación en la necesidad de que el sistema jurídico no se agote en los supuestos tipificados, sino que se abra a la realidad del caso concreto, conforme al principio de equidad. Así, la actividad judicial no solo interpreta la norma, sino que puede suplirla cuando el ius civilis es insuficiente para resolver las tensiones sociales. Ahora bien, al proyectar esta lógica hacia el campo del derecho ambiental y del cambio climático, se abre la posibilidad de formular lo que he calificado como un pretorio ambiental. Esto se expresa como una dimensión jurisprudencial creativa en la que el juez, ante la ausencia de regulación específica o el vacío normativo frente a nuevas formas de daño ambiental, está llamado a crear tutela sustentada en principios superiores como la precaución, la intergeneracionalidad y la dignidad ecológica. Así como el pretor romano otorgaba protección in factum para preservar la equidad, el juez contemporáneo puede reconocer deberes y derechos ambientales allí donde el legislador aún no ha trazado un camino formal. Esta concepción se potencia en casos de daño difuso, cambio climático y protección de bienes comunes, donde la dogmática clásica (posesión, propiedad, contratos) resulta insuficiente. El pretorio ambiental es, entonces, la respuesta judicial frente al vacío normativo en clave ecosistémica, y la obligación ambiental derivada de estas decisiones es la forma que adopta ese deber jurídico emergente, no codificado, pero exigible, cuando se asume que la protección del ambiente no puede esperar a la ley. No debemos aguardar a que se materialice el daño para actuar. Cfr. Tulio Álvarez-Ramos, Comentarios a las Institutas de Justiniano. Tomo II [Contratos] (Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2012), § 3.2. Un ejemplo de este carácter lo podemos encontrar en los Objetivos climáticos para 2040 de la Unión Europea, presentado el 2 de julio de 2025. Este plan establece una reducción del 90 % de las emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2040, respecto a los niveles de 1990, y permite a los Estados miembros compensar hasta el 3 % de sus emisiones financiando proyectos climáticos fuera de Europa, como la reforestación en Sudamérica. Esta cláusula refleja una visión transfronteriza del cambio climático, reconociendo la necesidad de cooperación internacional para enfrentar la crisis ecológica global. Cfr. Comisión Europea. 2025. Objetivos climáticos para 2040. Presentado el 2 de julio de 2025. Bruselas: Dirección General de Comunicación. [https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/overall-targets-and-reporting/2040-targets_es]. Aunque la CIJ no utiliza una fórmula estandarizada como “gradación de intencionalidad, negligencia o conocimiento”, sí aplica estos conceptos como elementos jurídicos diferenciados según el tipo de responsabilidad y el contexto del caso. Por ejemplo, en Corfu Channel (Reino Unido v. Albania, 1949), la CIJ sostuvo que Albania debía haber tenido conocimiento de la presencia de minas en sus aguas territoriales, lo que implicaba una omisión culpable, aunque no se exigió prueba de intención directa, Cfr. Corte Internacional de Justicia. Corfu Channel Case (United Kingdom v. Albania), Judgment of April 9, 1949. Publicación oficial de la CIJ, Serie A, N.º 1. Disponible en: https://www.icj-cij.org/case/1. En Bosnia y Herzegovina v. Serbia y Montenegro (2007), en materia de genocidio, la Corte examinó si Serbia sabía o debía haber sabido del riesgo de genocidio, lo que introdujo un análisis de conocimiento y negligencia institucional, Cfr. Corte Internacional de Justicia. Caso relativo a la aplicación de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio (Bosnia y Herzegovina c. Serbia y Montenegro), Sentencia de 26 de febrero de 2007. Serie C, N.º 91. Disponible en: https://www.icj-cij.org/case/91. Inclusive, es tema actual la discusión en esta materia si los actos del Estado implican intención específica (dolus specialis) para cometer genocidio, lo que requiere una actividad probatoria más compleja. Cfr. Corte Internacional de Justicia. Caso de las plantas de celulosa sobre el Río Uruguay (Argentina c. Uruguay), Sentencia de 20 de abril de 2010. Serie C, N.º 135. Disponible en: [https://www.icj-cij.org/case/135]. En este caso la CIJ no declaró responsabilidad por daño ambiental sustantivo, al considerar insuficiente la prueba científica sobre contaminación transfronteriza. También, Cfr. Corte Internacional de Justicia. Ciertas actividades llevadas a cabo por Nicaragua en la zona fronteriza (Costa Rica c. Nicaragua), Sentencia de 16 de diciembre de 2015. Serie C, N.º 150. La Haya: Corte Internacional de Justicia. [https://www.icj-cij.org/case/150]. Aquí la CIJ evaluó la conducta estatal bajo criterios de conocimiento, omisión y diligencia, evitando imputaciones automáticas por el mero resultado ecológico. Solo para ejemplificar con un conflicto más que actual, la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3-2025), celebrada en Niza entre el 9 y 13 de junio de 2025, reveló el dilema central entre avance tecnológico, responsabilidad estatal y protección del patrimonio común. El debate sobre la moratoria a la minería submarina puso en evidencia la falta de consenso global frente a una actividad con alto potencial extractivo, pero de riesgos ecológicos aún no delimitados científicamente. Mientras solo 37 países respaldaron la pausa precautelatoria, otros privilegiaron intereses estratégicos, como lo demostró en su momento la Orden Ejecutiva emitida el 10 de noviembre de 2020 por Donald Trump que autorizó operaciones mineras en alta mar sin esperar marcos regulatorios multilaterales. Esta tensión refleja un problema filosófico singular, la complejidad de la tecnología por su capacidad de transformar sectores clave como energía y defensa, lo que puede tornarse lesivo cuando se aplica sin ética preventiva ni coordinación internacional. Además, expone la fragilidad del régimen ambiental global y la dificultad de establecer medidas vinculantes incluso ante amenazas irreversibles. El enfoque unilateral, basado en seguridad nacional o supremacía tecnológica, ignora los principios de equidad ecológica y derecho ambiental, debilita el principio de “patrimonio común de la humanidad” consagrado en la Convención sobre el Derecho del Mar, y agrava los conflictos con actividades sostenibles como pesca y turismo. Por tanto, el ejemplo de la moratoria a la minería submarina evidencia cómo la tecnología, sin diálogo multilateral ni responsabilidad ambiental, puede profundizar asimetrías, erosionar salvaguardas comunes y generar daños que la ciencia todavía no está preparada para revertir. En la versión de la sentencia en alemán: “bb) Weitere Anforderungen an die verfassungsrechtliche Rechtfertigung ergeben sich aus dem Gebot der Verhältnismäßigkeit. Die Grundrechte verpflichten den Gesetzgeber, die nach Art. 20a GG verfassungsrechtlich notwendigen Reduktionen von CO2-Emissionen bis hin zur Klimaneutralität vorausschauend so zu gestalten, dass die damit verbundenen Freiheitseinbußen trotz steigender Klimaschutzanforderungen weiterhin zumutbar ausfallen und die Reduktionslasten über die Zeit und zwischen den Generationen nicht einseitig zulasten der Zukunft verteilt sind (vgl. Kreuter-Kirchhof, DVBl 2017, 97 <102>; Meyer, NJW 2020, 894 <896 f.>; Gärditz, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 93. EL August 2020, Art. 20a GG Rn. 24; siehe auch Kube, in: Kahl <Hrsg.>, Nachhaltigkeit durch Organisation und Verfahren, 2016, S. 137 <143 f., 150 ff.> m.w.N.). Aus dem Gebot der Verhältnismäßigkeit folgt, dass nicht einer Generation zugestanden werden darf, unter vergleichsweise milder Reduktionslast große Teile des CO2-Budgets zu verbrauchen, wenn damit zugleich den nachfolgenden Generationen eine – von den Beschwerdeführenden als „Vollbremsung“ bezeichnete – radikale Reduktionslast überlassen und deren Leben schwerwiegenden Freiheitseinbußen ausgesetzt würde. Zwar können selbst gravierende Freiheitseinbußen künftig zum Schutz des Klimas verhältnismäßig und gerechtfertigt sein; gerade aus dieser künftigen Rechtfertigbarkeit droht ja die Gefahr, erhebliche Freiheitseinbußen hinnehmen zu müssen (oben Rn. 117, 120). Weil die Weichen für künftige Freiheitsbelastungen aber bereits durch die aktuelle Regelung zulässiger Emissionsmengen gestellt werden, muss deren Auswirkung auf künftige Freiheit aus heutiger Sicht und zum jetzigen Zeitpunkt – in dem die Weichen noch umgestellt werden können – verhältnismäßig sein”. Tribunal Constitucional Federal de Alemania, Neubauer y otros c. Alemania, sentencia de 29 de abril de 2021, disponible en: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/04/rs20210429_1bvr265618.html. Tribunal Constitucional Federal de Alemania, Neubauer y otros c. Alemania, Idem. Tribunal Constitucional Federal de Alemania. Comunicado de prensa N.º 31/2021, “Éxito parcial de los recursos de amparo contra la Ley Federal de Protección del Clima,” 29 de abril de 2021. Disponible en: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/ES/2021/bvg21-031.html?nn=68080 Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución A/RES/77/276: Solicitud de una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia sobre las obligaciones de los Estados con respecto al cambio climático. Nueva York, 29 de marzo de 2023. Disponible en: https://digitallibrary.un.org/record/4008332/files/A_RES_77_276-ES.pdf La solicitud se basa en el Artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas que faculta a la Asamblea General para pedir opiniones consultivas a la CIJ sobre cualquier cuestión jurídica. En este caso, la resolución A/RES/77/276 solicita a la Corte que determine: ¿Cuáles son las obligaciones jurídicas de los Estados para proteger el sistema climático y el medio ambiente frente a las emisiones de gases de efecto invernadero?; y ¿Qué consecuencias legales derivan de los actos u omisiones que causen daños significativos al clima, especialmente en perjuicio de los Estados insulares en desarrollo y de las generaciones futuras? Gardiner critica la excesiva dependencia de enfoques científicos y económicos, y cuestiona la visión política convencional del problema como una simple tragedia de los bienes comunes. El libro propone una ética pública más robusta para enfrentar el desafío, preservar el discurso democrático y evitar soluciones moralmente corruptas como la geoingeniería.Cfr. Stephen M. Gardiner, A Perfect Moral Storm: The Ethical Tragedy of Climate Change (Oxford: Oxford University Press, 2011), https://academic.oup.com/book/8312. Igualmente, en Stephen M. Gardiner, “A Perfect Moral Storm: Climate Change, Intergenerational Ethics and the Problem of Moral Corruption,” Environmental Values 15, no. 3 (2006): 397–413, https://www.jstor.org/stable/30302196. Henry Shue argumenta que los países ricos deben asumir mayores cargas por su responsabilidad histórica y capacidad económica. Propone mecanismos como transferencias internacionales y subsidios a energías limpias para evitar que la transición climática perjudique a los más pobres. Cfr. Henry Shue, Climate Justice: Vulnerability and Protection (Oxford: Oxford University Press, 2014). Caney defiende un “cosmopolitismo liberal e igualitario” como marco ético para la política global. Defiende la existencia de principios universales, como los derechos humanos civiles y politicos, y principios globales de justicia distributiva. Argumenta a favor de instituciones supraestatales que promuevan la justicia global y confronta teorías nacionalistas, realistas y estatistas, articulando una visión ética integral que relaciona valores universales, estructuras políticas y deberes transnacionales, subrayando que estos problemas deben abordarse de forma interconectada y no aislada. Cfr. Simon Caney, Justice Beyond Borders: A Global Political Theory (Oxford: Oxford University Press, 2005), [https://academic.oup.com/book/2961]. El Fondo Internacional de Indemnización de Daños Causados por la Contaminación de Hidrocarburos, creado por el Convenio Internacional para la Constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de Daños Causados por la Contaminación de Hidrocarburos (Fondo-71), publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N.º 4340 Extraordinario del 28 de noviembre de 1991, ha demostrado ser en la práctica parcialmente ineficiente. Mi experiencia de litigio contra el Fondo me lleva a afirmar su rigidez administrativa, lo que dificulta el acceso efectivo a la reparación por parte de sujetos jurídicamente vulnerables, como pescadores artesanales y pequeños empresarios marítimos. Además, al limitarse al aspecto reparatorio, no contribuye a mitigar el riesgo estructural que representa el transporte de hidrocarburos, ni a prevenir los impactos recurrentes sobre personas, bienes y ecosistemas. Esta omisión se agrava al perpetuar modelos de explotación que afectan la forma de vida de comunidades costeras preexistentes, generando una relación de causalidad entre la negligencia institucional y el daño económico sufrido. En cuanto al marco normativo vigente, el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños Causados por la Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos (CLC-69), junto con sus Protocolos de 1976 y 1984, se encuentra actualmente enmendado y consolidado bajo el Protocolo de 1992, que amplía los límites de responsabilidad y el alcance indemnizatorio. No se han adoptado nuevas modificaciones posteriores al Protocolo de 1992, aunque el sistema sigue siendo objeto de revisión por la Organización Marítima Internacional (OMI).El pretorio ambiental: Equidad jurisprudencial para una gobernanza climática transformadora.330205715000Tulio Alberto Álvarez-Ramos PAGE PAGE 1 LÓGOI Revista de Filosofía N.º 48Año 27. Semestre julio diciembre 2025ISSN:2790-5144 (En línea) ISSN: 1316-693X (Impresa) ISSN-L: 1316-693X Fecha de recepción: 07/07/2025Fecha de aceptación: 18/ 07/2025Pp. 93 – Pp.130PAGE \* MERGEFORMAT2LÓGOI Revista de Filosofía N.º 48Año 27. Semestre julio diciembre 2025ISSN:2790-5144 (En línea) ISSN: 1316-693X (Impresa) ISSN-L: 1316-693X iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAFgAAAAfCAMAAABUFvrSAAAAAXNSR0IB2cksfwAAAARnQU1BAACx jnz7UZMAAAAgY0hSTQAAeiUAAICDAAD5/wAAgOkAAHUwAADqYAAAOpgAABdvkl/FRgAAAf5QTFRF AAAAAAAA////////////8fHx7+/v6Ofn4+Pj4N/g39/f1tXV09bS0tXS0tXR0dTR0dTQ0NTQ0NPP z9PPztLOztHNzdHNzdHMz8/PzdDMzNDMzNDLzM/Ly8/Ly8/Ky87Kys3Jyc3Jyc3Iy8rLyMzIyMzH x8vHxsrGycjIxsrFxcnFyMfHxcnExMnExMjDw8jDxMfDw8fCwsfCwcXAwMXAwMW/wMS/v8S+v8O+ vsO+vsK9vcK9vcK8v7+/vMG8vMG7vMC8u8C7u8C6ur+6ur+5ub65ub64uL23t7y2urm5tru1tbq0 tLqztLmzs7iysrixtbW1srexsbewsLavsLWvr7Wur7SusLOvrrStrrOtr7KvrbOsrLKrr6+vq7Gq rKurpqqmo6ijoqaho6Ghn6OenqCdn5+fnp2dn5aampiZlpmWlZmUmJaXk5iTkZSRkZORkY+Pj4+P iYyJjIqLjoeLh4aHhIaEhIWEgoWChIGCf4F+gICAfX98fH98fnt8en15eXx5eHV2dnN0dXJzcHJv cHBwbmxsaGVmY19hYGBgXV5dWldYUFFQUFBQQ0RDQEBAPj8+Pzs8Pzc5NTY1MjMxMjExMDAwMS0u LS0tKioqKSopKSkpKCkoKCgoKicnKCUmJCQkIx8gICAgHxscGxsbGRkZEBAQDg4ODQ4NDQwNNUYW mgAAAAR0Uk5T/wAKDnDBpeYAAAPASURBVHjatZaNf1JVHMaf6kAEbF6vsgyQ6ygsmjKJptNG2NoY 23Lm1mq2DSp1682xrLSF1qKocAO0F1ZCL4cm4n/Zb4fdl27zM8XPHuBzPvfLPQ+H53fP7148hh3R IwBGE/HY8Uh3MNCpeN1ur+9AIBiK9MYGE6Nj429MTU/PJB9cEL4DfUfDQb/PJUttTmfbLtm13x8M 9/QNbDhPTk3PtOhMvi+GDiou6UqxAVKjeFna6wscjrxEzqcnJs9OzyxXQKos6/O2JQDi5BvwyOl1 aFpfkN3+Q5G+wcSpMxNTH1WBUi5XAqoXk0IXtycAYkdDAbe0CqCez0SjmXwdwOqRJ/2He2LxkbHx 9+6gYGckewF3xKzz90EAHA8f9JAv6hkra2qOrKtH3IFwb//Q6JkK8sSAjS9QTZKqgiyumIitq8um EQCRoCKTb9nONFnLwKrsC0b64iNXUXCoxqyAZUoTv35AvrfvZm0aoXPOcdKwIE3j7mdcafIVyzU6 L+z1h471J27BrnM7KslkBX/xmz8g8zlSGrGzLv7Tj1nOFwURxkGftI76PvYfWetYl/YHIy/HUWKk PJBnpBJoTunbbzjnWZtDJ8zyPv+MsXm+JogwDnRcATLMpDngsisQPjGAHCOBxEg50BwiXVkAWYdO LH/zPyhmzh8n0jTu3FNEnYKIFkqlTHP4hCbUUZQPUBZbG5NHdo3zlWGNvP5bVBg/oRkrUgN5MgRI pVkx0HEejV2+Qz2v/D8KQSzzzMFJN1UyfO45xlKc61F42wFaYhk1e7Q2V0bZPlubE1m0eYOR2O/N 4gGG4hFZ4WtryKa++kcl85wvLf3JP9aL53ECUcZEztog/oHT/Wwk9iUKzHy5EbEt3b67aDGSJU76 3iLI/RgP3dI3SM64QT5dMZGnUylHk5ijsO6rZSiKjUGPYuidlra0XrzNqmnFy6EhKVS8odferQDl fK6st5zz1W2JuNxWUWfa5TZbEgOroSh3ho69mjg1/ubXLbXNQEeasth6g7xwYnBkbIJ6fSuN/nmx pe332tKjp1s1piZ0YasmlHb5u3v7qdVPnp1pyRjXFPk6ORvakF20TeULPKS+8+42Nnprpg78LHmu 4aF11b37uunWJD31IVQ19wfER0g9IG46iZmdvfIF4800LXt0X7DNN9NJ89j0UwKY01BcUlq9/S9I LsWYg9o2DWTzZZDaTmDSL2/7OvZI7U5nu0QPLG/dgEF6EEbCzAtUgVk3Lp1UvB6PVzl5iWyxzYpV c3MdGHZcj+7Q0+a/KrvgUC2hl58AAAAASUVORK5CYII=Usuario de Microsoft OfficeJose Luis Da Silva22025-07-25T01:00:00Z2025-07-25T01:01:00Z2025-07-25T01:01:00Z138972553489Microsoft Office Word0445126falseTítulo1Title1false63088falsefalse16.0000