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Manifiesto contra el Arco Minero del Orinoco
Licda. Florencia Cordero
Licenciada en Geografía (UCV)
Especialista en Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable (UCV)
Email: fcordero.ucab@gmail.com
Primero quiero aclarar que soy una vocera, soy una vocera de un grupo
de profesionales vinculados con los temas de ambiente, derechos humanos y
el tema indígena. Durante los meses de febrero y marzo estuvimos
llamándonos por teléfono y atentos a una serie de situaciones que se estaban
presentando a nivel nacional, que llamaron la atención y que empezaron a
hacer sonar unas alarmas; les voy a explicar cuáles fueron esos tres
acontecimientos que son muy importantes y que nos llevaron al día de hoy a
presentarles este manifiesto.
Primero, el 14 de marzo del 2016, el Ejecutivo Nacional crea la Compañía
Anónima Militar de Industrias Mineras Petrolíferas y de Gas, la llamada
(CAMIMPEG) adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, y ese
decreto lo que busca es que las Fuerzas Armadas nacionales se encarguen
total, única y exclusivamente de todo lo que tiene que ver con la exploración,
explotación y comercialización de los productos del subsuelo; ese fue el primer
llamado de atención que tuvimos nosotros.
Luego, 10 días después por causalidad o casualidad, el Ejecutivo
Nacional, a través del presidente de la República, decreta la Zona de
Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco enmarcada dentro
del Plan de la Patria y a propósito de los 14 ejes de desarrollo socio productivo,
a propósito de la debacle económico que trajo consigo la caída de los precios
del petróleo en ese momento y simultáneamente sale el decreto. Vuelvo y
repito, causalidad o casualidad, el presidente de la República invita a 130
empresas nacionales e internacionales de 32 países a esta fiesta, a la rebatiña
de los recursos naturales.
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Figura 1: Algunas empresas con derecho a explotación de los productos
No saliendo todavía del estupor de estos procesos, de estos dos decretos
que se promulgaron prácticamente con 15 días de diferencia entre uno y otro,
Venezuela y el mundo amanece el 5 de Marzo de 2016 con una noticia que
nos consternó a todos: la masacre de los mineros en el municipio Sifontes en
el mismo mes. Entonces, esa serie de acontecimientos nos llamó la atención
y comenzamos a llamarnos por teléfono y cada cierto tiempo ya teníamos
planteadas ciertas ideas para conformar acá en Guayana el Observatorio
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Ambiental para que, ante estas situaciones de tipo socio ambiental,
pudiésemos manifestarnos como guayaneses y fijar posición.
Se elaboró este documento en cuya redacción participaron Luis Guzmán,
Ana Jorge, José María Fernández, Ligia Urich, Verónica
Ramos, Zidy Bastardo, Eleuterio Benítez y mi persona. Consideramos
importante redactar este documento que teníamos que hacerlo como forma de
pronunciamiento ya que estábamos a las puertas de toda esta situación, pero
quisimos hacer una consulta mucho más amplia.
Entonces, empezamos a llamar y a mandar correos, también a rescatar
los aspectos más resaltantes de una serie de pronunciamientos que se habían
hecho hasta ese momento no solamente a nivel regional sino también a nivel
nacional. Le consultamos a diferentes especialistas vinculados al tema
ambiental y minería como fueron Gustavo Veitia, Danny Morales, el Dr.
Arnaldo José Gabaldón, los geólogos Noel Mariño, Jesús Guzmán y Benjamín
Millán (este último había iniciado una investigación importante en el CIEPV
justamente sobre el tema minero), el profesor Carlos Hermoso, Sergio Milano,
Alejandro Lanz, la antropólogo Nalúa Silva, Esteban Emilio Monsonyi (rector
de la Universidad Indígena del Tauca), Rafael Uzcátegui y José Rafael
Lozada. Y, con esa información y teniéndonos a nosotros como
redactores, elaboramos este documento.
Este escrito tiene una diferencia con los otros manifiestos que se han
publicado antes con relación al problema del Arco Minero y es lo siguiente: la
mayoría de los documentos que han salido a la luz pública y que han estado
muy bien concebidos presentan principalmente las consecuencias que pueden
traer consigo un proyecto de esta naturaleza pero, nosotros como Universidad
Católica Andrés Bello Extensión Guayana, y con esa responsabilidad como
universidad, quisimos ir más allá y no solamente colocar en el manifiesto las
consecuencias, sino que estamos muy conscientes hay una realidad.
Por ejemplo, en la Reserva Forestal Imataca se dice, porque no hay un
censo, que hay 140 mil, 120 mil, 200 mil, 250 mil mineros. No importa la
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cantidad de mineros que se encuentre en ese lugar, la cuestión es que están
esos mineros allí y que viven una realidad que no podemos ocultar, pero no
hay una respuesta gubernamental. Desde hace muchos años se ha elaborado
una gran cantidad de proyectos para controlar la minería tales como el Plan
Caura o el Plan de Reconversión Minera y, ninguno de esos proyectos,
ninguna de esas propuestas, hasta ahora, ha tenido una acertada influencia
en las actividades que se desarrollan ahí.
Entonces como universidad pensamos que no solamente tenemos que
decir no al Arco Minero, sino que debemos saber qué hacer en el sur del
estado Bolívar, precisamente en esas áreas de minería ilegal, sobre lo que se
puede hacer para tratar de controlar la situación que está allí presente.
Muy bien, elaboramos nuestro manifiesto, dicho manifiesto tiene dos
formas de verse. Una, es una forma manual, en breve les voy a leer el
documento y al final del evento quien quiera aportar alguna otra información y
seguir indagando en el tema puede adquirirlo de forma física a través del blog
antearcominero.blogspot.com, uno de los mecanismos más acertados para
tratar sobre el tema debido a la facilidad de acceso para hacerles llegar la
información a sus celulares o computadoras. Pueden, desde ese link, leer el
documento y ahí mismo suscribirse, nosotros colgamos la información ayer y
para la mañana de hoy ya teníamos 627 mil entradas y 197 personas que ya
lo habían subido.
Desde ahí también han surgido una gran cantidad de pronunciamientos
con respeto al manifiesto y hace unos días también se planteó la idea de hacer
llegar este documento al Tribunal Supremo de Justicia, no solamente
queremos que este documento se quede aquí, sino que pueda llegarle a una
gran parte de la población y de instituciones que apoyen nuestra causa, para
así poder contribuir al cese de esta actividad al sur del estado Bolívar.
Antes de proceder a leer el manifiesto, quiero hacerles un tipo de
orientación de tipo geográfico que es importante que manejen. Este es un
mapa referencial en donde podemos contemplar las áreas que abarca el Arco
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Minero. El Arco Minero está localizado al sur del Río Orinoco y al norte de la
Faja Petrolífera del Orinoco, contempla cuatro áreas, estas cuatro áreas
representan aproximadamente 113 mil km2 y esos 113 mil km2 representan el
46% del territorio del estado Bolívar y el 135 % del territorio nacional. En esas
cuatro áreas están 10 de los 11 municipios que conforman el estado Bolívar,
y en esa área está localizada el 97,2% de la población total del estado.
Figura 2: Faja Petrolífera de Venezuela (morado) y Arco Minero del Orinoco (rojo)
Observen las dimensiones de un proyecto de esta naturaleza. El bloque
1 es un área con gran potencial de producción de coltán, diamantes, bauxita y
las denominadas tierras raras; en el bloque 2 tenemos minerales no metálicos
y oro; en el bloque 3 tenemos bauxita, hierro, diamantes y oro; y el más
conflictivo, que es el que se encuentra en el bloque 4, es un bloque especial
en el que se encuentra oro, y en esta zona que es la cuenca del Río Icabarú
donde encontramos diamantes.
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Figura 3: Bloques de producción minera del AMO
Asimismo, existen las denominadas zonas de régimen de administración
especial que colindan con la zona del Arco Minero.
Figura 4: Zonas de régimen de administración especial de Venezuela
Por ejemplo, esta zona que se ve aquí, que colinda con el bloque 4 es
el Parque Nacional Canaima, estos bloquecitos - cuadros que pueden
observar aquí son los monumentos naturales que representan a los tepuyes,
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acá se encuentra la Reserva Forestal de la Paragua, y esta inmensa área es
la Reserva Forestal del Caura y el último bloque contiene totalmente la
Reserva Forestal de Imataca.
Figura 5: Ubicación geográfica del Parque Nacional Canaima
El mineral de oro ha representado el 0,5% del Producto Interno Bruto
durante los últimos 5 años, tradicionalmente siempre ha sido la explotación del
oro a sabiendas de todo lo que se tiene planificado para la explotación de este
mineral se requiere aproximadamente unos 5-6 años para poder arrancar
como de verdad lo exige la ley pero ¿Realmente ustedes creen que van a
esperar que se realicen los estudios de impacto ambiental, que se hagan todas
las concesiones ambientales para así poder desarrollar el bloque? Es algo que
hay que considerar.
La ley orgánica para la ordenación del territorio establece que las
reservas forestales son única y exclusivamente para la producción de los
bosques y de madera a través de planes de manejo y situaciones bien
controladas, pero aquí ustedes ven estas manchas rojas dentro de la Reserva
Forestal de Imataca donde se encuentran los mayores desastres ambientales
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que podemos tener en Venezuela y que se encuentran en las zonas del
kilómetro 8, las Claritas y demás zonas afectadas para esa zona, para la que
hay una propuesta en particular.
Figura 6: Ubicación geográfica del Parque Nacional Canaima
Bien, entonces tenemos también aquí abajo, esta zona verde, cerca del
municipio Caroní, una zona con gran potencial de diamantes. Se estima que
esta es una gran reserva de diamantes, esta zona amarilla de aquí es donde
tenemos las reservas de oro, este azul que se encuentra aquí abajo es donde
se encuentra el bendito coltán y las tierras raras, este bloque gris, junto a este
otro bloque gris es donde se encuentra la bauxita y esta zona marrón que esta
acá es donde se encuentra el hierro. Esta zona moteada que se encuentra a
lo largo es donde se encuentran los recursos no metálicos, justamente las
comunidades indígenas de las etnias yekuana y los sanemá han evidenciado
su pronunciamiento.
Ello era para que tuvieran una idea más específica de las implicaciones
con respecto a las afectaciones de estas áreas por el proyecto del arco minero.
Ahora si me voy a permitir leerles el manifiesto.
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MANIFIESTO DE GUAYANA SOBRE EL ARCO MINERO
Ante la realidad de una crisis financiera sin precedentes en el país, el
Ejecutivo Nacional publicó en la Gaceta Oficial Nº 40.855 de fecha 24/02/2016,
el Decreto Nº 2.248, mediante el cual se crea la Zona de desarrollo estratégico
nacional “Arco Minero del Orinoco”, para el estímulo sectorial de las
actividades asociadas a los recursos minerales que posee el país. La
justificación de creación de esta zona de desarrollo, la sustenta el Gobierno
Nacional en el aprovechamiento de las potencialidades de los recursos
minerales que posee el país como una oportunidad clave para contribuir con
el desarrollo económico, productivo y social de la nación, salir del rentismo
petrolero y lograr un sistema productivo diversificado e integral.
La Zona de Desarrollo del Arco Minero (ZDAM) tiene una extensión de
111.000 Kms2 (el 46% del estado Bolívar), ocupa gran parte de 10 de los 11
municipios del estado, afecta prácticamente a toda su población;
especialmente a pueblos indígenas, pudiendo generar la desaparición masiva
de los mismos. En ella se encuentran las Áreas Bajo Régimen de
Administración Especial bajo las figuras de reservas forestales, monumentos
naturales, reservas de biosfera, parques nacionales, zonas protectoras y
cuencas protegidas por convenios internacionales, entre los que se incluye la
cuenca del río Caroní, la cual provee de las reservas de agua dulce más
importantes del país y es generadora del 60% de la energía que abastece a
las centrales hidroeléctricas.
El decreto otorga a la autoridad de la ZDAM un poder supraconstitucional,
suprarregional y supramunicipal en la planificación y ejecución de proyectos
que tienen como eje la “creación de los estímulos necesarios para incrementar
las capacidades de aprovechamiento de las potencialidades de los recursos
minerales” (artículo 4), otorgándole la potestad de contar con un régimen
especial de contrataciones públicas, incentivos tributarios, facilidades de
importación, régimen especial tributario y aduanero.
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En el acto de proclamación del decreto, el presidente Nicolás Maduro
invitó a 150 empresas nacionales y transnacionales a firmar memorándums
para la exploración, certificación y explotación de los recursos minerales que
existen en esta extensa zona.
Unos días antes de la emisión de este decreto, el presidente de la
República crea la empresa del Estado Compañía Anónima Militar de Industrias
Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG, GO. Nº 40.845 del 10-02-2016)
adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa que tiene por objeto,
realizar todas las actividades económicas referidas a la exploración,
explotación, procesamiento y comercialización de los recursos existentes en
el subsuelo del país, entre otras.
El 5 de marzo del presente año, el país y el mundo reciben con estupor
la noticia del asesinato de 17 mineros en una mina de oro del municipio
Sifontes. Esta tragedia evidencia la compleja situación que viven los habitantes
dedicados a la extracción y comercialización del oro en varios municipios del
estado Bolívar y las consecuencias de carácter económico, social y ambiental
producto de la actividad minera. Dada la riqueza de mineral de oro en la vasta
zona de Guayana y el valor convertible del mismo, muchos venezolanos y
extranjeros se arriesgan a buscar el preciado metal sin consideración de
ningún tipo de reglas ni normas ni control del Estado.
A pesar que es responsabilidad del Estado el control de la minería y que
las fuerzas armadas han de custodiar esta región, se evidencia una indolente
gestión que se manifiesta en la ilegalidad en que los trabajadores del oro
realizan la actividad, utilizando métodos de búsqueda, extracción,
procesamiento y comercialización que atentan contra la frágil masa boscosa,
las cuencas de los ríos, causando daños ambientales irreparables a la salud
de ecosistemas y seres humanos. Por otra parte, la riqueza que produce el oro
no se convierte en mejor calidad de vida para los que participan de esta
actividad económica, por el contario, viven en poblados sin los más esenciales
servicios, expuestos a enfermedades endémicas como la malaria y con el
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peligro permanente de arriesgar la vida a manos de bandas armadas que
controlan el negocio a través de la extorsión. Tampoco la comercialización del
oro, diamante y recientemente el coltán dejan ningún beneficio para el Estado.
Ante este escenario presente y futuro los abajo firmantes
RECHAZAMOS EL DECRETO DEL ARCO MINERO POR:
1. La violación de normas constitucionales sobre los derechos:
1.1. De los pueblos indígenas: el art. 119 establece que el Estado con
la participación de los pueblos indígenas, debe demarcar y
garantizar la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán
inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles. El
art. 120 consagra la previa información y consulta para que el
aprovechamiento de los recursos naturales no lesione su integridad
cultural, social y económica.
1.2. Derechos ambientales: El Estado protegerá el ambiente, la
diversidad biológica, los procesos ecológicos, los parques
nacionales y demás áreas de importancia ecológica. Es obligación
del Estado con la activa participación de la sociedad crear un
ambiente libre de contaminación en donde el aire, el agua, los
suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas,
sean protegidas (Art. 127). Se ordenará el territorio de acuerdo a
las previsiones del desarrollo sustentable con información, consulta
y participación ciudadana (Art. 128). Toda actividad susceptible de
causar daño a los ecosistemas debe ser previamente acompañada
de estudios de impacto ambiental y sociocultural. (Art. 129).
1.3. Derechos de libre asociación, libertad sindical y derecho a huelga:
El art. 25 del decreto de creación del ZDAM cercena estos derechos
e insta a los órganos de seguridad a incumplir la norma
constitucional en estas materias: Ningún interés particular, gremial,
sindical, de asociaciones o grupos, o sus normativas, prevalecerá
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sobre el interés general en el cumplimiento del objetivo. Los sujetos
que ejecuten o promuevan actuaciones materiales tendentes a la
obstaculización de las operaciones totales o parciales de las
actividades productivas de la ZDAM, serán sancionados. Los
organismos de seguridad del Estado llevarán a cabo las acciones
inmediatas necesarias para salvaguardar el normal
desenvolvimiento de los planes del ZDAM.
2. Rechazamos el querer convertir gran parte de la Región Guayana en
un territorio cuya actividad económica central sea la minería, en torno a
la cual giren las demás, pasando de un rentismo petrolero a uno minero
y fortaleciendo el extractivismo puro y simple, lo cual atenta contra otras
actividades económicas y sociales importantes, como el turismo, la
actividad agropecuaria, forestal y energética, entre otras.
3. Rechazamos entregar la exploración y certificación de recursos mineros
a transnacionales que pretenden nuestra riqueza porque atenta contra
nuestra soberanía e independencia económica.
4. Rechazamos la indolencia del gobierno nacional por no ejecutar una
política integral de la actividad minera en Guayana en términos de:
4.1. Protección de las cuencas hidrográficas; principalmente las de los
ríos Caroní, Paragua, Caura y Cuyuní.
4.2. Abandono de los organismos regionales y nacionales responsables
de la investigación, prospección y exploración de los recursos
naturales de la región (Tecmin, Ingeomin)
4.3. Quiebra y desmantelamiento de la empresa del Estado responsable
de la actividad minera del oro (Minerven).
4.4. Desmantelamiento de la institución del Estado venezolano con
responsabilidad en el área ambiental.
4.5. Falta de control de la minería a pequeña escala por parte de las
instituciones del Estado, lo cual ha generado una anomia social en
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materia de salud, seguridad, otras actividades económicas y, en
general, un deterioro de la calidad de vida de sus habitantes.
PROPONEMOS
1. Actualizar, discutir y promulgar el Plan de Ordenación del Territorio del
estado Bolívar y sus reglamentos de uso, con el objeto de armonizar
las actividades económicas y sociales de acuerdo a la vocación de uso
del espacio.
2. Aprobar la reforma parcial del Decreto N° 2.165 con Rango, Valor y
Fuerza de Ley Orgánica, que Reserva al Estado las Actividades de
Exploración y Explotación del Oro, así como las Conexas y Auxiliares
a estas, que rescata la competencia de la Asamblea Nacional para la
revisión y aprobación de contratos de interés público referidos a la
exploración, explotación y demás actividades sobre los minerales
propiedad de la República (artículos 150 y 187 de la CRBV).
3. Diseñar una política minera que contemple la creación de un ministerio
específico para esta área, reformar la ley de minas y su reglamento y
fortalecer las instituciones que tradicionalmente han investigado y
evaluado las potencialidades mineras reales de la región, tales como
Tecmin e Ingeomin, utilizando el talento humano venezolano.
4. Circunscribir, formalizar, ordenar y controlar la actividad minera en la
Reserva Forestal Imataca, únicamente a las áreas de excepción ya
existentes, con acompañamiento técnico profesional en el área
geológica, legal, social, ambiental y educativa, que garantice buenas
prácticas mineras, conjuntamente con el seguimiento de las
autoridades y la contraloría social por parte de distintas organizaciones
sociales (ONG, Consejos Comunales, representación indígena, entre
otros).
5. Someter los planes y proyectos por desarrollar a los controles
regulares establecidos en el ordenamiento jurídico nacional, ser de
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conocimiento público, cumplir con los procesos de consulta y las
aprobaciones correspondientes por los órganos de representación
nacional (Asamblea Nacional), regionales o locales, según el caso;
con el fin de garantizar el resguardo de los intereses generales de la
nación y de los intereses de las comunidades involucradas.
6. Apoyar los pronunciamientos que hasta ahora han sido formulados
para la defensa de los derechos Indígenas contemplados en la CRBV,
así como todos los pronunciamientos que hasta este momento se han
dado a conocer.
7. DEROGAR el Decreto No. 2.248, de fecha 24/02/2016, promulgado
por el Ejecutivo Nacional, mediante el cual se crea la Zona de
Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero y publicado en la Gaceta
Oficial No. 40.855 en función de los considerandos planteados en este
documento.
Muchísimas gracias.
