Introducción
La política pública seleccionada
para el análisis es la Misión Barrio
Adentro, cuyo programa forma parte del
Sistema de Misiones de la política social
de Venezuela desde el año 2003, consiste
según Rodríguez et al. (2006) en “ofrecer
a los barrios servicios de salud in situ que
comprende atención médica y suministro
de medicamentos gratuitos, y atención
domiciliaria a aquellas personas que por
razones de edad, grado de discapacidad o
enfermedad no pueden ser trasladadas a
los centros de salud” (p. 14).
De acuerdo con D’Elia (2006), el
objetivo general y los objetivos específicos
de la Misión Barrio Adentro se describen
como:
… la concreción de la atención
primaria en salud como prioritaria de
la política de salud, para dar
respuesta a las necesidades sociales
de la población, especialmente a la
excluida, bajo los principios de
universalidad, equidad,
accesibilidad, gratuidad,
transectorialidad, pertenencia
cultural, participación, justicia y
corresponsabilidad social,
contribuyendo a mejorar la calidad
de salud y vida. En cumplimiento
con esta tarea, los objetivos
específicos eran:
• Participación de las
organizaciones comunitarias:
Implantar un modelo de gestión
participativo, mediante la
organización y participación de las
comunidades, apoyada en la
contraloría social.
• Extensión de la red de atención
primaria: Fortalecer la red
ambulatoria aumentando su
capacidad resolutiva mediante la
construcción de los consultorios
populares.
• Educación y formación en
medicina de primer nivel:
Desarrollar y potenciar las
capacidades y habilidades de los
recursos humanos institucionales y
comunitarios, mediante la
educación y la formación
permanente.
• Control, seguimiento y
normalización de las actividades
de la Misión: Monitorear la
consolidación nacional de Barrio
Adentro y establecer la normativa
por la cual se regirían los
Coordinadores Regionales de
Barrio Adentro (p.32).
La Misión Barrio Adentro está
fundamentada en el reconocimiento de la
salud como derecho social fundamental a
partir de la instauración de la nueva
Constitución de 1999, donde se plantea
que “el Estado gestionará un sistema de
salud regido por los principios de
gratuidad, interpretándose como el no
pago por parte del usuario del disfrute de
cualquier servicio de salud” (Rodríguez et.
Al, 2006, p. 5), con la finalidad de