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GUAYANA MODERNA
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Guayana Moderna, N° 12
Diciembre, 2023
Venezuela
Fecha de recepción: 03-10-2023
Fecha de aceptación: 20-10-2023
pp.: 220-233
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Competitividad de las empresas de Venezuela ante el cambio climático
Competitiveness of Venezuelan companies in the face of climate change
Freitas Di tomo, Jorge P.
Universidad Católica Andrés Bello / Ciudad Guayana, Venezuela
jpfreitasditomo@gmail.com
ORCID: 0009-0004-6977-3316
Resumen
Haciendo uso de las funciones económicas básicas del derecho, se analizan las nuevas dinámicas
económicas y sociales que el cambio climático ha traído dentro del estilo de vida de las personas,
siendo esto el fundamento para comprender las diferentes reacciones que el sector empresarial
tiene ante estas nuevas realidades, y cómo su adaptación es de importancia para el desarrollo
económico de las naciones, siendo esto de especial relevancia para plantear en Venezuela un nuevo
modelo de desarrollo sostenible. A través del método deductivo, se toma como caso de estudio el
Pacto Verde de la Unión Europea y en particular la incorporación legislativa de este dentro del
Reino de España, con especial atención a su normativa fiscal referente al uso de plásticos en la
industria o el comercio. Lo anterior, permitió teorizar un sistema de desgravamen fiscal potestativo
para el sector empresarial venezolano, donde, gracias a la sustitución del uso de plásticos no
reciclados por aquellos ya reciclados, las empresas reciban desgravámenes en sus tributos; esta
propuesta tiene como objeto estimular en el sector empresarial una transición a una economía
descarbonizada y competitiva, evitando la intervención coactiva del Estado.
Palabras clave: cambio climático, reacciones, empresarial, desarrollo, económicas, sociales,
europea, plásticos, desgravamen, descarbonizada, Venezuela.
Abstract
Using the basic economic functions of law, the new economic and social dynamics that climate
change has brought into people's lifestyles are analyzed, this being the basis for understanding the
different reactions that the business sector has to these new realities and how its adaptation is
important for the economic development of nations; this being of special relevance to propose a
new model of sustainable development in Venezuela. Through the deductive method, the Green
Pact of the European Union is taken as a case study, in particular its legislative incorporation within
the Kingdom of Spain, with special attention to its tax regulations regarding the use of plastics in
industry or trade. The above made it possible to theorize a system of optional tax relief for the
Venezuelan business sector, where, thanks to the replacement of the use of non-recycled plastics
with those already recycled, companies receive relief on their taxes. This proposal aims to
stimulate a transition in the business sector to a decarbonized and competitive economy, avoiding
coercive intervention by the State.
Keywords: climate change, reactions, business, development, economic, social, european,
plastics, tax relief, decarbonized, Venezuela.
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Introducción
El cambio climático puede ser
abordado desde diferentes visiones o aristas
dependiendo del fin del estudio que se trate
pero, sin duda, una de ellas es la esfera
empresarial, siendo así cabe plantearse la
siguiente interrogante: ¿Podrán los
empresarios venezolanos adaptarse a la
nueva realidad de los mercados producto del
cambio climático?
En aras de responder a esta pregunta
es preciso definir el cambio climático,
producto de las diversas lecturas realizadas
concluimos que se puede describir como
aquella afectación a nuestro ecosistema que
genera una alteración en el largo plazo de los
patrones climáticos de nuestro planeta
causada por la acción humana; siendo varios
los elementos de dicho cambio; sin embargo,
uno de los más significantes, en términos de
su impacto negativo, son las emisión de gases
de efecto invernadero hacia la atmósfera
terrestre, que traen como consecuencia
fenómenos como: el aumento de la
temperatura promedio global, el aumento de
la ocurrencia de fenómenos meteorológicos
extremos, la pérdida de la seguridad
alimenticia de las sociedades, entre muchos
otros.
Una de las connotaciones más
importantes es el carácter a largo plazo que
poseen los efectos del cambio climático, lo
cual, en mi opinión, ha traído como
consecuencia una actitud que podría definirse
como procastinación climática empresarial, a
saber: las empresas al no verse impulsadas
directamente por una necesidad inmediata de
accionar ante el cambio climático, en su
mayoría dilatan la toma de acciones en pro de
mitigar su impacto ambiental. Aunque los
efectos climatológicos son a largo plazo y su
paulatina evolución tal vez no permite una
apreciación inmediata para el empresario,
existen elementos que han surgido dentro del
nuevo esquema social y que sí están
impactando drásticamente la forma de hacer
comercio a nivel mundial en relación a este
fenómeno, concordando con Plastics
Tecnology México (2022), estos son los
nuevos intereses del consumidor por adquirir
productos con menor impacto ambiental.
Gracias a los avances acrecentados de
la ciencia, que han generado un mayor
entendimiento de como la acción humana
está causando daños, en palabras de S.S. el
Papa Francisco (2015) a "nuestra casa
común” (p. 3), y los nuevos métodos de
difusión masiva de la información al alcance
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de gran parte de la población mundial,
ocurrió un importante cambio de perspectiva
dentro de la sociedad en cuanto al cambio
climático se refiere, siendo ahora este un
elemento determinante para la decisión de
una persona sobre consumir o no cierto
producto o servicio, es decir, tal como lo
indica Tendero (2008) existe mayor “grado
de sensibilizacin social” (p. 52) en cuanto a
lo que se consume, viéndose así modificados
los patrones de consumo.
Dentro de estos nuevos patrones, las
personas consideran como un elemento
crucial en el proceso de toma de decisión
sobre la adquisición de un bien o servicio, si
este es amigable con el ambiente o cuál es su
huella de carbono; a la luz de esto las
empresas han tenido que tomar posturas para
poder enfrentar las nuevas realidades del
mundo comercial, siempre en pro de
sostenerse en el tiempo procurando su
crecimiento y la obtención del objetivo
último que es la generación de riqueza.
Aunque los efectos negativos que a
largo plazo se pueden citar para demostrar,
sin lugar a dudas, que el cambio climático
afecta a las empresas, creo que es importante
traer a colación las siguientes preguntas:
¿acaso no existían, hace treinta años procesos
de degradación y deterioro de nuestro
ecosistema producto de la acción humana?,
¿los procesos productivos que dañaban
nuestro medio ambiente eran menos
peligrosos hace treinta años a los que ocurren
hoy en día?; para mi la respuesta a estas
preguntas es que no. Los procesos
productivos de hace algunas décadas tal vez
eran hasta más contaminantes que los de hoy
en día, por lo tanto el elemento que ha
cambiado y convertido al cambio climático
en un parámetro a considerar por las
empresas es el aumento del entendimiento y
conciencia de la población en general sobre
este fenómeno, y por ende un crecimiento
notable en la preocupación por sus
implicaciones.
Lo anterior concuerda con Mohd
(2013) quien indicó que el “comportamiento
ecológico de los consumidores está
relacionado con la sensibilidad del
consumidor, la conciencia y respuesta a las
preocupaciones ecológicas, grupos
ambientales y los productos ecológicamente
saludables tales como los alimentos
orgánicos” (p. 728). En este sentido, los
desafíos que en el plazo inmediato afronta el
empresario producto del cambio climático,
no se relacionan principalmente con los
elementos climatológicos que produce dicho
fenómeno sino que vienen dados por un
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interventor, a saber: la sociedad o el
consumidor; ya que este nuevo paradigma en
el cual los consumidores son más conscientes
de las necesidades ambientales crea un
mecanismos de sugestión hacia las empresas,
donde estas buscan adaptarse con productos
más ecológicos con miras a la neutralidad de
carbono para mantener su posición de
mercado.
El cambio de comprensión o
conciencia de la sociedad con respecto a la
importancia de mitigar el impacto negativo
de las actividades humanas en nuestro medio
ambiente no solo está determinando la toma
de decisiones a nivel de gobierno y estrategia
corporativa sino que debemos recordar que
en el ámbito político, en la mayoría de las
veces, las políticas públicas, legislativas o
decisiones gubernamentales se ven
determinadas por los intereses y
preocupaciones actuales de la ciudadania, ya
que de esta manera procurarán los políticos
ganar el favor popular; el caso del cambio
climático, no es la excepción.
Las masivas campañas que grupos
ambientalistas iniciaron varias décadas atrás,
las cuales originalmente eran observadas
como acciones aisladas y que no contaban
con un amplio clamor popular,
paulatinamente se fueron configurando en un
movimiento fuertemente afianzado en las
bases sociales, lo que causó que ingresaran al
tablero del ajedrez político múltiples
organizaciones con un claro tilde
ambientalista en su programa político, cuyas
campañas se basaban en difundir las
implicaciones del cambio climático.
Progresivamente, la llegada al poder
de estas organizaciones y el aumento del
interés de la población por este tipo de
políticas verdes, inició una ola de cambios
políticos tanto a nivel de las naciones como
en los organismos de cooperación
internacional, firmándose acuerdos
internacionales y estableciéndose objetivos
comunes para mitigar el impacto de la
actividad humana en el medio ambiente, tales
como alcanzar la neutralidad en carbono o la
eliminación de uso de materiales altamente
contaminantes.
A raíz de lo anterior, varios de los
Estados con mayor índice de desarrollo han
iniciado procesos legislativos para procurar
una transición a nuevos esquemas amigables
con el ambiente en materias como el
consumo energético, economías circulares, y
más recientemente en línea con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Organización
de las Naciones Unidas (ODS). La Unión
Europea ha sido el cuerpo político líder en
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esta materia, que por medio de su órgano
legislativo, el Parlamento Europeo, ha
constituido todo un marco de transición para
los miembros de la Unión con hitos claves
que deben ser alcanzados por cada uno de
ellos; la incitativa europea, punta de lanza en
esta materia, no solo determinó un cambio de
paradigma en los países de la Unión sino que
fue impactando en otros Estados del mundo
como un efecto dominó, denominado por
Bradford (2020): “como Efecto Bruselas”
(p.76).
De manera tal, que el propósito de
este análisis es comprender cómo el desafío
del cambio climático es determinante para la
actividad de las empresas y por tanto para la
competitividad de la economía nacional en el
mercado internacional; buscando entender
cual es la importancia de que en Venezuela se
establezca un nuevo modelo de desarrollo
con una economía descarbonizada, y la
oportunidad que tiene el sector empresarial
de ser el motor de dicho cambio en conjunto
con el Estado. Así las cosas, este trabajo
aborda diferentes áreas temáticas, a saber: la
reacción empresarial ante la complejidad del
desafío, los elementos destacados de la
intervención del Estado en la actividad
empresarial, la competitividad de Venezuela
en el mercado internacional, el desgravamen
fiscal como un incentivo para las empresas, y
las reflexiones finales donde se conjugan las
concluimos de las antes mencionadas áreas.
Reacción empresarial ante la complejidad
del desafío
Ante la concientización de la
población sobre el cambio climático y la
tendencia de los Estados a regular en la
materia, las empresas se han visto en la
necesidad de abordar el tema, y como es
propio de la naturaleza humana, han sido
diversas las formas en las cuales el
empresario ha reaccionado ante esta nueva
corriente del mercado; Duarte (2014)
sostiene que ante esta realidad existen
diversas decisiones corporativas que llevan a
las empresas a asumir pluralidad de
posiciones. De acuerdo a su tesis existen
cuatro posibles posturas que pueden
asumirse; en primer lugar, nos debemos
referir a una posición reactiva, entre las que
destacan aquellas empresas que poseen una
inexistente responsabilidad ambiental, las
organizaciones de minería son un ejemplo
que se subsume perfectamente en la realidad
de la Región Guayana con los intensos
procesos extractivistas que de manera
irresponsable se llevan a cabo al sur del
estado Bolívar causando daños irreparables al
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ecosistema producto de la contaminación
química y la deforestación; sin duda, las
empresas con esta posición son las que
poseen un mayor impacto negativo en el
medio ambiente.
De igual forma, este refiere que
encontramos en segundo lugar, la posición
acomodaticia, refiriendo aquellas empresas
cuyo compromiso ambiental se encuentra
determinado por las exigencias legales del
Estado, es decir, se limitan a realizar las
acciones mínimas necesarias para poder
cumplir los estándares exigidos por el ente
gubernamental para entrar dentro de los
parámetros mínimos establecidos en la ley.
También, indica que en tercer lugar se
encuentran las empresas con una posición de
stakeholders, para referirse a aquellas
sociedades mercantiles que sin ser la
coacción estatal, tal como en el caso anterior,
el principal impulsor de su responsabilidad
ambiental, dicha presión viene dada por el
impulso de grupos externos o internos, tal
como es el caso descrito anteriormente de las
empresas que aumentan su responsabilidad
ambiental con miras a la satisfacción de los
intereses de sus consumidores. Por último
lugar, refiere el autor a las empresas con una
posición proactiva, sosteniendo que son
aquellas que, como parte de su gobierno
corporativo, realizan planes de acción que
buscan prevenir los problemas ambientales,
esto sin la necesidad de la coacción de
agentes externos.
Las posiciones que asumen las
empresas ante la realidad del cambio
climático, representan diversas formas en la
cuales estas expresan su responsabilidad en
razón del impacto que tienen sus acciones en
el ambiente. Es así como podemos clasificar
las posiciones de las empresas de acuerdo a
un criterio que atiende a si las empresas
poseen o no el impulso de un agente ajeno a
si misma para la toma de sus decisiones,
pudiendo dividirlas en dos grupos: primero,
las coaccionadas, entre las que se encuentran
las acomodaticias y stakeholders, y en
segundo lugar, las libres, entre las que
encontramos las reactivas y proactivas.
Intervención del Estado en la actividad
empresarial
El cambio climático ahora es un
asunto de agenda pública, donde las naciones
más desarrolladas han asumido acciones
desde las que determinan cuales son los
mecanismos idóneos para que las empresas
modifiquen su comportamiento en función de
mitigar su impacto ambiental, en especial
atención a la reducción de la producción de
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gases de efecto invernadero por la actividad
empresarial, tal como lo realizó de la Unión
Europea; casos como el antes citado, en mi
opinión, son ejemplo ideal de cómo en
sociedad debemos organizarnos para lograr
minimizar el impacto de la acción humana en
el medio ambiente.
Tal como se denota en las plataformas
de información de la Comisión Europea
(2023), la Unión Europea ha implementado
un modelo que por medio de la promulgación
de regulaciones ordenadas, paulatinas y
debidamente substanciadas bajo los trámites
parlamentarios, ha establecido un régimen
legal marco para los Estados parte que
procura una transición hacia una economía
verde, neutral en carbono, integrada con
sistemas de energía limpia, entre otros
elementos innovadores, medidas todas que
tienden a evitar el aumento de la temperatura
promedio global, destacando la prohibición
de utilización de plásticos de un solo uso,
entre otras. Esto en aras de cumplir los
compromisos asumidos en el marco de
acuerdos internacionales, destacando los
ODS, la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático y el
Acuerdo de París.
Al establecer la Unión Europea un
marco legal obligatorio para las empresas que
funcionan en la Unión, busca que sus
empresas modifiquen sus procesos y políticas
de trabajo para alcanzar una economía verde;
sin embargo, es preciso considerar lo salvado
por Duarte (2014) que sostiene que “adoptar
una determinada postura (…) se relaciona
directamente con los valores y la cultura
organizacional de las empresas…” (p. 83).
Por lo tanto, al momento de legislar es
primordial considerar las condiciones propias
de las empresas, ya que estas determinan el
éxito o fracaso de una legislación. A pesar de
lo que algunos pudiesen considerar como una
intervención en el libre funcionamiento del
mercado, defiendo que la creación de
normativas en la materia bajo estudio, que
procuren una transición del sector a una
operación más amigable con el ambiente, trae
consigo establecer la protección al medio
ambiente como un bien jurídico tutelado por
la ley y que dado su carácter de interés
público o común deberá superponerse a los
intereses particulares.
Considero que dadas las demandas
actuales de los consumidores, la mayoría de
las empresas asumirán una posición de
stakeholders para así adaptarse al mercado,
sin embargo, lo ideal no es que estos
esfuerzos sean aislados mitigando su impacto
positivo sino que a través de la regulación del
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Estado puedan darse de forma conjunta y
estratégica tomando en cuenta su efecto en la
economía. Con un marco jurídico y un
acuerdo político adecuado, las acciones de las
stakeholders y proactivas se verán
organizadas y debidamente enfocadas
pasando de ser ejercicios individuales a
acciones a gran escala; con normativas como
la antes descrita, en conjunto con un
adecuado modelo de gobernanza, lo ideal es
que se favorezcan las condiciones para que
las empresas reactivas migren a un modelo
donde estas mitiguen su impacto ambiental.
Competitividad de Venezuela en el
mercado internacional
La necesidad que como sociedad
tenemos de que en Venezuela se elabore una
legislación que constituya un marco legal que
procure una transición a una economía verde
y neutral en carbono, si bien es cierto tiene
como principal norte la conservación a largo
plazo de nuestro medio ambiente, existe otro
elemento que debe ser estudiado, a saber: el
aspecto de competitividad de los productos
venezolano, en fin, el elemento económico.
Como se esbozó, el hecho de que
grandes bloques geopolíticos como la UE
hayan asumido tal posición decisiva y
necesaria en este asunto generó en los
términos de Bradford (2020) el Efecto
Bruselas, es decir, dadas las dimensiones
demográficas de la unión supranacional antes
citada que asciende los 440 millones de
habitantes, esta se convierte en un importante
destino de productos y servicios con carácter
de exportación, por tanto las normativas o
directrices asumidas por dichos Estados parte
en materia de estándares para poder permitir
la comercialización de productos dentro de
sus territorios, tal como destaca la Comisión
Europea (2023), es el caso del Mecanismo de
Ajuste en Frontera por Carbón que tiene por
objeto colocar un arancel a los productos que
se importen a la Unión que no cumplan con
los parámetros de reducción de carbono del
Pacto Verde Europeo.
Medidas como la antes indicada
hacen que las empresas y demás Estados
interesados en mantener relaciones
comerciales dentro de la UE busquen adaptar
sus procesos de producción y
comercialización a los estándares que desde
Bruselas se acuerdan; un caso muy famoso y
reciente de esto es la necesidad de los
fabricantes automotrices de todo el mundo
que deberán cambiar todo su sistema de
producción tanto aguas arriba como aguas
abajo, bien como lo indica Ayuso (2023) en
razón de la decisión de la Eurocámara que
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prácticamente prohíbe la venta de
automóviles de combustión, incluso híbridos,
a partir del 2035.
Es de vital importancia que el Estado
venezolano establezca un modelo de
desarrollo que no solo cumpla con las
obligaciones climáticas asumidas por la
República en el ámbito internacional sino que
permita de manera progresiva que los
productos venezolanos se adapten a los
estándares ecológicos más avanzados con
miras a poder ser competitivos en el mercado
internacional, contribuyendo a las
exportaciones y al tan necesario equilibrio de
nuestra balanza comercial. Lo último, reviste
una gran importancia al precisar que, según
la Organización Mundial de Comercio
(OMC, 2022), las exportaciones de
mercancías en términos libre a bordo fueron
de 3.575 millones de USD; mientras que las
importaciones de mercancías en términos
costo seguro y flete fueron de 7.770 millones
de USD, en el mercado global nuestro país
aporta apenas el 0,5% de las exportaciones a
nivel mundial.
Siguiendo con lo antes señalado, nos
referiremos a uno de los materiales que, en la
actualidad, es mayoritariamente empleado
para la producción o comercialización de
millones de productos a nivel mundial como
es el plástico. El plástico en si mismo es un
conjunto de diversos componentes que puede
ser fabricado desde fuentes renovables o
fósiles, sin embargo, de acuerdo al Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD, 2022), en la actualidad el 99% del
plástico que se consume mundialmente está
fabricado a base de combustibles fósiles
(petróleo, gas o carbón), actualmente, se
producen 438 millones de plásticos nuevos al
año de los cuales se recicla el 10%
aproximadamente; de acuerdo al alto
organismo antes referido la relación que
existe entre la contaminación por plásticos y
la emisión de gases de efecto invernadero que
contribuyen al cambio climático es
innegable, ya que producen estos tipos de
gases en cada una de sus etapas de vida, de
tal forma que para el año 2019, la industria
del plástico emitió gases de efecto
invernadero que se asemejan a las emisiones
de 189 centrales de carbón de quinientos
megavatios.
Como sociedad, debemos plantearnos
construir un modelo económico sostenible y
neutral en carbono, es por ello que en
Venezuela tenemos que asumir la realidad de
la alta contaminación que el uso
indiscriminado de plásticos no reciclados
genera pero además comprender la
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importancia de innovar en esta área como un
elemento decisivo para la competencia dentro
del mercado internacional. Siguiendo
modelos implementados en otras naciones,
podremos a nivel doméstico y a nuestra
escala procurar esquemas que incentiven al
empresario a realizar las adecuaciones
necesarias en sus procesos para eliminar el
uso de plásticos no reciclados.
Ejemplo idóneo es el caso de España,
que en el marco del Pacto Verde Europeo ha
establecido por vía legislativa un conjunto de
medidas que buscan de forma evidente
desincentivar el uso de plásticos de un solo
uso hasta el punto de su eliminación; siendo
así que las Cortes Generales españolas (2022)
aprobaron una Ley que impuso un gravamen
fiscal para todas aquellas empresas que
utilicen plástico que no sean reutilizados, con
ciertas excepciones por materia de interés
público, un tributo de al menos 45 centavos
de euro por cada kilo utilizado, siendo el
pesaje la base imponible.
El objeto de este gravamen busca
afianzar de forma definitiva todas las
iniciativas que en esta materia se han venido
llevando a cabo en el territorio español, las
cuales han tenido resultados positivos. De
acuerdo a Plastics Europe (2021), para el año
2020 el uso de plásticos reciclados en España
en la fabricación de nuevos productos
representó el 10% del material utilizado y
también se recicló el 43% de todos los
plásticos circulantes, siendo así uno de los
países más avanzados en esta materia.
Al momento de los venezolanos
pensar en el país que queremos para el año
2035, debemos ser conscientes de las
realidades externas que nos rodean y las
demandas del comercio internacional, esto
con miras a dejar de ser un país mayormente
importador y mono productor, pasando a ser
un exportador relevante en la escena
mundial; de manera tal que la consumación
del objetivo climático pasa por la
transformación de nuestro modelo de
producción y prestación de servicios, en
relación con el medio ambiente y los nuevos
esquemas comerciales.
Desgravamen fiscal como un incentivo
para las empresas
Siguiendo con el ejemplo europeo,
considero que la implementación de una
estrategia para procurar la descarbonización
de nuestra economía es esencial; sin
embargo, la realidad de llevar a cabo acciones
como la antes descrita no se pueden realizar
sin tomar en cuenta las realidades
económicas y políticas propias de cada uno
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de los sectores nacionales involucrados. En
otras palabras, no es una tarea exclusiva de
los organismos del Estado, no sería una
decisión debidamente razonada plantear la
necesidad de una regulación estatal unilateral
sino que para lograr la consumación real de
los objetivos climáticos más ambiciosos, que
nuestra realidad demanda, es preciso la
participación del sector privado como un
actor decisivo en el esquema de la discusión
y ponderación de los medios a ser instaurados
para lograr que Venezuela no contribuya al
cambio climático.
Por citar un ejemplo, sostengo que
uno de los elementos que de forma primordial
se deben abordar en el ejercicio de pensarnos
como un país líder en la producción y
exportación de productos con sello de hecho
en Venezuela, tiene que ver con la
eliminación del uso indiscriminado de
plásticos de un solo uso que actualmente se
lleva a cabo en la industria y el comercio
nacional, y bien como ya se señaló no solo
por razones ambientales sino también de
índole comercial.
Inspirado en el modelo español y
europeo aplicable al uso de plásticos no
reciclados, sostengo que sería positivo
implementar un esquema, aunque no igual si
al menos semejante, para que por medio de
un sistema fiscal propio se pueda incentivar
la disminución del uso de plásticos no
reciclados, esto con miras a procurar la
reducción de la emisión de gases de efectos
invernadero, alineando las especificaciones
de los productos venezolanos con las de
grandes bloques económicos en aras de
poseer mayores probabilidades de inserción
en los mercados extranjeros.
Dado nuestro complejo contexto
económico, replicar el modelo español que
tiene como objeto colocar una carga
impositiva mayor en atención a la cantidad de
plástico no reciclado utilizado para la
fabricación o comercialización, total o
parcial, de productos sería una irreflexiva
decisión. En la actualidad, las obligaciones
tributarias que poseen los empresarios son
muy amplias y en varios casos dificultan la
consolidación de las pequeñas empresas y el
sostenimiento de las medianas y grandes; si
se analiza el caso concreto de algunos
municipios como el Municipio Caroní, donde
impera un fenómeno de voracidad fiscal
evidenciado en la Reforma Parcial de la
Ordenanza de Impuestos sobre las
Actividades Económicas de Industria,
Comercio, Servicios y su Clasificador de
Actividades Económicas, emanada del
Consejo Municipal de Caroní (2020) que crea
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un tributo que corresponde a un pago de
hasta el 6% de la venta bruta de las
sociedades mercantiles; de tal manera
podremos concluir que la creación de un
nuevo tributo no contribuirá al desarrollo
económico de las empresas y por tanto de la
nación.
Lo que se plantea es la creación de un
sistema de desgravamen fiscal por cada
kilogramo de plástico reciclado utilizado por
las empresas en reemplazo del uso de
plásticos nuevos, de acuerdo a Acceso a la
Justicia (2022) un desgravamen se entiende
como “deducciones que la Ley permite
aplicar a la renta de un contribuyente, (…) es
decir, son cantidades que pueden restarse del
total a pagar de un impuesto y de este modo
pueden hacer disminuir lo que debe sufragar
el contribuyente” (párr. 1). Estimo, grosso
modo, que en la medida que los empresarios
reemplacen el uso de plásticos nuevos por
plástico reciclados en sus productos, podrán
verse proporcionalmente beneficiados. Un
desgravamen de esta naturaleza representaría
un estímulo serio para impulsar, al menos en
una etapa muy temprana, la reducción del uso
de plásticos en Venezuela.
Lo beneficioso de una iniciativa como
la antes planteada, es que en lugar de gravar
o coaccionar al empresario en su
cumplimiento, crea un marco optativo al que
este puede suscribirse o no de acuerdo a su
realidad particular. Un esquema como este
permitirá que muchas empresas que para el
momento son reactivas, por el interés de
gozar de las rebajas fiscales y dado que en
verdad no se encuentran coaccionadas en su
libertad de funcionamiento por el Estado,
tendrán una tendencia de pasar a ser
proactivas.
Reflexiones Finales
La necesidad de replantar nuestro
modelo de desarrollo no es un simple
modismo o adhesión a una agenda ideológica
particular, sino más bien es el legitimo deber-
derecho que como ciudadanos tenemos de
reivindicar, para nosotros y las futuras
generaciones, la existencia de una nación más
prospera, tanto en lo social como en lo
económico. Como venezolano, veo en esta
necesaria transición la oportunidad para
redefinirnos como sociedad y país, a saber:
potenciar el crecimiento de un nuevo sector
en la economía verde y, subsecuentemente,
deslastrarnos del modelo económico
monoproductor y extractivista.
Por último, es preciso resaltar la
importancia de que cualquier tipo de
proyecto, marco o pacto verde que impliquen
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un cambio en los proceso de producción,
distribución y comercialización, deben
contemplar un sistema de gobernanza propio
que priorice la relación fructífera Estado -
empresario, esto con miras a que de manera
conjunta se elaboren directrices que
representen beneficio para el Estado en su
carácter de garante del interés colectivo pero
también sean beneficiosas para los
empresarios; siendo los gremios
empresariales actores esenciales en esta
etapa, para que así el sector privado pueda
aportar su visión del impacto que dichas
medidas propuestas por el Estado generarán
sobre la actividad empresarial.
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