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Guayana Moderna Nº 09.
Año 2020
ISSN: 2343-5658
Beneficios fiscales a universidades y empresas, como incentivo para la mancomunidad
educativa
Tax benefits for universities and companies, as an incentive for educational community
Fecha recepción: 10-10-2020 Wladimir García C.
Fecha aprobación: 15-11-2020 Universidad Católica Andrés Bello
wgarciacastro@gmail.com
Resumen
La presente investigación documental descriptiva y explicativa tiene como objetivo determinar la
importancia de los beneficios de carácter tributario para alcanzar alianzas y mancomunidades
entre empresarios y universidades. Producto del trabajo se logró verificar que es fundamental la
intervención del Estado a través de cuerpos normativos y políticas públicas, que tengan como fin
la generación de beneficios fiscales tangibles y medibles, que motiven a los empresarios a
interactuar con las universidades y demás centros de investigación e innovación, logrando con
ello mejoras en distintos ámbitos organizacionales, tendientes a disminuir costos y a aumentar
niveles de rentabilidad. Por otro lado, las universidades obtendrían beneficios económicos que
redundarían en la mejora continua de la educación, posicionamiento de las instituciones como
referencia y la posibilidad de proveer experiencias reales a los estudiantes.
Palabras claves: educación, beneficios fiscales, mancomunidad
Abstract
This present descriptive and explanatory documentary research aims to determine the importance
of tax benefits to achieve partnerships between entrepreneurs and universities. As a result of the
investigation, was possible to verify that the intervention of the State is fundamental through
normative bodies and public policies, whose purpose is to generate tangible and measurable tax
benefits, which motivate entrepreneurs to interact with universities and other research centers
and innovation, thereby achieving improvements in different organizational areas, tending to
reduce costs and increase profitability levels. On the other hand, universities would obtain
economic benefits that result in the continuous improvement of education, positioning of
institutions as a reference and possibility of providing real experiences to students.
Keywords: education, tax benefits, community
INTRODUCCIÓN
Para que pueda darse una relación eficiente entre las empresas y las universidades, deben
darse una serie de estímulos que propicien dicha relación. Por un lado, las universidades cuentas
con una infraestructura propicia para la innovación y el desarrollo de potenciales productos y
servicios que pueden y deben ser aprovechados por las empresas del país, mientras que por otro
lado, las organizaciones requieren adecuaciones constantes que permitan la optimización de sus
procesos, en la búsqueda de la mejora continua, la cual necesariamente debe repercutir en la
disminución de costos y en la elevación de los niveles de rentabilidad.
Al lograr que los estudiantes y profesores sean los ejecutores de dichos planes, se logra preparar
a profesionales conectados con sus realidades, a través de métodos de aplicación de lo aprendido
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de forma inmediata.
Lograr esta conexión requiere la necesaria intervención del Estado, quien a través de
políticas públicas y legislaciones aplicables, motive a los empresarios con beneficios tributarios,
para que voluntaria y activamente participen en mancomunidades educativas con las
universidades y demás centros de investigación e innovación.
La presente investigación documental descriptiva y explicativa tiene como objetivo
general determinar la importancia de los beneficios de carácter tributario para alcanzar
mancomunidades entre empresarios y universidades; para ello, se pretende: identificar los
acuerdos, alianzas y sociedades pertinentes; analizar la normativa vigente en Venezuela y
mencionar los principales beneficios aplicables. La información utilizada para tales fines fue
tomada de leyes y reglamentos venezolanos, de la doctrina aplicable y de las mejores prácticas
internacionales relacionada con la materia.
ACUERDOS, ALIANZAS Y SOCIEDADES EDUCATIVAS
De acuerdo con Torres, Angulo, Caro, Bracho y Villarroel (2000), “es impostergable la
necesidad de generar relaciones interactivas, integradas y de compromiso entre diferentes
sectores de la sociedad y avanzar juntos hacia la revolución del conocimiento, ajustado a los
cambios tecnológicos, económicos y culturales” (p. 12).
La vinculación, el intercambio, apoyo y cooperación interinstitucional, apuntando
siempre a la satisfacción de necesidades y el desarrollo social, económico del país. Por su parte
Barrera, García, Lozano, Portales y Raufflet (2017), presentan un concepto de alianzas amplio.
En ese sentido, ellos consideran que es necesario hacer una justa diferenciación:
(…) El primer tipo de alianzas se centra en la creación de un proceso en el que dos
o más actores sociales buscan generar un beneficio mutuo, o bien, pretender
alcanzar un objetivo común por medio de acciones coordinadas. El segundo tipo
de alianzas se presenta a través de la vinculación o el intercambio de información,
recursos, actividades y capacidades de las organizaciones para lograr un resultado
que podrían alcanzar de forma individual; tales alianzas están orientadas a atender
un problema social particular. (p.p 195) (Subrayado del autor)
De forma que desde distintas perspectivas, los acuerdos, las alianzas y sociedades
mancomunadas tendrán un nivel de profundidad que permitirá alcanzar objetivos previamente
planteados por las partes involucradas. Cuando se incorpora a la educación como elemento
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dentro de dichos esquemas, se incrementa sensiblemente su necesidad. En la Tabla 1, se hace un
recuento sistémico de los elementos más importantes que deben ser profundizados por la academia,
empresas y Estado, en aras de esquematizar los planes de acción a ser ejecutados.
Tabla 1. Características de alianzas, acuerdos y sociedades
Alianzas
Acuerdos de colaboración
Sociedades estratégicas
mundiales
-Alianza de Producto y/o
Servicio: Se da cuando
una compañía le otorga
permiso a otra para
fabricar su producto; se
les otorga a dos
empresas que en
conjunto comercializan
sus productos
complementarios.
-Alianzas
Promocionales: Una
compañía puede estar de
acuerdo en promover un
producto o servicio de
otra.
-Alianza Logística: Una
empresa ofrece servicios
de apoyo logístico para
los productos de otra
empresa.
-Colaboraciones en
Precios: Una o más
empresas se unen en una
colaboración especial en
cuanto a precios.
Los participantes siguen
siendo independientes,
Compartiendo en los
beneficios de la alianza, así
como el control. Hacen
contribuciones continuas en
las áreas estratégicas claves,
debiendo estar dispuesto a
sacrificar una parte del
control, entendiendo que
habrá riesgos potenciales
asociados.
Normalmente hay costos de
desarrollo del producto, que
pueden no tener un retorno.
Los requerimientos
tecnológicos de muchos
productos contemporáneos
requieren de las habilidades,
el capital o los
conocimientos prácticos
para trabajar, que pueden
ser brindados por la
contraparte, siendo esto un
importante beneficio.
Las sociedades ofrecen
importantes oportunidades
de aprendizaje.
Dos o más compañías
desarrollan una estrategia
conjunta a largo plazo
dirigida al logro del
liderazgo mundial
mediante el liderazgo en
los costos.
La relación es recíproca,
cada socio posee puntos
fuertes específicos que
comparte con el otro; el
aprendizaje debe tener
lugar en ambas partes.
Las visiones y esfuerzo de
los socios son realmente
mundiales.
La relación está
organizada a lo largo de
líneas horizontales, no
verticales. Se requiere de
una transferencia de
recursos en forma lateral,
en la que se comparte la
tecnología con normas
representativas para el
aprovechamiento de los
recursos.
Fuente: Elaboración propia, basado en Torres, Angulo, Caro, Bracho y Villarroel (2000).
Chacón y Rodríguez (2007) expresan que los principales ejes que debe incluir una
alianza quepersiga elevar la calidad de la educación y su aplicabilidad social son:
modernización de loscentros de educación, haciéndose énfasis en infraestructura y
equipamiento, tecnología de la
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información y comunicación y gestión y participación social; profesionalización de los
educadores y de sus autoridades, persiguiendo con ello el ingreso y promoción, la
profesionalización e incentivos y estímulos; bienestar y desarrollo integral de los alumnos, a
través de programas que garantices salud, alimentación y nutrición, de igual forma, en este
aspecto se espera que las alianzas provean de condiciones sociales para mejorar el acceso, la
permanencia y el egreso oportuno; formación integral de los alumnos para la vida y el trabajo,
con el oportuno análisis curricular, y por último, la mejorar continua, con la evaluación periódica
de la alianza.
Para que este proceso pueda tener efectos medibles, las partes deben tener presente las
características, ventajas y desventajas de los procesos mancomunados. Con modelos de alianza,
las instituciones estarían en la capacidad de percibir recursos tendientes a cerrar las brechas entre
realidad y necesidad. Evidentemente, uno de los puntos clave en aras de poder elevar la calidad
educativa, está en la posibilidad de mantener infraestructuras adaptadas a la globalización y una
plantilla docente preparada para proponer temas y metodologías que conecten a las instituciones
con las necesidades del entorno.
ESTADO ORGANIZACIONES Y UNIVERSIDAD COMO ACTORES DE CAMBIO
De acuerdo a la Real Academia Española, el Estado es la “forma de organización política,
dotadade poder soberano e independiente, que integra la población de un territorio”. De acuerdo
a García (2017):
El primero en introducir la palabra Estado dentro del vocabulario mundial fue Nicolás
Maquiavelo en su obra El Príncipe, cuando en su mismo primer capítulo inicia afirmando que:
Todos los Estados, todos los dominios que tuvieron o tienen potestad sobre los hombres, pueden
dividirse en repúblicas y principados. De manera romántica, el gran Cicerón consideró que el
Estado eran hombres ligados bajo un esquema legal, que además de ser conveniente, debía
generar un bien común. Reflexiones profundas, ajustadas a etapas de la historia que gozaban de
excesiva rigurosidad; estando atadas al poder y a su ejercicio a plenitud, en épocas donde la
civilización era dominada principalmente por la fuerza y la sangre. (p .32). Ya con una visión
moderna de la concepción de Estado, siguiendo con García (ob. cit) considera que:
El Estado es la manera de organización política, que proporciona a los habitantes
soberanía e independencia ante otros Estados, por medio de la integración de sus
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ciudadanos en un espacio geográfico determinado y delimitado legalmente; de allí
nacen una serie de consideraciones de carácter social, económico y político,
marcadas por un implícito nivel de coacción habitualmente concertado por las
partes, todo con el objetivo máximo de vivir armoniosamente en sociedad. (p. 33)
El concepto de Estado debe venir acompañado del análisis de los conceptos de nación y
gobierno, dado que de ello se comprenderá que la actuación gubernamental debe estar orientada
a la consistencia de acciones como medidas de Estado, para así lograr longevidad, sin importar el
gobierno que se encuentre en oficina. Ahora bien, ahondado en el papel del Estado en la
mancomunidad entre empresarios y la academia, es conveniente citar la visión de Porter (2008),
explica que:
El papel correcto del Estado es el de catalizador y estimulador. Es el de alentar –o
incluso empujar- a las empresas a que eleven sus aspiraciones y pasen a niveles
más altos de competitividad, aun cuando este proceso sea intrínsecamente
desagradable y difícil. El Estado no puede crear sectores competitivos: sólo
pueden hacerlo las empresas. El Estado desempeña un papel intrínsecamente
parcial, que sólo tiene éxito cuando trabaja en tándem con unas condiciones
subyacentes favorables. Sin embargo, el papel del Estado como transmisor y
amplificador de las fuerzas del rombo es muy influyente. La política que tiene
éxito es la que crea un marzo en el que las empresas puedan lograr ventaja
competitiva, y no la que implica directamente al Estado en el proceso, excepto en
naciones que están en el comienzo de su desarrollo. Es un papel indirecto, no
indirecto. (p. 192)
Por otro lado, de acuerdo con Di Trolio (2008), las universidades de AUSJAL desarrollan
una creciente y diversa gama de procesos académicos, técnicos y administrativos que abarcan:
Desde la gerencia financiera, la planificación, el mercadeo, la evaluación del
desempeño, la gerencia de los recursos humanos, la gerencia académica, la de
investigación, servicios estudiantiles, la gerencia de la tecnología, la gerencia de
las bibliotecas, la gerencia logística, etc. Hoy más que en el pasado la gerencia
universitaria debe responder a las crecientes y complejas demandas del mundo
moderno, caracterizado por una competitividad y globalización creciente, y por un
desarrollo tecnológico altamente sofisticado. En el caso de las universidades
latinoamericanas, a estas demandas hay que añadir las que provienen de nuestras
sociedades las cuales aspiran a ser más justas, pero también más productivas,
modernas, competitivas y globalizadas. Las universidades de AUSJAL deben
hacer frente al doble reto de mantenerse actualizadas en cuanto al conocimiento
científico y desarrollo tecnológico mundial y, al mismo tiempo, dar respuestas a
las necesidades sociales propias de nuestras sociedades. (p. 4)
Ahora bien, ciertamente, de acuerdo a la Real Academia Española la universidad
es una:Institución de enseñanza superior que comprende diversas facultades, y que
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confiere los grados académicos correspondiente. Según las épocas y países puede
comprender colegios, institutos, departamentos, centros de investigación, escuelas
profesionales, etc.”; no obstante vemos, que esta definición a relegado un sinfín de
variables de mucha importancia de cara a la jerarquía de dichas organizaciones en
cualquier sociedad. En función a ello, la universidad, y principalmente la
Compañía de Jesús debe “servir (desde su especificidad universitaria) a la
sociedad, para transformarla, para contribuir a hacerla más justa y gobernable, con
oportunidades y calidad de vida para todos, al alcance de su esfuerzo personal”
(p.5).
Por último, y no menos importante tenemos a las organizaciones. Como primera
aproximación, de acuerdo a la Real Academia Española, es la “unidad de organización dedicada
a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos”. Más allá
de dicha definición, es importante diferenciar el término “organización”, con la definición de
“empresa” manejada a efectos de la presente investigación.
De acuerdo a Hernangómez (1988), la organización es una “institución social en la que el
conjunto de sus integrantes desempeña un sistema de actividades, coordinado de forma
consciente y con racionalidad limitada, en la búsqueda de determinados objetivos” (p. 226); la
misma puede plantearse en torno a realizar actividades económicas o no, con fines económicos o
no, dando con ella cabida a cualquier tipo de agrupación que pueda ser representada de hecho o
de derecho en la sociedad moderna.
Ahora bien, siguiendo con el mismo autor, puede definirse la empresa como
“organización cuyosobjetivos prioritarios son de carácter económico y, asimismo, las actividades
principales que realiza son de carácter económico” (p. 234). El mismo Hernangómez considera
que es una obviedad; no obstante, ciertamente el centro de una organización de este tipo se
perfila con establecer un claro ánimo de lucro, situación que en ningún momento colida con la
denominada responsabilidad social empresarial. Indudablemente, en el ámbito empresarial, la
eficiencia organizativa debe llegar a un nivel superior, considerando que de ella dependerá la
longevidad de la entidad como negocio productivo, entendiendo que de acuerdo con la
investigación de Ganga, Cassinelli, Piñones y Quiroz (2014), esta es:
La relación entre el nivel del objetivo logrado y la adecuada utilización de los recursos
disponibles, es decir, es la relación entre la producción de un bien o servicio y los inputs que
fueron usados para alcanzar ese nivel de producción, implica por lo tanto, que el logro del
objetivo debe realizarse en el marco de una óptima estructura de costos. (p. 129)
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Esto último lleva a comprender el hecho de que las alianzas productivas que promuevan
la eficiencia, serán generadoras de rentabilidad, considerando que las mismas tiendan a la
simplificación y optimización de tareas empresariales vinculadas con los fines de la entidad. En
torno a ello y de cara a la administración de empresas como organización, García (2004),
considera que:
El trabajo administrativo sustentado en un modelo de empresa, en un modelo de
actuaciones eficientes, tal como lo expresa Langan (1994) es un indicador de la tendencia o de la
desviación del desarrollo organizacional deseable, y es un indicador de qué tanto entienden sus
administradores acerca de lo que es administrar. (p. 498)
Con la globalización y todos los retos que esto conlleva, las empresas deben estar en
constante reinvención, con el objetivo de mantenerse activos en sus mercados e incluso
eventualmente conseguir la internacionalización. De acuerdo a Porter (2008), existen cinco (5)
fuerzas que moldean la competencia de un sector, sumado al reto que impone la Responsabilidad
Social Empresarial que debe estar implícito en la dinámica, no como un elemento de mercadeo,
si no como el camino para poder avanzar en sectores y mercados de manera formal y eficiente.
Las fuerzas de Porter persiguen tener claro la existencia de rivalidad entre los
competidores existentes en un mercado, lo que obliga a mantener un constante proceso de
negociación con clientes y proveedores, mientras en simultaneo se mantiene un constante
monitoreo de productos y competidores. Esto, sin duda alguna lleva a que las empresas deben
estar en la capacidad de innovar. No hacerlo, vislumbra la eventual disminución de sus
operaciones en mercados competitivos. En función a ello, Porter incorporó el esquema de
Cadena de Valor Compartido, el cual trasciende a la Responsabilidad Social Empresarial,
logrando así, que pueda ser monetizada cada acción de las empresas, tal como puede verse en la
Tabla 2.
Tabla 2. Comparación entre la cadena de valor compartido y la responsabilidad social
empresarial
Responsabilidad Social Empresarial
Valor: hacer el bien
Valor: beneficios económicos y sociales
Ciudadanía, filantropía, sustentabilidad
Creación conjunta de valor entre la
Discrecionalidad o en respuesta a la
presión externa
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Responsabilidad Social Empresarial
Cadena de Valor Compartido
Ajena a la maximización de utilidades
Parte integral de la maximización de
utilidades
La agenda es determinada por los
reportes hacia fuera y las preferencias
personales
La agenda es específica de la empresa y
se genera internamente
Impacto limitado por la huella de la
empresa y el presupuesto RSC
Alinear de nuevo todo el presupuesto de
la empresa
El valor compartido debería reemplaza a la responsabilidad social empresarial
como guía de las inversiones de las empresas en sus comunidades. Mientras que la
cadena de valor compartido aprovecha los recursos únicos de una empresa para
crear valor económico creando valor social – y es parte integral de la rentabilidad y
posicionamiento de una empresa-, la responsabilidad social empresarial se enfoca
principalmente en la reputación y tiene una conexión limitada con el negocio. Esto
hace que sea difícil de justificar y mantener en el largo plazo.
El cumplimiento de la Ley, los principios éticos y la reducción de la huella
ecológica causada por la actividad económica se presenta en ambos casos.
Fuente: Elaborado por el autor con datos de Ruíz y Orozco (2016).
Basado en este esquema, cualquier gestión que realicen las empresas, orientada a la
generación de beneficios en un esquema de cadena de valor compartido, podrá alcanzar
beneficios en diferentes dimensiones. No obstante a lo expuesto por Porter, no es conveniente
obviar los enfoques de autores tales como: Wheeler, Kurucz, Emerson y Austin/Seitanidi,
presentamos de forma bastante clara por Barrera, García, Lozano, Portales y Raufflet (ob. cit, p.
196), con sus enfoques de valor sostenible, sinérgico, combinado y en una asociación
intersectorial, respectivamente.
En este sentido, las empresas deberán reagrupar sus esfuerzos, sistematizando actividades
en torno a mecanismos que permitan generar condiciones óptimas de operación. Partiendo de
allí, esconveniente desarrollar esquemas gerenciales tendientes a propiciar negocios conectados
con su entorno en un espectro amplio. Siendo así, la herramienta Balanced Scorecard
(perspectivas: financiera, clientes o mercado, interna del negocio o de los procesos, innovación y
aprendizaje y ambiente y sociedad) se ajusta a efectos de poder identificar necesidades de
innovación que puedan ser satisfechas en aras de ser más productivos y rentables. Para Sánchez
(2010):
El Balanced Scorecard puede ayudar a planificar, entender y comunicar mejor las
estrategias organizacionales, y a gestionar la visión más globalmente y a largo plazo.
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Muchas organizaciones han sido capaces de diseñar modelos adecuados pero han tenido
problemas a la hora de ejecutarlos. El apoyo por parte de los máximos responsables, tener un
equipo base de trabajo con poder formal e informal dentro de la organización, una comunicación
fluida y una participación de personas clave que cada uno aporten su punto de vista en facetas
concretas del proyecto, son fundamentales para su exitosa puesta en práctica. Algunas no han
alcanzado todo su potencial por no tener en cuenta aspectos relacionados con las personas y sus
barreras al cambio. Una buena gestión hacia el cambio es fundamental. (p. 131)
Dicha herramienta, aplicada de forma apropiada por parte de empresas participantes en
programas de mancomunidad o alianza educativa, sería elemento impulsor en la ejecución de
proyectos empresariales que impliquen la mejora de procesos, productos o la creación de nuevos
bienes y servicios. La Figura 2 muestra la ruta para que la Universidad genere oportunidades
claras de desarrollo organizacional, lo que colaboraría con la aplicación de alianzas más
profundas.
Figura 1. Programa institucional de mejores prácticas empresariales. Elaboración propia (2021)
De forma específica, las International Organization for Standardization (ISO) (a través de
las normas aplicables) invitan a las organizaciones a tener organización enfocada al cliente, con
liderazgo, comprometida con sus colaboradores, enfocada a trabajar en función a procesos,
buscando siempre la mejora, tomando decisiones asertivas basadas en la evidencia y
manteniendo altos niveles de interrelación con su entorno.
Todos estos principios llevan a las entidades a innovar, y allí es donde nace la necesidad
imperiosa de propiciar encuentros que permitan avanzar en actividades de toda índole, que
permitan crear valor: elevar el nivel de entendimiento de lo que esperan los clientes y reducir
costos y recursos, junto con el aumento sostenido de la rentabilidad.
Todo esto, llevado a cabo de forma sistemita y certificada por terceros independientes. La
incorporación y aplicación del gobierno corporativo será la pieza neurálgica en aras de poder
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•
Determinar la rentabilidad del
proyecto.
•
Monetizar la participación de docentes y estudiantes (honorarios, descuentos, becas, proyectos de
inversión, etc.) •Facturación, cobranza y aspectos legales.
•
Actualización del proyecto y/o nuevas necesidades.
•
Ejecutar el proyecto, previendo método de evaluación y posibilidad de que el mismo dure por más de un semestre.
•
Planificación del compromiso, identificando los niveles que serán requeridos.
•
Determinar horas y honorarios estimados.
•
Determinar el entregable.
•
Determinar el alcance en un marco de sustentabilidad.
•
Hacer diagnóstico inicial.
•
Identificar brechas existentes, producto de la preparación del Sistema de Gestión Integral.
llevar a cabo actividades tendientes a propiciar desarrollos que vayan en pro de aligerar procesos
que beneficien tanto a las organizaciones, como a su entorno.
En este sentido, la Figura 2 propone una ruta a efectos de poder materializar la
visualización de los puntos de mejora, donde la universidad podrá facilitar a través de sus
recursos la elevación de la gestión de los negocios que estén involucrados en proyectos de
alianza. De esta forma, se invita a aplicación de Sistemas de Gestión Integral, sistematizando
todo lo concernientes a calidad, ambiente y prevención, basados en un criterio de mejora
continua de forma gradual. Entendiendo las particularidades de cada sector empresarial, dicha
integración se aplica de manera particular.
Es importante resaltar en el hecho de que los tres (3) sistemas coinciden en la idea de la
prevención, lo que indudablemente da cabida a la innovación. Las principales similitudes se
centran en el: establecimiento de objetivos de mejora de forma periódica; formación y
comunicación tanto interna como externa; asignación del Comité de Gestión del sistema y de los
responsables de su funcionamiento (si fuere así decidido); documentación, procedimientos y
registros; gestión y seguimiento de las desviaciones o hallazgos en el sistema; y revisión por
parte de la dirección del buen funcionamiento del sistema. La aplicación de estas medidas,
permiten la identificación de brechas dentro de los procesos existentes y dan cabida a la mejora.
Figura 2. Generación del proyecto por parte del docente y coordinación académica. Elaboración
propia (2021)
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Fase 8
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BENEFICIOS FISCALES EN VENEZUELA
Cabanellas (2004) considera que el beneficio es un favorecimiento o mejora que es
otorgado a un tercero, lo que al compaginarse con lo considerado por Taleva (2009), termina
convirtiéndose a efectos fiscales en “subvenciones, reducciones de alícuotas e incentivos de
distintas índole que percibe una persona física o jurídica por desarrollar o ejercer determinadas
actividades”. (p. 32)
De acuerdo a la doctrina, las dispensas pueden darse a través de exenciones (otorgadas
directamente en Ley), exoneraciones (aprobadas por la Asamblea Nacional, Congreso o su
equivalente), reducciones de alícuotas, aplicaciones preferenciales, deducciones, desgravámenes,
o cualquier otro mecanismo alterno que perfectamente pueda ser tipificado e instrumentando en
la normativa vigente, sin más limitaciones que la que el mismo cuerpo legal otorgue en favor de
los contribuyentes.
Para que la dispensa pueda ser cualificada y cuantificada en alcance y eficiencia, la
Administración Tributaria debe tener mecanismos tendientes a medir el respectivo sacrificio
fiscal, y con ello valorar el impacto de la medida; de lo contrario, la misma podría terminar
siendo estéril e innecesaria, tal como concluye García (2013) en su investigación intitulada
“Beneficios fiscales”.
De acuerdo al estudio llevado a cabo por Jiménez y Podestá (2009), a través de la CEPAL,
intitulado “Inversión, incentivos fiscales y gastos tributarios en América Latina”, los principales
incentivos (beneficios) fiscales son:
•
Exoneraciones temporales de impuestos (tax holidays) y reducción de tasas.
•
Incentivos a la inversión (depreciación acelerada, deducción parcial, créditos fiscales,
diferimiento impositivo).
•
Zonas especiales con tratamiento tributario privilegiado (derechos de importación,
impuesto a la renta, impuesto al valor agregado).
•
Incentivos al empleo (rebajas en impuestos por la contratación de mano de obra
Los beneficios o incentivos son aplicados considerando el objetivo de la política fiscal que este
impulsado el gobierno de turno, dado que cada uno irá atado a planes sistémicos de mayor
alcance con tendencias restrictivas o expansivas. Su utilidad es clave incluso para la invitación a
nuevos capitales interesados en incorporarse en modelos de negocios comparativamente más
rentables, que los que pudiesen ejecutarse bajo condiciones similares en otras jurisdicciones.
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Siendo así, los beneficios pueden ser significativos y su alcance ilimitado.
Con el objetivo de aupar al sector educativo, pudiesen adaptarse ciertas prácticas y con
ello lograr el objetivo esperado de incentivo. Ahora bien, es importante analizar la afirmación de
Jiménez y Podestá (ob. cit.), cuando consideran que “(…) las políticas de incentivos tributarios
han sido efectivas únicamente cuando se han establecido en países con cierta estabilidad política
y económica, con seguridad jurídica, que cuentan con mano de obra calificada, con un buen nivel
de infraestructura y con cierta apertura comercial (…)” (p. 21), por lo que se pone bajo el
reflector la importancia que reviste la seguridad jurídica en el éxito de los incentivos o beneficios
fiscales.
Por interpretación en contrario, un Estado desarticulado sería incapaz de aplicar medidas
efectivas de este tenor, por lo que los resultados serían inmateriales. En sintonía con dicha
aseveración, empresarios que miren a una jurisdicción bajo el enfoque de indicadores negativos,
naturalmente tendrán una baja propensión a direccionar recursos a dicha nación, a menos que el
nivel de riesgo pueda propiciar ganancias que justifiquen cualquier acción empresarial.
Más allá de lo anterior, es claro lo expuesto por Colmenares y Armas (2012), citando a
Juan Cristóbal Carmona, cuando consideran que “los beneficios fiscales no deben
necesariamente considerarse como un sacrificio fiscal, el Estado prevé su asignación para el
cumplimiento de importantes objetivos tanto económicos como sociales (…)” (p. 239). Puede ser
una posición sustentada el asumir esta aseveración como cierta, en el entendido de que el
sacrificio propiciará un beneficio aún mayor para las partes involucradas, lo que se traduce
normalmente en la generación de tecnología, nuevos empleos, desarrollo de áreas desatendidas,
entre otros.
En concordancia con la última afirmación, tal como se visualiza en la Figura 3, la
tributación procura la concepción de ingresos ordinarios para la satisfacción de exigencias
presupuestales, mientras que los beneficios fiscales generan sacrificios que deben incentivar otras
áreas para su desarrollo y crecimiento sustentable en sintonía con las políticas gubernamentales.
Lo esperado es que un incentivo temporal o permanente, genere sacrificios gubernamentales
momentáneos, con la expectativa de recuperación cuando el sector (por citar un elemento) este
activo y productivo, convirtiéndose en un ciclo que no necesariamente generará mayores
recursos presupuestales al Estado, dado que las mejoras pudiesen venir en fuentes de empleo,
desarrollo de zonas aisladas o desfavorecidas o sencillamente el incremento de las capacidades
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• Impuestos,
Tributación
tasas y
con nes
tribucio
Con el objetivo
de generar
ingresos
Recaudación ordinarios que
formarán parte
del presupuesto
de la nación
• Educación
• Salud
Satisfacción • Seguridad
de Social y
Necesidades Personal
• Alimentación
• Etc.
• Impuestos, tasas
Tributación y contribuciones
Dispensas,
exenciones,
Beneficios exoneraciones,
Fiscales deducciones,
deducciones,
etc.
•
Incrementar Educación
•
Mejorar los sistemas de
Salud
Próposito •
Aumentar la Seguridad
•
Motivar la producción
de Alimentos
•
Etc.
de sectores productivos mejor articulados y propiciar oportunidades de negocio, lo que sin
duda alguna beneficiaría la generación de divisas que dan oxígeno a la balanza de pagos de
cualquier jurisdicción.
Figura 3. Tributación y Beneficios Fiscales. Elaboración Propia (2021)
BENEFICIOS TRIBUTARIOS COMPARADOS, EN LAS ÁREAS DE I+D
El Foro consultivo científico y tecnológico, A.C., a través del estudio realizado por
Villarreal (2013) en cuanto a los “Estímulos fiscales (EF) a la Investigación y Desarrollo (I+D) y
evidencia empírica en varios países”, concluye de forma interesante que:
Los esquemas de EF a la I+D se basan principalmente en el nivel de inversión que llevan a cabo
las empresas (créditos –volumen e incrementales-) y en sus ingresos (impuestos sobre la renta y
otros ingresos de capital de conocimiento a una tasa preferencial). Los sistemas existentes
difieren significativamente entre los países en términos de su generosidad; diseño y forma en que
se dirigen explícitamente a diferentes empresas o áreas específicas. Las tendencias generales de
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los EF a la I+D en los países de la OCDE (2013) han sido la proliferación de su uso de manera
más generosa y simplificada. En 2011, 27 de los 34 países miembros de la OCDE otorgaron EF
para apoyar la I+D, más del doble que en 1995, asimismo más de un tercio de los apoyos
públicos a la I+D en los países de la OCDE provino de los EF. Muchos países fuera de la OCDE,
como Brasil, China, India, Rusia, Singapur y Sudáfrica también ofrecen un entorno fiscal
generoso para la inversión en I+D. (p. 4)
Sensiblemente, este trabajo demuestra el esfuerzo de los países industrializados en la
motivación que debe darse al desarrollo e innovación, en pro de propiciar mayores oportunidades
de negociopara las empresas que hacen vida en sus jurisdicciones, y el potencial que en sí mismo
se genera en aras de exportar conocimiento de alta calidad y al menor costo posible. Venezuela
es mencionada en ciertos puntos del estudio; no obstante, cabe destacar que muchas de las
dispensas que allí son analizadas, ya no se encuentran vigentes, por lo que ya no generan ningún
impacto en el empresariado local, tal como ya ha sido explicado en el transcurso de la presente
investigación.
En el estudio ya citado (Villareal, ob. cit.), apoyado en la investigación de Tanayama
(Overview of R&D Tax Incentives), se evidencia la caracterización de los apoyos directos e
indirectos a la I+D. Entre los puntos resaltantes tenemos el hecho de que la expectativa
gubernamental es la obtener una rentabilidad social esperada, mientras que las empresas esperan
retorno económico producto de los aportes que coloquen en favor de las instituciones de
investigación.
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Figura 4. Ventajas y desventajas de los apoyos directos e indirectos en I+D. Adaptación
propia, tomado de Villarreal (2013)
Por otro lado, desde la visión del Estado, lo importante es influir en el desarrollo de
proyectos de carácter social, direccionados a la satisfacción de necesidades públicas, mientras
que el sector privado moverá su interacción a esquemas análogos, en función a los
requerimientos del mercado en el cual participen.
Evidentemente, los apoyos directos e indirectos conllevan a una serie de ventajas y
desventajas que deben ser analizados tanto por el Estado, como por los particulares. En torno a
ello,Villarreal (2013) sintetiza de forma eficiente lo expuesto en la Figura 4.
Al observar los incentivos otorgados, el estudio ofrece una gama significativa de
dispensas, tales como:
•
Deducción de gastos de I+D (tributos a las ganancias).
•
Rebajas directas al impuesto, en función a la inversión en bienes, servicios,
entrenamiento, personal, entre otros (tributos a las ganancias). Los mismos pueden ser
trasladados de forma limitada o ilimitada, además de existir la posibilidad de ser cedidos a
terceros.
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•
Exenciones y exoneraciones de impuestos a las ventas sobre las compras y ventas de
bienes y servicios asociadas a la I+D (locales y extranjeras).
•
Exoneraciones totales, dependiendo de la ubicación geográfica del proyecto empresarial
(tributos a las ganancias y de tipo municipal o regional).
•
Subvenciones directas por parte del Estado, con el objetivo de que a su vez sea
reinvertido en proyectos que promuevan la inventiva en sectores prioritarios.
ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE, BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Constitución de la República Bolivariana De Venezuela (CRBV)
Tal como lo describen Colmenares y Armas (2012), si bien es entendible que los
particulares deban invertir recursos voluntariamente para beneficiar a la sociedad, y que dichos
beneficios tenderán a producir posicionamiento de marcas y la demostración del cumplimiento
de una obligación moral al contribuir con un bien mayor para con los ciudadanos, también es
cierto que la generación de ventajas propiciarán mayor interacción de todas las partes
involucradas, lo que traerá consigo la aplicación estratégica al retribuir, compartir y ser
corresponsal de las mejoras que se generen en las distintas áreas de afectación donde haga vida el
empresariado.
Es importante destacar que unos de las principales labores del Estado, consagrado en la
CNRBV, será la de asignar beneficios fiscales, relacionados directamente con el desarrollo o
protección deciertos grupos sociales o sectores de la sociedad, tipificado con mucha claridad en
sus artículos 316 y 317, quienes regulan todo lo concerniente al sistema tributario. De allí en
adelante, todo lo que se proponga en ese sentido, deberá ser debidamente analizado y aplicado
por el Estado a todos sus niveles geopolíticos.
Partiendo de este esquema, la CNRBV tiene todo el aparataje jurídico para que las
distintas administraciones tributarias del país, diseñen y ejecuten incentivos fiscales que motiven
al empresariado a invertir en I+D. Como ya está plasmado, la Responsabilidad Social
Empresarial debe estar presente en toda empresa; no obstante, la mancomunidad con la entidades
gubernamentales elevará el apetito de intervención por parte de emprendedores interesados en
crear tecnología y empoderarse de las mejoras que pudiesen ocasionarse, sin perjuicio de que el
pronóstico este orientado a que dicha tarea producirá nuevas fuentes de empleo que estarán
destinadas a jóvenes destacados, vinculados a proyectos científicos de perfeccionamiento
sustentable del parque industrial venezolano.
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Ley Orgánica De Ciencia, Tecnología E Innovación (Locti)
Para Genatios y La Fuente (2004), “la Constitución de 1999, la creación del MCT, el
mismo año, la promulgación de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI),
en 2001, exponen explícitamente la intención del Estado de valorar y utilizar la ciencia, la
tecnología y la innovación como motores para el desarrollo” (p. 3), siendo esta última normativa
de carácter orgánica la encargada de desarrollar los postulados previstos en la CNRBV, organizar
el SNCTI y definir las políticas y estrategias en materia científica, tecnología y de innovación.
Luego de varias reformas, se ubica la LOCTI del 2014, donde de forma explícita se configura el
ámbito de acción de dicha norma. En ese sentido establece que de acuerdo con esta Ley, las
acciones estatales en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones estarán
dirigidas a los sujetos mencionados en el artículo 3, dentro de las metas planteadas en el Plan
Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación, para cumplir con los siguientes
objetivos:
(…) 5. Promover mecanismos de divulgación, difusión e intercambio de los
resultados generados en el país por la actividad de investigación e innovación
tecnológica, abarcando a toda la sociedad nacional, en todas sus regiones y
sectores sociales a través de programas de educación formal e informal,
coordinados por las autoridades nacionales con competencia en materia de
educación, cultura y comunicación.
En función a ello, dicha normativa se ratifica como el principal instrumento jurídico
diseñado con el objetivo de promover la I+D en el país, limitando la participación activa y
determinante del sector privado, dado que aporta recursos como contribuyente, sin ver con
inmediatez los beneficios que pudiesen arrojarse en el caso de que las inversiones fuesen dadas
de forma focalizada y planificada para con el sector donde hace vida industrial y/o comercial.
Aun cuando el propósito de la normativa es positivo desde la perspectiva técnica y
funcional, el hecho de que los recursos sean recaudados y ejecutados por el Estado (a través de
las instituciones que sean designadas para ello), genera un alto nivel de desconexión entre lo que
requieren los entes encargados de investigar y el sector productivo, que al fin y al cabo es quien
otorga los recursos. Indudablemente, esta Ley tendría mejor aplicación, si el empresariado
pudiese otorgar los recursos a IES y centros de innovación asociados a su sector y con ello
generar tecnología de la que pudieren aprovecharse en el futuro, tal como fue en los inicios de
esta iniciativa pública.
La derogada LOCTI, publicada en Gaceta Oficial N° 38.242, del 3 de agosto de 2005, reimpresa
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por errores materiales en la Gaceta Oficial N° 38.337, de fecha 16 de diciembre de 2005,
establecía un esquema que daba mayor oportunidad para la toma de decisiones empresariales.
Tal como lo explica Romero-Muci (2006), la extinción de la obligación tributaria con
pago directo al ente gubernamental propicia la salida patrimonial de recursos sin provecho
directo para el deudor, mientras que “(…) la compra de activos y realización de gastos
tecnológicos para fines propios que sustituyen en su patrimonio la suma erogada y en principio
se activan en el giro económico del deudor (…)” (p. 238), generaría un provecho directo y
tangible para los sujetos pasivos de la obligación tributaria. Basados en Genatios y La Fuente
(2014), la razón de dicha modificación puede sustentarse en que en los inicios de la vigencia de
la LOCTI en 2001, el 80% de las actividades de I+D se realizaba en IES e institutos públicos y
privados de investigación, desvinculados con el sector productivo y las necesidades del país.
La visión planteada por Romero-Muci (2006) sigue siendo más estratégica, pudiendo ser
desarrollada eficientemente por el Estado, teniendo un control razonable de los aportes, pero al
mismo tiempo permitiendo la innovación de los particulares sin mayores limitaciones. El
pensamiento crítico y la inventiva deben ser respetados y apoyados por los entes
gubernamentales, a través de esquemas que permitan su fiscalización. En caso de que las
instituciones públicas decidan sobre la existencia de áreas prioritarias, contarían con todo el
aparataje presupuestal generado por el resto de las fuentes de ingreso que tiene la nación,
amparados en el Sistema de Administración Financiera del Sector Público, previamente
comentada.
Ley de Impuesto sobre la Renta (LISLR)
El ISLR es fundamental en la economía. De hecho, su participación en la generación de
ingresos ordinarios es clave en cualquier presupuesto público, tal como ya ha sido ampliamente
reseñado en la presente investigación. Para García (2017):
La generación de enriquecimientos es el hecho que da nacimiento a cualquier obligación
que grave las ganancias, siendo esto un elemento básico y común en sociedad. Desde el punto de
vista conceptual, el ISLR es un tributo: directo, personal, progresivo/proporcional (dependiendo
la tipología de los sujetos pasivos), que grava la renta mundial de los contribuyentes, donde las
personas jurídicas domiciliadas y las naturales residentes, tributarán por las rentas que obtengan,
no importa su origen o fuente, mientras que para el caso de las personas naturales o jurídicas no
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residentes o domiciliadas, aplicará un criterio de conexión marcado por la territorialidad, con las
excepciones que para tales fines la norma establece (…) (p. 96)
En esencia, dicho tributo marca el ritmo de toda jurisdicción, dado que la recaudación de
este impuesto, denota la prosperidad de personas físicas y jurídicas que hacen vida en dicha
sociedad. Tal como García (2017) demuestra en su libro, los datos arrojados por la
Administración Tributaria venezolana enfatizan que el principal tributo venezolano es el
Impuesto al Valor Agregado (IVA), obligación que no demuestra capacidad de generar riquezas,
si no la posibilidad material de adquirir bienes y servicios (lo que no debe ser considerado
como indicador de prosperidad).
Con las reformas de la LISLR de los años 2014 y 2015, el Estado venezolano eliminó
exencionesa IES y suprimió rebajas de impuesto orientadas a nuevas inversiones que tuviesen
como objetivo la generación de mayor producción (y por ende, eventual riqueza esperada).
Desafortunadamente, la evidencia legal demuestra que la presente situación se convierte en un
grave retroceso de la normativa venezolana, habida cuenta que tal como lo demuestra el estudio
de Villarreal (2013), los países miembros de la OCDE se han preocupado en mejorar la
interacción entre las autoridades fiscales y el empresariado productivo (generador de empleo
para los ciudadanos de sus jurisdicciones), con además alta expectativa de generar divisas a
través de la exportación de bienes y servicios desarrollados puertas adentro.
En cuanto al primer punto, García (2017), hace algunas reflexiones de importancia en
cuanto a la eliminación de la exención para IES, concluyendo “(…) que abiertamente la
Administración Tributaria obvia el carácter social que tiene la educación y la importancia del
sector privado para la consecución de objetivos claves para la nación, mirando a la academia
privada, como una factoría” (p. 77), y no como una generadora de conocimiento necesario para
toda la sociedad.
Por otro lado, en cuanto a las rebajas por nuevas inversiones, García (2017), considera
que “(…) a esta altura no se cuenta con incentivos de este concepto para los sectores industriales,
turismo y primario, tal como en algún momento se tuvo; más allá de las dispensas que
individualmente estos sectores puedan tener de forma temporal o de las expectativas que puedan
mantenerse al respecto” (p. 91), lo que alarma sobre la visión gubernamental venezolana, en
cuanto a la importancia de la inversión en I+D, como fuente generadora de conocimientos.
Más allá de lo anteriormente descrito, la LISLR si permite la deducción (aceptación
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como gastoa efectos fiscales) de las erogaciones que se hayan hecho en aras de investigar y
desarrollar, siempre y cuando se demuestre que las mismas fueron efectivamente pagadas en el
ejercicio en el cual desean ser aprovechadas por el contribuyente. Aun cuando en sí mismo
no es unbeneficio material, indudablemente si da cabida a gastos no exitosos por este concepto,
elemento que va intrínseco en cualquier proceso de desarrollo, en el entendido de que no
necesariamente todos los proyectos alcanzan los objetivos esperados.
CONCLUSIONES
Es fundamental la aplicación de beneficios fiscales y jurídicos que pudiesen ser
propiciados por el Estado, en favor de la academia y de las empresas participantes, que sirvan de
incentivo para los involucrados. La visión del Estado venezolano debe ser clara en cuanto a
beneficios tangibles para el sector empresarial, que tengan como objetivo generar incentivos
económicos medibles.
Indudablemente, el Estado juega un papel fundamental, dado que puede generar
condiciones de carácter tributario que inviten a empresarios escépticos del proceso, o menos
comprometidos con la generación de tecnología aplicable.
La evaluación de la experiencia internacional muestra con claridad la posibilidad de
intervención positiva del Estado, a través de deducciones, rebajas e imputaciones de tipo
tributario, para organizaciones que activamente participen con las universidades en pro de
generar tecnología. Estar involucrados en programas de este tipo, también les brindará la
posibilidad de mostrarse como empresas que se involucran con su entorno de forma activa y
positiva.
El Estado debe reforzar el aparataje legal que permita la real protección de las patentes de
invención que se generen en el proceso, dando un verdadero resguardo a los intereses de los
estudiantes en proceso de creación de soluciones tecnológicas
El Estado (a todos los niveles geopolíticos) debe reforzar el establecimiento de beneficios
de carácter tributario, que incentiven a los empresarios a invertir en la educación y sobre todo, en
proyectos de generación de tecnología sustentable que provenga de la academia.
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