POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA FORMACIÓN DEL DOCENTE UNIVERSITARIO Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN VENEZUELA (2000-2012)
Damelis Cermeño Guaina Fecha de recepción: 30 julio 2019 Universidad Católica Andrés Bello-Guayana Fecha de aceptación 30 septiembre 2019 dcermeno@ucab.edu.ve
Resúmen
En el marco de de una investigación de mayor alcance, el objetivo general de este artículo es, producir conocimientos sobre los principios y categorías contenidos en las políticas públicas educativas para la formación del docente universitario, como estrategia para el desarrollo sostenible en la República
Bolivariana de Venezuela, formuladas durante el período de gestión del Presidente Hugo Chávez en el período 2000-2012. En tal sentido, se hará uso de algunos recursos metodológicos aportados por Graffe, y Ramírez (2013), tal como, la herramienta conocida como “Ciclo de Jones” (1970), la cual permite descomponer las políticas públicas en etapas, a saber: identificación de un problema, formulación de soluciones o acciones, la toma de decisión, la implementación, la evaluación (p.15). Por su parte, esta investigación es de carácter documental, partiendo del análisis de contenidos de fuentes legales y programáticas, declaratorias regionales y mundiales sobre la educación superior; así como, diversos artículos que han abordado la educación superior o universitaria, desde la noción conceptual de Políticas Públicas. Se concluye, que la formación del docente universitario, al inicio de la primera etapa de la
gestión de gobierno Bolivariano, figuró entre las políticas formuladas en los planes y programas de gobierno, para posibilitar el desarrollo sostenible de la sociedad venezolana; no así se aprecia desde el año 2003, donde las difusas políticas educativas en esta materia, están dirigidas a implementar un modelo de
estado socialista, fuera del contexto legal y alejándose del propósito inicial, de mejorar la pertinencia y calidad de la educación superior como soporte para alcanzar un desarrollo sostenible.
Palabras claves: Políticas públicas educativas, educación superior o universitaria, formación del docente, desarrollo sostenible/ sustentable.
Abstract
Within the framework of a more far-reaching research, the general objective of this article is to produce knowledge about the principles and categories contained in public educational policies for the training of university teachers, as a strategy for sustainable development in the Bolivarian Republic of Venezuela, formulated during the term of President Hugo Chávez in the period 2000-2012. In this sense, use will be made of some methodological resources provided by Graffe, and Ramírez (2013), such as the tool known as the “Jones Cycle” (1970), which allows to decompose public policies into stages, namely: identification of a problem, formulation of solutions or actions, decision-making, implementation, evaluation (p.15). For its part, this research is documentary in nature, based on the analysis of content from legal and programmatic sources, regional and global declarations on higher education; as well as, various articles that have addressed higher or university education, from the conceptual notion of Public Policies. It is concluded that the training of university teachers, at the beginning of the first stage of the Bolivarian government's management, figured among the policies formulated in government plans and programs, to enable the sustainable development of Venezuelan society; This has not been seen since 2003, where the diffuse educational policies in this area are aimed at implementing a socialist state model, outside the legal context and away from the initial purpose, to improve the relevance and quality of higher education as a support to achieve sustainable development.
Keywords: Educational public policies, higher or university education, teacher training, sustainable / sustainable development.
INTRODUCCIÓN
Sobre la base de una investigación de tipo documental, se toma en consideración algunos principios teóricos para analizar la pertinencia de políticas públicas de formación del docente en el subsistema de educación universitaria venezolano, en aras de contribuir a potenciar el aprendizaje para el desarrollo sostenible. La investigación planteada en este artículo, está circunscrita dentro del eje temático denominado por Graffe y Ramírez (2013) “Políticas Públicas orientadas a la calidad de la educación” (p.4), puesto que aun cuando se admite las múltiples interpretaciones de la calidad, en el abordaje se contempla la eficiencia del proceso pedagógico, tal como lo señala Graffe y Ramírez (2013) apoyándose en los aportes de Bravo (1999) y Graffe (2003), desde la necesidad de promover un modelo educativo
vinculado con un proyecto de sociedad, comprometido con la formación de mejores ciudadanos y de los recursos humanos requeridos para coadyuvar al desarrollo sostenible del país.
De igual manera, se revisaron fuentes institucionales y oficiales que expresen políticas públicas educativas dirigidas al subsistema de educación universitaria; por lo que este análisis estuvo limitado a la formulación expresa de dichas políticas, sin que ello signifique que sean menos importante, la fases referidas a, evaluar el grado de participación de los distintos actores claves en la toma de decisiones, la implementación y evaluación de las mismas. Finalmente se presentan conclusiones a partir del análisis de los hallazgos de los elementos contenidos en las políticas públicas de formación del docente universitario como uno de los ejes centrales para impulsar el desarrollo sostenible.
DESARROLLO
Desarrollo sostenible y la Educación Superior
La concepción de Desarrollo Sostenible plasmada en el Informe Nuestro futuro común (WCSD;1987), presentado por la Comisión “Brundtland”, ante la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1987, luego de amplias consultas durante varios años, surge como la única vía que permite alcanzar mejores niveles en la calidad de vida de la sociedad, acompañada de sentido de equidad social y económica a nivel local, nacional y global; en tanto que a la vez, se respete el equilibrio con el medio ambiente como sostén de la vida.
En tal sentido, alcanzar niveles de desarrollo que trasciendan el mero crecimiento económico, permitiendo asegurar la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, representa un desafío especialmente para los países pobres. En Venezuela, se estima con base en datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2019-2020 que, el 96 % de los hogares venezolanos vive en pobreza y se ha convertido en el país más pobre de América Latina (Encovi, 2020); esta pobreza impacta a su vez en la calidad humana, evidenciada en el deterioro de los valores actualmente presentes en la sociedad venezolana.
Esta situación representa un desafío especial para contar con una educación de calidad, acorde a las circunstancias reinantes, procurando la formación de ciudadanos comprometidos con el desarrollo sostenible. Es por ello que las Universidades, como generadoras de conocimientos, investigación y servicios de extensión están “…en la obligación de asumir un reto protagónico frente a las dificultades, cambios y transformaciones que deben solventarse o emprenderse para posibilitar el desarrollo sostenible de las sociedades” (Escalante y Graffe, 2011, p.2).
Al respecto, cabe señalar que la “Calidad e Innovación” fue uno de los criterios orientadores de las políticas para la Educación Superior en Venezuela al inicio del período de gestión analizado, expresada en el documento Políticas y Estrategias para el desarrollo de la Educación Superior en Venezuela 2000-2006 (Ministerio de Educación, Cultura y Deportes [MECD], 2001) .
La calidad, es concebida de manera dinámica, como un principio al que deben responder las Instituciones de Educación Superior, va más allá del cumplimiento de indicadores, de manera que sus objetivos respondan a los desafíos por los cambios radicales en el orden del conocimiento, sus modos de producción y difusión, y los propios de un mundo globalizado con serias distorsiones en el orden social, cultural y ecológico. Es así, como la calidad educativa supone un reto económico, social, político, científico, cultural, pedagógico y axiológico, conformando un binomio inseparable con la capacidad de innovación, en cuanto a las formas de conceptualizar y desarrollar la investigación, los currículos, los procesos académicos y administrativos, las estrategias de enseñanza-aprendizaje, entre otros. Así fue formulado en el documento orientador de políticas y estrategias para la educación superior según el MECD (2001).
Transitar hacia una sociedad con estilos de vida y de consumo sostenibles, requiere una educación superior de calidad con visión humanista, apoyada en políticas públicas, planes y programas, que contribuyan de manera significativa con el desarrollo sostenible de Venezuela. Al respecto, en los últimos tiempos, a nivel mundial, ha existido un movimiento de fortalecer el aprendizaje de los estudiantes para el desarrollo de sus competencias, con énfasis en el manejo del marketing y las tecnologías digitales; impactando en la oferta académica universitaria. En este orden, señala Da Silva “Hay un aumento significativo en el número de programas universitarios alineados con la tecnológica, la ingeniería, el mercadeo y la planificación” (2019). Es así como, luce desafiante en este contexto que, instituciones de educación superior como las universidades jesuitas, adopten un modelo de competencias considerando la formación de los jóvenes como lo que llaman “la persona toda”, en el marco de un humanismo integral.
Los jesuitas y laicos hacen referencia frecuentemente a las cuatro “c” en la educación universitaria. Las mismas, comprenden cuatro características de la persona con espíritu humanista; en efecto se trata de formar personas conscientes, competentes, compasivas y comprometidas; esto pasa también, por formar al docente universitario en este marco humanista.
Conscientes de sí mismas y del mundo en el que viven, con sus dramas, pero también con sus gozos y esperanzas. Competentes para afrontar los problemas técnicos, sociales y humanos a los que se enfrenta un profesional. Personas también movidas por una fuerte compasión. Esta palabra ha sido con frecuencia mal usada, aplicándola a un sentimentalismo superficial que humilla a la persona a la que pretendidamente se quiere ayudar. Pero en realidad con-pasión, con un guión que separa las dos partes de la palabra, indica algo muy profundo y muy humano: la capacidad de sentir como propio el gozo y el dolor de los demás; la capacidad de ponerse en su piel; la capacidad de acompañarles y ayudarles desde dentro de la situación; la constatación de que el otro, cualquier otro, especialmente el otro que sufre, es mi hermano o mi hermana. Esta compasión es el motor a largo término que mueve al compromiso: esta forma de amor en la que el ser humano no solo da algo sino que se da a sí mismo a lo largo del tiempo. (Nicolás, 2008)
En tal sentido, Cermeño (2020), señala en su tesis doctoral en materia de aprendizaje para un desarrollo sostenible, la necesidad de “fortalecer las capacidades de los docentes como mentores de un aprendizaje transformador de las personas, apoyado en prácticas pedagógicas de la educación para el desarrollo sostenible (EDS) matizadas de una ética para la sostenibilidad” (p.194). La formación de los profesores en actitudes éticas pedagógicas luce fundamental y va más allá de lecciones de moral y buenos sentimientos.
Ello es coherente con lo que se ve reflejado en los principios rectores de la educación universitaria de la Ley Orgánica de Educación (2009) en su artículo 33, establecidos en la Constitución de la República, entre otros, se destaca: el carácter público, la calidad y la innovación, el ejercicio del pensamiento crítico y reflexivo, la inclusión, la pertinencia, la formación integral, la autonomía, la articulación y cooperación internacional, la democracia, la libertad, la solidaridad, la universalidad, la eficiencia (LOE; 2009).
En este orden, la Universidad de las Naciones Unidas (UNU), su Rector, Profesor Hans Ven Ginkel, en el marco de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, celebrada en París en 1998, plantea que la educación, principalmente a nivel universitario, debe ser orientada al desarrollo sostenible para la formación de futuros líderes, competentes profesionalmente y con una alta responsabilidad ética.
Por su parte, en el marco del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (DEDS, 2005-2014), se planteó que la EDS sea entendida como la base para la educación y el aprendizaje de calidad, permitiendo el desarrollo de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores, para contribuir al empoderamiento de las personas de todas las edades; y así, asumir sus compromisos y responsabilidades para crear un futuro sostenible y una calidad de vida mejorada de las generaciones presentes y futuras (UNESCO- Etxea, 2009).
Indudablemente, la adopción y viabilidad de estos principios, dependerá que efectivamente se disponga de políticas públicas para la formación de una ética universal, que favorezca que el docente universitario se constituya en un pilar esencial para organizar procesos innovadores de enseñanza y aprendizaje en pro del desarrollo sostenible
En consecuencia, se espera que el docente universitario no sea meramente un reproductor de conocimientos y aptitudes, sino un orientador de aprendizajes, un modelo a seguir, con una visión integradora de los saberes del: conocer, para que las personas entiendan lo que pasa; del hacer, cómo pueden participar en los procesos de desarrollo, del ser, para sentirse parte de la sociedad en que viven; del convivir (Delors -UNESCO. 1996), promoviendo la creatividad y el saber vivir para alcanzar aprendizajes disciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios actualizados.
La UNESCO agregó un 5to pilar, para contribuir a educar afrontando el desafío de la sostenibilidad: aprender a transformarse y a transformar la sociedad (UNESCO, 2012, p.36). Todos estos pilares se distinguen en el Modelo de Competencias de UCAB (2013), los cuales, a su vez están matizados de responsabilidad social para también, educar en solidaridad.
En este contexto, considerando la necesidad de transformación de la sociedad, cabe dejar algunas interrogantes para la reflexión sobre el papel de las políticas públicas en el subsistema universitario, con énfasis en sus docentes: ¿Se cuenta con un personal docente formado para ser y hacer modelaje de una educación en un desarrollo sostenible (EDS)? ¿Se dispone de políticas públicas y programas de formación del docente que coadyuven a una sociedad sostenible en Venezuela?
Uno de los desafíos desde el aprendizaje de la ética para un desarrollo sostenible, en la educación universitaria, es la de favorecer procesos educativos que promuevan Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor (Carta de la Tierra, 2000); ya que como dice Savater (2012), “(…) mientras seamos humanos no podremos dejar de preguntarnos cómo debemos relacionarnos con los otros, porque somos humanos gracias a que otros humanos nos dan humanidad y nosotros se las devolvemos a ellos” (p.15).
Políticas públicas de formación del docente universitario
La consecución de los retos antes planteados para el subsistema de educación universitaria, amerita para la formación y desarrollo del docente universitario, un proceso de formulación de las políticas, los planes, programas y proyectos que, se nutran de la competencia “Aprender a Aprender con Calidad”, como nuevo paradigma para promover el desarrollo del subsistema universitario (Graffe y Ramírez, 2013). Ello significa que el conocimiento y el desarrollo científico estén en consonancia con la sociedad del conocimiento, como factor clave para alcanzar un desarrollo productivo (Villalobos y Melo, 2008).
Ello es fundamental, puesto que en las políticas y programas de gobierno, es donde se manifiesta la intención de las élites gobernantes, se espera que en un sistema democrático, los actores sociales claves, como gobierno, docentes, autoridades universitarias, organizaciones gremiales y sociedad civil, participen y medien en la toma de decisiones, para su debida implementación en coherencia con las demandas sociales en el contexto de la universidad del siglo XXI.
Uno de los hallazgos en esta materia para la Educación Superior, en el período 2000-2006, fue la formulación de una política por parte del Ministerio respectivo, conducente a “la creación de una instancia que cumpliera las funciones de concertación de políticas entre el Estado y las Instituciones, coordinación de las relaciones entre las instituciones de educación superior y entre éstas y el Estado” (MECD, 2001, pp.43-44).
Indudablemente que la universidad de estos nuevos tiempos requiere de la concertación y de alianzas, tanto interinstitucionales como con el Estado, para enfrentar un entorno geopolítico, socio- cultural y económico, en continuo cambio y a la vez agobiante.
Según Villalobos y Melo (2008), algunas de las características de ese entorno para la Universidad del siglo XXI, son entre otras: “globalización del mercado laboral, velocidad y cambio del conocimiento, la sociedad del conocimiento, etc. (…)” (p.4). Todo ello, incide en nuevos desafíos para el profesor universitario, como son el requerimiento de competencias en los egresados, acordes con las demandas de la sociedad global, signada por requerimientos de transformaciones humanas para un mundo más justo y sostenible.
Tanto los principios de la EDS como los requerimientos de transformación de las universidades, se han traducido en lineamientos y orientaciones, planteadas en diferentes agendas regionales y mundiales de la educación para la sostenibilidad, demandando de los gobiernos, la revisión de los modelos educativos vigentes, sus fines y sus valores.
Una de esas declaratorias relevantes, fue la emitida en el marco de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, celebrada en París en 1998, La educación superior en el siglo XXI: Visión y Acción. En ella se destaca, la demanda de una enérgica política de formación del personal, mediante el establecimiento de “directrices claras sobre los docentes de educación superior, que deberían ocuparse (…), de enseñar a sus alumnos a aprender y a tomar iniciativas, y no ser (…), únicamente, pozos de ciencia, así como de actualización y mejora de sus competencias pedagógicas” (UNESCO, 1998: Art 10, literal a.).
Por su parte, en el documento Marco de acción prioritaria para el cambio y el desarrollo de la educación superior (1998), emitido con motivo de la Conferencia Mundial en París (1998), se señala “la formación del docente entre las prioridades a considerar, y exige que el personal docente actualice y mejore sus capacidades didácticas y sus métodos de enseñanza” (UNESCO, 1998: II.6, literal h).
Asimismo, a inicios de 1998, el Centro Regional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (CRESALC), planteó una línea de acción estratégica dirigida a: “promover planes de formación de docentes e investigadores y el continuo incremento en la dedicación de los mismos a las actividades académicas” (p.14). (UNESCO/CRESALC, 1998, literal 3.3). De igual manera, la Declaración CRES 2008, promulgada en el marco de la Conferencia Regional de Educación Superior, celebrada en Cartagena en junio 2008, establece el reconocimiento del “cuerpo docente como actor fundamental del sistema educativo, garantizando su formación, capacitación permanente, adecuadas condiciones laborales y regímenes de trabajo, salario y carrera profesional…”(p.14).
Estas declaratorias, si bien no son de obligatorio cumplimiento, sus recomendaciones son un excelente piso para la formulación de políticas públicas, debidamente consensuadas con los actores principales que hacen vida en el subsistema de educación universitaria venezolana, en el marco de la Constitución y las leyes que lo regulan.
En este sentido, sustentado en el documento Políticas y Estrategias para el desarrollo de la Educación Superior en Venezuela 2000-2006 (MECD, 2001), se aprecia la intencionalidad en la planificación educativa de mejorar la formación del recurso humano en la educación superior, mediante la formulación de la política Elevar la calidad académica de las instituciones y mejorar su eficiencia institucional. Entre otras estrategias se indica, el diseño e implementación de un sistema nacional de carrera académica vinculado a un modelo de evaluación de desempeño, promover en las instituciones la elaboración y desarrollo de planes integrales de formación del profesorado que considere las dimensiones del desarrollo sostenible, entre otros (MECD, 2001, pp.45-46).
Por su parte, en el Plan Sectorial Educación Superior 2008-2013, en un contexto fuera de lo establecido en la Constitución (1999),se plantea la formación docente en el marco de un modelo de producción socialista, mediante las siguientes políticas: incorporación de docentes a programas de formación en el área de especialidad conforme a las prioridades nacionales; fortalecimiento del intercambio docente y la conformación de redes de conocimiento; desarrollo del plan nacional de formación educativa para los docentes de educación superior y fomento de la movilidad académica nacional e internacional (Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria [MPPEU], 2008. Literal 2.3, p.5).
En líneas generales se observa una intención del ejecutivo de desarrollar un plan de formación del docente universitario, sin embargo, es válida la pregunta ¿hasta qué punto las universidades son autónomas para formular y desarrollar planes de formación del docente universitario? En tal sentido, es importante señalar la importancia de la autonomía universitaria, consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Artículo 109) a los fines de planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión universitaria. Sin embargo, se destaca que a partir de 1998 surgen otras universidades autónomas creadas por el Presidente Chávez, con un marcado acento en lo ideológico, asumiendo un modelo socialista de país, por encima de la CRBV vigente
En la Ley de Universidades, en su Artículo 9º se destaca, el reconocimiento del Estado de la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, estudiantes y egresados, la búsqueda del conocimiento a través de la investigación. Para ello disponen de 1.- Autonomía organizativa para dictar sus normas internas; 2.- Autonomía académica, para planificar, organizar y realizar los programas de investigación, docentes y de extensión que fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines; 3.-Autonomía administrativa, para elegir y nombrar sus autoridades y designar su personal docente, de investigación y administrativo
Por consiguiente, desde el ámbito de formulación de políticas públicas, la autonomía universitaria, implica una participación protagónica de las instituciones de educación superior delegada por el Estado para la formulación de programas de formación docente en la educación superior. Sin embargo, ha sido evidente la injerencia del Gobierno en la libertad de cátedra y de investigación, violando el principio de la
autonomía universitaria, además, de la alta conflictividad y la ausencia de la participación de los actores claves para avanzar en la formación de un docente universitario, mediador de aprendizajes de una educación para el desarrollo sostenible.
CONCLUSIÓN
En la formación de futuros líderes, competentes profesionalmente y con una alta responsabilidad ética, establecida como línea de acción para las universidades en el siglo XXI, en aras de un desarrollo sostenible, se observa que al inicio del período analizado se formularon políticas adecuadas para la formación de un docente mediador de aprendizajes para un desarrollo sostenible, pero las mismas no se mantuvieron en el tiempo. Posiblemente obedezca a la radicalización del proyecto político de la revolución bolivariana por encima de la Constitución de República (1999).
Por otra parte, aun cuando se contó con políticas para la formación y desarrollo del docente universitario, especialmente en las nuevas universidades autónomas fundadas en el régimen de Hugo Chávez, las mismas hoy día, lucen desactualizadas en el marco de la Universidad del siglo XXI. Ellas fueron dirigidas a fortalecer el modelo de producción socialista. Cabe señalar que en los planes y programas de gestión en el lapso 2008-2013, las políticas formuladas se tipifican como acciones de gobierno y no de Estado, alejadas de los requerimientos o demandas sociales, a las cuales debe responder la Universidad del siglo XXI, como palanca de cambio del modelo de desarrollo requerido en el país.
Es relevante mencionar que, en el sistema universitario privado se han observado por parte de algunas instituciones, políticas y prácticas coherentes con el principio de responsabilidad universal del Desarrollo Sostenible. Una muestra de ello lo representa, el modelo educativo de la Universidad Católica Andrés Bello, expresado en el Proyecto Formativo Institucional, allí se declara la necesidad de la formación humanista en los jóvenes universitarios, apoyado en la pedagogía jesuita. Estas prácticas de educación para el desarrollo sustentable, podrían ser referencias en un futuro para la integración de programas de formación del docente a nivel de la educación superior en Venezuela, en la búsqueda de una sociedad incluyente, productiva y un desarrollo sostenible en todas sus dimensiones.
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