Implicaciones de la circular UNIF-DG-DSU-04409, para los sujetos obligados al reporte de actividades sospechosas (RAS)Implications of the circular UNIF-DG-DSU-04409, for the subjects obliged to report suspicious activities (SARs)594868056515Janeth Magdalena Cedeño VelásquezSosa Caraballo Estudio JurídicoCiudad Guayana, VenezuelaCorreo: janethmcev@gmail.com Orcid: https://orcid.org/0009-0004-5087-3501Eyleen Romero RodríguezSosa Caraballo Estudio JurídicoCiudad Guayana, VenezuelaCorreo: romero.eyleen1@gmail.com Orcid: https://orcid.org/0009-0008-4685-6759 6075045128963Digital: ISSN 2790 5039 – Depósito legal digital: DC2021001122Impreso: ISSN 23435658 – Depósito legal impreso: PP201202DC409200Digital: ISSN 2790 5039 – Depósito legal digital: DC2021001122Impreso: ISSN 23435658 – Depósito legal impreso: PP201202DC4092Jhonny José Bompart LezzaSosa Caraballo Estudio JurídicoCiudad Guayana, VenezuelaCorreo: jhonnylezza@gmail.com Orcid: https://orcid.org/0009-0002-2559-6042 -8382013208000ResumenLos reportes de actividades sospechosas (RAS) son una herramienta para detener y combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. A partir del diez (10) de noviembre de 2023 con la publicación de la circular UNIF-DG-DSU-04409 se establecieron parámetros sobre estos reportes. Sin embargo, dentro de los puntos destacables de la circular nos encontramos con los sujetos obligados a reportar actividades sospechosas, entre los cuales se encuentran los abogados, los contadores, administradores y financieros, situación que genera cierta controversia debido a que, en ciertas carreras, como la abogacía, la contabilidad o la medicina, existe la obligación de mantener el secreto profesional cuando se trata de información confidencial de sus clientes o pacientes. En el presente ensayo se ahondará en el contenido de la circular y se establecerán ciertas consideraciones sobre la viabilidad de su aplicación en los sujetos que realizan actividades profesionales no financieras.Palabras clave: Reporte de actividades sospechosas, circular UNIF-DG-DSU-04409, secreto profesional.-8382010922000AbstractSuspicious activity reports (SARs) are a tool to stop and combat money laundering and terrorist financing. As of November 10, 2023, with the publication of circular UNIF-DG-DSU-04409, parameters were established on these reports. However, among the noteworthy points of the circular we find the subjects obliged to report suspicious activities, among which are lawyers, accountants, administrators and financiers, a situation that generates some controversy because, in certain careers, such as law, accounting or medicine, there is the obligation to maintain professional secrecy when it comes to confidential information of their clients or patients. This essay will delve into the content of the circular and establish certain considerations on the feasibility of its application in subjects who carry out non-financial professional activities.Keywords: Suspicious activity reports, circular UNIF-DG-DSU-04409, professional secrecy.IntroducciónLa Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) es un organismo creado en Venezuela en el año 2018 con el objetivo de prevenir y combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Se encarga de recibir, analizar y difundir la información relacionada con las operaciones financieras sospechosas o inusuales que se realicen en el país, así como de cooperar con las autoridades nacionales e internacionales competentes en esta materia (Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, 2024). Cada país posee un organismo similar, de esa manera encontramos en Colombia a la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF) y en Argentina a La Unidad de Información Financiera (UIF).En este marco de cooperación con las autoridades internacionales, la UNIF aplica las recomendaciones de El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), institución intergubernamental creada en el año 1989, con el propósito de desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (Grupo de Acción Financiera Internacional, 2024). De allí que, la circular UNIF-DG-DSU-04409 dictada en fecha diez de noviembre de 2023 sea la consecuencia de las recomendaciones emitidas por el GAFI en el informe de evaluación mutua de la República Bolivariana de Venezuela publicado en marzo de 2023 y donde se dejaron plasmadas las debilidades de nuestro ordenamiento jurídico en materia de «reporte de actividades sospechosas» y «otras medidas» (Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, 2023). Ahora bien, la circular in comento se encarga en específico de dictar las pautas a seguir por los abogados, administradores, economistas y contadores, cuando estos lleven a cabo transacciones para un cliente con respecto a las actividades descritas en dicha circular. No obstante, se genera un dilema ético y legal para los sujetos obligados cuando dicho reporte pudiera contrariar la obligación de todo abogado, administrador y contador de guardar el secreto profesional conforme a lo establecido en sus respectivos códigos de ética.Para determinar la viabilidad de la circular de la UNIF y su aplicación en las actividades profesionales no financieras designadas, por sus siglas (APNFD), es necesario realizar algunas precisiones sobre la figura de los «reportes de actividades sospechosas», las implicaciones que conlleva para los sujetos obligados y las posibles excepciones a su cumplimiento a través del estudio de las normativas venezolanas aplicables.A través del presente artículo daremos un paneo sobre los conceptos, normas, leyes y códigos relacionados con el tema, tocaremos ligeramente el derecho comparado aplicable a otros países en los cuales igualmente se ha emitido una circular para las Actividades Profesionales No Financieras Designadas y concluiremos sobre su aplicación en Venezuela en contraste con el derecho a la confidencialidad. ¿Qué es un reporte de actividades sospechosas (RAS)? En Venezuela, no hay como tal una norma que defina a los reportes de actividades sospechosas; no obstante, la Resolución N° 083-18 del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas y la SUDEBAN publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.566 de fecha 17 de enero de 2019, establece las siguientes definiciones en su artículo 5: Artículo 5: A los efectos de estas normas los términos indicados en este artículo, tanto en mayúscula como en minúscula, singular o plural, masculino o femenino, tendrán los siguientes significados: Actividad Sospechosa: Aquella operación inusual, no convencional, compleja, en tránsito o estructurada, que después de analizada, se presuma que involucra fondos derivados de una actividad ilegal, o se ha conducido o intentado efectuar con el propósito de esconder o disimular fondos o bienes derivados de actividades ilegales para violar una ley o reglamento contra legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, o evitar los requisitos de reporte a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. Además de operaciones financieras, incluye también las actividades realizadas o intentos de realizarla por parte de los clientes, sobre las cuales el Sujeto Obligado, después de examinar los hechos, antecedentes y su posible propósito, no tiene una explicación razonable que la justifique. Omisis... Sospecha: Aquella apreciación fundada en conjeturas, en apariencias o avisos de verdad, que determinará hacer un juicio negativo de la operación por quien recibe y analiza la información, haciendo que desconfíe, dude o recele de una persona por la actividad profesional o económica que desempeña, su perfil financiero, sus costumbres o personalidad, así la ley no determine criterio en función de los cuales se puede apreciar el carácter dudoso de una operación. Es un criterio subjetivo basado en las normas de máxima experiencia de hecho. (Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario, 2019, p.17).De manera que, se podría decir que un reporte de actividades sospechosas es un documento o formulario predeterminado por la Unidad de Inteligencia Financiera de cada país, y mediante el cual, una institución financiera informa sobre la realización de actividades u operaciones por parte de su personal o de sus clientes, las cuales considera pueden estar relacionadas con la legitimación de capitales o el financiamiento al terrorismo. En este punto podríamos referirnos a la actividad de las instituciones del sector bancario de informar a la UNIF de cualquier actividad sospechosa que pudiera ser realizada para legitimar capitales, no obstante, también se ha pretendido incluirlo como obligación aplicable a profesiones por fuera de la regulada área, es decir, profesiones no financieras, lo cual es el punto principal de este artículo; los sujetos obligados al reporte a partir de la nueva circular.¿Quién debe reportar?Entendiendo entonces lo que es un reporte de actividades sospechosas, debemos identificar a los responsables de su información a la UNIF y como ya hemos adelantado un poco a través de nuestro ensayo, hasta el momento los responsables eran entidades financieras, quienes lo ejecutaban a través de sus oficiales de cumplimiento, a saber:El artículo 19 de resolución N° 083-18 de la SUDEBAN menciona a la persona obligada de reportar las actividades sospechosas.Artículo 19: El Oficial de Cumplimiento tendrá entre sus obligaciones y funciones:Omisis...11. Enviar a la UNIF los Reportes de Actividades Sospechosas que considere necesario; así como, las respuestas a las solicitudes de información relacionadas con la materia que ésta y otras autoridades competentes requieran, dentro de los plazos establecidos por las leyes y comunicaciones de solicitud de información.12. Analizar los Reportes internos de Actividades Sospechosas debiendo decidir la pertinencia de elaborar y remitir el formulario Reporte de Actividades Sospechosas (RAS) a la UNIF o archivarlo y hacerle seguimiento al caso; así como, dejar constar en un informe la decisión adoptada y las opiniones que la sustentaron (Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario, 2019, artículo 19). Ahora bien, conforme a la circular UNIF-DG-DSU-04409 de la UNIF, la obligación de reportar actividades sospechosas no se limita solo a los oficiales de cumplimiento en materia de actividades financieras, sino que ahora se agrega dentro de los sujetos obligados a los abogados, administradores, economistas y contadores en libre ejercicio de la profesión que observen durante el ejercicio de sus servicios una actividad con apariencia de sospechosa.Los sujetos antes mencionados y que ahora forman parte de los obligados a realizar reportes, realizan Actividades Profesionales No Financieras Designadas (APNFD), cuya característica principal radica en que las actividades llevadas a cabo por estos profesionales no están reguladas por instrumentos legales destinados a la prevención de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, la propia circular establece:En este sentido, estos profesionales resultan útiles por sus conocimientos y por la naturaleza de las actividades que desempeñan y pueden ser contactados por la delincuencia organizada para facilitar los delitos de LC/FT/FPADM y otros ilícitos, mediante la creación de vehículos corporativos y otros acuerdos jurídicos complejos como fideicomisos, compra o venta de propiedades, realización de transacciones financieras, asesoramiento financiero y tributario, entre otras (Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, 2023, p. 1). Ahora bien, pese al revuelo que ha causado el establecimiento de dicha obligación en la circular, lo cierto es que ya nuestras leyes contemplaban a las profesiones mencionadas como sujetos obligados, de tal manera que la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT) establece en su artículo 9, numeral 9, lo siguiente: Artículo 9. Se consideran sujetos obligados de conformidad con esta Ley, los siguientes:9. Los abogados, abogadas, administradores, administradoras, economistas y contadores o contadoras en el libre ejercicio de la profesión, cuando éstos o éstas lleven a cabo transacciones para un cliente con respecto a las siguientes actividades: a. compraventa de bienes inmuebles; b. administración del dinero, valores y otros activos del cliente; c. administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores; d. organización de aportes para la creación, operación o administración de compañías; e. creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas, y compra y venta de entidades comerciales (Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, 2012, artículo 9). Y de igual manera fue plasmado en el artículo 8, numeral 9 del Decreto de Adecuación de la UNIF de fecha 12 de noviembre de 2018: Artículo 8°. Serán sujetos obligados:9) Las abogadas, abogados, administradoras, administradores, economistas y contadoras o contadores en el libre ejercicio de la profesión, cuando éstas o éstos lleven a cabo transacciones para un cliente con respecto a las siguientes actividades:a) compraventa de bienes inmuebles;b) administración del dinero, valores y otros activos del cliente;c) administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores.d) organización de aportes para la creación, operación o administración de compañías;e) creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas, y compra venta de entidades comerciales; (Decreto Nº 3.656, mediante el cual se adecua la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) como un órgano desconcentrado con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera, dependiente jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, 2018, artículo 8). De acuerdo con las normas transcritas, se establece como primer condicionante, a efectos de calificar como sujeto obligado la tenencia por profesión de abogado, administrador, economista o contador en el marco del libre ejercicio de su profesión, para la exigencia de la elaboración del RAS. La misma circular, de seguida manera, establece un límite en el caso específico del abogado, estableciéndose que no pueden referirse, dentro de tales profesiones, aquellos que operen dentro del contexto in-house, —el abogado que trabaja internamente formando parte del equipo legal o de la consultoría jurídica de una determinada empresa—, común dentro de las múltiples empresas transnacionales que siguen haciendo vida en el país. Se incluyen también en este contexto de exclusión a los profesionales de instituciones gubernamentales “que ya puedan estar regulados” en el contexto de la prevención y control de LC/FT/FPADM.Finalmente, y refiriéndonos al segundo condicionante que acompaña el ostentar la profesión, se debe alinear con el hecho de que algunos de estos profesionales realicen transacciones para clientes sobre una serie de actividades, tales como la compra y venta de bienes inmobiliarios, organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas, entre otras afines.Esta circular solo es aplicable a los profesionales arriba mencionados que trabajen de manera independiente, los que laboren en funciones públicas o empresas tienen su normativa particular.De manera que podemos llegar a determinar dos situaciones en este momento, la primera de ellas es que no es una novedad que los sujetos que ejercen Actividades Profesionales No financieras Designadas formen parte de los sujetos obligados a reportar actividades sospechosas, sino que esto fue implementado en Venezuela desde la publicación de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT) en fecha 30 de abril de 2012; sin embargo, no se le había dado la importancia correspondiente hasta la publicación de la circular.La segunda situación que se presenta está referida al dilema que afrontan los sujetos obligados —abogados, contadores, administradores, economistas— de reportar las actividades de sus clientes ante cualquier sospecha. ¿Podría de alguna forma el reporte vulnerar los derechos de los clientes que contratan los servicios de estos sujetos? ¿Se viola el secreto profesional? ¿Se viola el derecho a la defensa?Los RAS y el secreto profesionalLa circular de la UNIF no ha sido bien vista debido a las implicaciones de su aplicación, sobre todo para profesiones como la abogacía y la contaduría, las cuales contemplan dentro de sus respectivos códigos de ética la figura del secreto profesional.Pero no solo lo podemos encontrar en códigos de ética, pues en Venezuela la consagración más destacada del compromiso de preservar información confidencial se vislumbra de manera indirecta en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dicho artículo proclama de forma explícita el derecho a la confidencialidad al establecer: «Toda persona tiene el derecho a la salvaguarda de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación» (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999, artículo 60). Teniendo en cuenta dicha disposición constitucional, podríamos aseverar que, lo que se mantiene en reserva sobre las actividades del cliente en virtud del secreto profesional, debe ser contemplado como parte intrínseca de la esfera personal e íntima de los individuos, y su revelación podría impactar adversamente en su reputación. Manteniendo una línea legal, es preciso traer a colación lo que el profesor Humberto Cuenca menciona sobre este tema:Vinculando la definición de secreto al ámbito del abogado indica que el secreto profesional es la confidencia que sobre hechos vinculados a la controversia hace el cliente al abogado y cuya revelación puede ocasionarle graves perjuicios. Así el abogado no puede revelar la confesión de culpabilidad del reo hecha a él ni tampoco la existencia de una deuda a que se contrae el litigio. En general, toda confidencia sobre una controversia entre cliente y abogado tiene el carácter de secreto profesional. (Cuenca, 1994, p. 393).Ya habiendo discurrido por la Constitución y la doctrina, se trae a colación los artículos 25 y 26 del Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano:Artículo 25: El abogado guardará el más riguroso secreto profesional. Este secreto amparará sus archivos y papeles aún después que el abogado haya dejado de presentarles sus servicios al patrocinado o al defendido. El abogado podrá negarse a testificar en contra de éste y abstenerse de contestar cualquier pregunta que envuelva la revelación del secreto o la violación de las confidencias que hubieren hecho. Tampoco podrá el abogado comunicar a terceras personas lo que llegare a su conocimiento por causa de su profesión. Queda comprendido del secreto profesional, todo cuando un abogado trate con el representante de la parte contraria.Artículo 26. El deber de guardar el secreto profesional comprenderá también todo lo que se haya revelado o descubierto con motivo de requerirse la opinión del abogado, su consejo y patrocinio y, en general, todo lo que llegare a saber por razón de su profesión. El abogado no debe intervenir en asuntos que puedan conducirlo a revelar el secreto, ni a utilizar en provecho propio o de su patrocinado, representado o defendido las confidencias que haya recibido en el ejercicio de su profesión, salvo que obtenga el consentimiento previo, expreso y escrito del confidente. La obligación de guardar el secreto profesional comprende también los asuntos que el abogado conozca por trabajar en común o asociados con otros abogados o por intermedio de empleados o dependientes suyos o de los otros profesionales (Código de Ética Profesional del Abogado, 1985, artículos 25 y 26).Se debe destacar que nuestro código de ética data de 1985, cuando históricamente apenas se estaba desarrollando la figura y los mecanismos para atacar el «lavado de dinero» en Estados Unidos. De manera que no es sorpresa que, nuestra norma sobre el secreto profesional se encuentre en clara contraposición con los artículos transcritos precedentemente donde nace la obligación de reportar tal y como fue establecida en la circular de la UNIF y las normativas legales antes mencionadas.En cuanto a los contadores, el secreto profesional se encuentra establecido en el artículo 11 de la Ley del Ejercicio de la Contaduría: El Contador Público está obligado a guardar secreto profesional y no revelar por ningún motivo los hechos, datos o circunstancias de que tenga conocimiento en el ejercicio de su profesión, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública (Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública, 1973, artículo 11). En cuanto a los administradores, el Código de Ética Profesional del Licenciado en Administración, en su artículo 75, establece el deber de guardar el secreto profesional: El Licenciado en Administración está obligado a guardar el más riguroso secreto profesional, evitará mencionar el nombre de sus clientes y no podrá revelar hechos, datos, trabajo efectuado o circunstancias de que tenga conocimiento, como consecuencia del ejercicio de su profesión. Este secreto amparará sus archivos y papeles aún después que haya dejado de prestarle sus servicios y no podrá comunicar a terceras personas, lo que llegue a su conocimiento por causa de su profesión (Código de Ética Profesional del Licenciado en Administración, 1988, artículo 75).Sin embargo, en materia de Administración, el Código de ética de estos profesionales plantea una excepción al secreto profesional y que resulta ser completamente relacionada con el tema que nos ocupa, a saber:Artículo 76. El Licenciado en Administración podrá negarse a testificar en contra del cliente y abstenerse de contestar cualquier pregunta que envuelva la revelación del secreto profesional o la violación de la información que haya recabado referente al ámbito de su profesión, salvo los casos de legitimación de capitales u operaciones financieras del narcotráfico o cualquier otra actividad ilícita, en las cuales podrá testificar sin impedimento alguno (Código de Ética Profesional del Licenciado en Administración, 1998, artículo 76). Como se puede deducir del artículo 76 del Código in comento, los administradores sí se encuentran amparados al momento de violar el secreto profesional, pero solo cuando se trate de legitimación de capitales, de manera que el Código de los administradores no posee contrariedad alguna con el contenido de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT) ni contra la circular de la UNIF, como sí ocurre en el caso de los abogados y de los contadores.Pero esta contradicción no es única de Venezuela, puesto que en Chile se ha suscitado una situación similar con el organismo homólogo de nuestra UNIF, que en dicho país se denomina Unidad de Análisis Financiero (UAF), y que ha pretendido extender la obligación de reportar actividades sospechosas al área legal. El gremio de abogados de Chile se ha pronunciado en contra, basándose precisamente en la vulneración del secreto profesional y consecuencialmente, el derecho a la defensa de los clientes. Se debe hacer la salvedad de que en Chile no ha sido emitida aún la obligación, cosa que sí ocurrió en Venezuela.El tema de la confidencialidad y el secreto profesional es delicado debido a que su aplicación indiscriminada pudiera servir como una traba en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, prueba de ello, diversos países siguen manteniendo cierta reticencia al cumplimiento de las recomendaciones del GAFI en lo que respecta al reporte de actividades sospechosas por parte de los abogados, administradores, contadores y economistas.Lo anterior queda demostrado con el último informe del GAFI de julio de 2024, en el cual se menciona lo siguiente respecto de las jurisdicciones en las cuales se ha adoptado de forma eficiente el cumplimiento de los estándares solicitados para las APNFD: Aunque más de la mitad de los miembros del GAFI tiene puntajes de cumplimiento superiores al 80%, existen 7 jurisdicciones con puntajes por debajo del 50% (México, Brasil, Israel, República de Corea, Estados Unidos, China y Australia, lo que representa un riesgo significativo dada su importancia económica global (Grupo de Acción Financiera Internacional, 2024, párr. 4). Teniendo este panorama global en cuenta y la proliferación del lavado de activos a nivel mundial, la comunidad jurídica se encuentra en la necesidad de ponderar los derechos e intereses contrapuestos —secreto profesional-lucha contra el lavado de activos— y adaptar su ordenamiento jurídico a la consecución de los fines del Estado. El secreto profesional en la circular de la UNIF y sus consecuenciasAunque pareciera contradictorio, la propia circular en su último párrafo antes de abordar las conclusiones expresa lo siguiente:Finalmente, los sujetos obligados del sector in comento en ningún caso revelarán al usuario, beneficiario, ni a terceros, que han sido objeto de un Reporte de Actividad sospechosa enviado a la UNIF, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la LOCDOFT y el artículo 5 del Decreto de adecuación de la UNIF, ya mencionado. Aspecto normativo que se encuentra alineado con lo señalado en la recomendación del GAFI N° 21: “Revelación (tipping-off) y confidencialidad”. Por su parte, no están obligados a informar acerca de los Reportes de Actividades Sospechosas si la información pertinente se obtuvo en circunstancias en las que esté sujetas al secreto profesional o al privilegio profesional legal (Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, 2023, p. 8). Siendo de esta manera, se presenta una excepción a la obligación de reportar las actividades sospechosas. Esta previsión resulta insuficiente, puesto que no establece los mecanismos para argumentar el secreto profesional o, por el contrario, cómo demostrar que la información que se posea haya sido precisamente adquirida mediante el secreto profesional. ¿Se deberá firmar un contrato de confidencialidad con el cliente? ¿Se admitiría firmar una cláusula de confidencialidad de delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo? Esta aplicación tan vaga de las recomendaciones del GAFI de 2023 produjo como consecuencia que, para la plenaria del 28 junio 2024, Venezuela reingresara a la lista «gris» del GAFI, entre otras cosas por el tibio manejo realizado a las Actividades Profesionales No Financieras Designadas. Conclusiones La lucha contra la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo se ha agudizado con el tiempo y con la diversidad de mecanismos que al día de hoy son utilizados por los grupos criminales para darle apariencia de legalidad a sus actividades fraudulentas. Es por ello que se requiere que los profesionales que intervienen en operaciones susceptibles de ser utilizadas para legitimar reporten dichas actividades, lo cual pueden hacer de forma confidencial por medio del mencionado formulario de la UNIF; claro está, queda a criterio de cada profesional en virtud de su código de ética determinar qué puede informar sin violentar el secreto profesional y demás garantías constitucionales.Pese a lo comentado y lo explanado en este ensayo, la circular de la UNIF no tuvo mayor impacto, aplicación o eficacia, trayendo como consecuencia que el GAFI no pudiera comprobar que Venezuela cumpliera con las recomendaciones indicadas en 2023 y por tanto ingresara en la lista gris de dicho organismo.No es la primera vez que Venezuela está en la lista gris del GAFI; sin embargo, este reingreso hace necesaria la discusión de la vigilancia y reglamentación de las APNFD en el ordenamiento jurídico venezolano, lo cual debe comenzar por una reforma de los códigos de ética anteriormente mencionados y una mayor cultura de cumplimiento y de gestión de riesgos por parte de nuestros profesionales en la lucha contra la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo, teniendo en cuenta que un abogado, administrador, contador o economista bien instruido en materia de LC/FT/FPADM, será mucho más capaz de identificar una actividad sospechosa y cuándo esta actividad se encuentra dentro del secreto profesional o se requiere su reporte obligatorio.Referencias: Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano. Ley de 1985. 03 de agosto de 1985 (Venezuela). Código de Ética Profesional Del Licenciado en Administración. Ley de 1998 (Venezuela). Cuenca, H. (1994). Derecho Procesal Civil. Ediciones de la Biblioteca: Universidad Central de Venezuela. Grupo de Acción Financiera Internacional (2024). Horizontal Review of Gatekeepers’ Technical Compliance Related to Corruption. Informe sobre cumplimiento técnico. GAFI, https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/HRGTC.pdf.coredownload.inline.pdLey de 1973. De Ejercicio de la Contaduría Pública. 05 de diciembre de 1973. G.O. Nº 30.273. Ley del 2012. Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. 30 de abril de 2012, G.O. Nº39.912. Resolución N° 083-18 de 2019 [Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas] mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario. 17 de enero de 2019. Unidad de Información Financiera (s.f.). ¿Quiénes somos? https://www.argentina.gob.ar/uif/institucional#:~:text=La%20Unidad%20de%20Informaci%C3%B3n%20Financiera,del%20Terrorismo%20(FT)%20y%20el Unidad de Información y Análisis Financiero (2014). Las unidades de inteligencia financiera y el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo. https://www.uiaf.gov.co/sites/default/files/2022-07/documentos/archivos-anexos/Las%20unidades%20de%20inteligencia%20financiera%20y%20el%20sistema%20ALACFT.pdf Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (s.f.). Antecedentes de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. https://www.unif.gob.ve/antecedentes/ Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. (2023). Circular enviada a: Abogados, Administradores, Economistas y Contadores, en el libre ejercicio de sus profesiones “Señales de alerta, controles internos y directrices relacionadas con los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS)”. https://www.unif.gob.ve/wp-content/uploads/Circulares_UNIF/CC_UNIF_04409(2023-11-10).pdfAutores:Janeth Magdalena Cedeño Velásquez: Abogada Mención Cum Laude, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello-Extensión Guayana. Profesora en la Universidad Católica Andrés Bello, Extensión Guayana, en las cátedras de Teoría General del Proceso y Derecho Procesal Civil II. Es directora del departamento de litigios en la firma de Abogados Sosa Caraballo Estudio Jurídico. Fue secretaria de Sala del Tribunal de Control en materia de violencia contra la mujer (VCM). Cursó estudios de post-grado en Derecho Procesal y Derecho Mercantil en la Universidad Católica Andrés Bello.Eyleen Romero Rodríguez: Abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello-Extensión Guayana. Asistente Legal del Departamento de Investigación y Desarrollo en Sosa & Martínez Estudio Jurídico desde hace 1 año, y actualmente abogado Junior en Sosa Caraballo Estudio Jurídico. Posee estudios en competencias gerenciales de investigación y desarrollo de negocios internacionales. Sus estudios abarcan Curso de Francés Básico, Nivel I, Diplomado en Transporte y comercio marítimo, diplomado en Gerencia de Negocios Internacional y Comercio Internacional.Jhonny José Bompart Lezza: Estudiante a la espera de acto académico en la carrera de Derecho, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello-Extensión Guayana. Actualmente Asistente Legal en la firma de Abogados de Sosa Caraballo Estudio Jurídico. Asistente administrativo - Consulado Honorario del Líbano (2022).0111125Digital: ISSN 2790 5039 – Depósito legal digital: DC2021001122Impreso: ISSN 23435658 – Depósito legal impreso: PP201202DC409200Digital: ISSN 2790 5039 – Depósito legal digital: DC2021001122Impreso: ISSN 23435658 – Depósito legal impreso: PP201202DC40927059930179070Digital: ISSN 2790 5039 – Depósito legal digital: DC2021001122Impreso: ISSN 23435658 – Depósito legal impreso: PP201202DC409200Digital: ISSN 2790 5039 – Depósito legal digital: DC2021001122Impreso: ISSN 23435658 – Depósito legal impreso: PP201202DC4092 7059930179070Digital: ISSN 2790 5039 – Depósito legal digital: DC2021001122Impreso: ISSN 23435658 – Depósito legal impreso: PP201202DC409200Digital: ISSN 2790 5039 – Depósito legal digital: DC2021001122Impreso: ISSN 23435658 – Depósito legal impreso: PP201202DC4092 5764530698500left2730500left762000Guayana Moderna, N° 15Enero-Junio, 2025Venezuela031242000 Implicaciones de la circular UNIF-DG-DSU-04409, para los sujetos obligados al reporte de actividades sospechosas. J. Cedeño, E. Romero y J. Bompart, pp.: 66-79-4572015240PAGE \* MERGEFORMAT8000PAGE \* MERGEFORMAT80left27305Digital: ISSN 2790 5039 – Depósito legal digital: DC2021001122Impreso: ISSN 23435658 – Depósito legal impreso: PP201202DC409200Digital: ISSN 2790 5039 – Depósito legal digital: DC2021001122Impreso: ISSN 23435658 – Depósito legal impreso: PP201202DC40927059930179070Digital: ISSN 2790 5039 – Depósito legal digital: DC2021001122Impreso: ISSN 23435658 – Depósito legal impreso: PP201202DC409200Digital: ISSN 2790 5039 – Depósito legal digital: DC2021001122Impreso: ISSN 23435658 – Depósito legal impreso: PP201202DC40927059930179070Digital: ISSN 2790 5039 – Depósito legal digital: DC2021001122Impreso: ISSN 23435658 – Depósito legal impreso: PP201202DC409200Digital: ISSN 2790 5039 – Depósito legal digital: DC2021001122Impreso: ISSN 23435658 – Depósito legal impreso: PP201202DC40925764530698500Guayana Moderna, N° 15Enero-Junio, 2025Venezuela-699135-160655ArtículosFecha de recepción: 10-07-2024Fecha de aceptación: 03-10-2024pp.: 66-7900ArtículosFecha de recepción: 10-07-2024Fecha de aceptación: 03-10-2024pp.: 66-79GUAYANA MODERNAhttps://revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/index.php/guayanamoderna/index-699135-160655Fecha de recepción: 18-02-2024Fecha de aceptación: 21-04-2024PP: 09-3100Fecha de recepción: 18-02-2024Fecha de aceptación: 21-04-2024PP: 09-31GUAYANA MODERNAhttps://revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/index.php/guayanamoderna/indexiVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAFgAAAAfCAMAAABUFvrSAAAAIGNIUk0AAHolAACAgwAA+f8AAIDp AAB1MAAA6mAAADqYAAAXb5JfxUYAAAAEZ0FNQQAAsY58+1GTAAAAAXNSR0IB2cksfwAAAf5QTFRF ////////////////8fHx7+/v6Ofn4+Pj4N/g39/f1tXV09bS0tXS0tXR0dTR0dTQ0NTQ0NPPz9PP ztLOztHNzdHNzdHMz8/PzdDMzNDMzNDLzM/Ly8/Ly8/Ky87Kys3Jyc3Jyc3Iy8rLyMzIyMzHx8vH xsrGycjIxsrFxcnFyMfHxcnExMnExMjDw8jDxMfDw8fCwsfCwcXAwMXAwMW/wMS/v8S+v8O+vsO+ vsK9vcK9vcK8v7+/vMG8vMG7vMC8u8C7u8C6ur+6ur+5ub65ub64uL23t7y2urm5tru1tbq0tLqz tLmzs7iysrixtbW1srexsbewsLavsLWvr7Wur7SusLOvrrStrrOtr7KvrbOsrLKrr6+vq7GqrKur pqqmo6ijoqaho6Ghn6OenqCdn5+fnp2dn5aampiZlpmWlZmUmJaXk5iTkZSRkZORkY+Pj4+PiYyJ jIqLjoeLh4aHhIaEhIWEgoWChIGCf4F+gICAfX98fH98fnt8en15eXx5eHV2dnN0dXJzcHJvcHBw bmxsaGVmY19hYGBgXV5dWldYUFFQUFBQQ0RDQEBAPj8+Pzs8Pzc5NTY1MjMxMjExMDAwMS0uLS0t KioqKSopKSkpKCkoKCgoKicnKCUmJCQkIx8gICAgHxscGxsbGRkZEBAQDg4ODQ4NDQwNAAAA4LK4 NQAAAAN0Uk5TAAoO5yEBUwAAA+1JREFUeNq1lot3GkUUxlcviEDS7bYbKxC2oaWKSUmRpkkrSBvz IMGkJjGamoSobROtNqRVWyOppli0NBBSHxst+JiYUvr9l57dheVx8ESpncOeOfvbnW92vjv3Dtyz eCqN44BIeCh02t/tcXdIDpvN4Tzs9nj9faHBcGR88u2Z2dm56H9vAIdIeCBwyudxOUWBb7FaW/YJ YrvL4+sJDCjK0zOzc00pcwgPBE56j0kif3OzqCyiuHmDP+h0H/e/NhCOnJ+avjA7t55THuTWK+P2 JOAwFDjpdduF2G7FoN1lwebq8gcGw2MTUzOf5IFsMpkF8le1UVf3JuAQOuV12/g0gEIqHgzGUwUA 6RMvuI73hIZGxyc/fISMmYjInMEjddSlf0HA4bTvmF3RLcSNpLXFApA/YXP7+vqHIxM5pIgIUB4g rwzKq2Rlo46YOjtNOgEHv0cS0oBsJr0ZZSAtOD3+wNDoGjKWsjBlsB6NruPnj4lWHj5OmHSSsdBF xhgbKRFFuPuoGANkI1Gt8vJBl7e3P/wAVTOakYtGc/iD3f8e8S+woBMzdbIf7iYYW9GIIuxx8rso HKKaZixgl2/3+F8fQla5T0FdPmURjSL77W3GWMJkqRAyfMQ+J1pi2xpRhN1tN4E41bVF4Ibo9p0Z QJJUJzQvkopMkqgzASBhqRDDn+w3IhNjz6lEEe44sImCkSiYyWbjWneNiArYFA57e/sbCxOZEtuM bYzo5K1fgqrw87qwxBeVZQbVHZydV7uUsvjiPmdXz7lGVhCRYYksSrTul8nIxZeJFhirWOFoBa4R ydgxB3cWZcjm+Z1F1YsWh8cf+lULnvbBeqhog21vI7Hw9V9lssTY6urv7NNK8OxWIKiMjGsCJbuD gNX2kj/0FTJUv90yRKbVh49XDNVkVVnAd4bKdttDePhBJUGS1Qny2UYdObKwYNFJjRXGQztxGbLS VawYfr/ZlC4FrxQ1PXhJFHmpq+fc8Jsf5AA5lZQrJedSfk+ibrc0CqRvt/ms2tEONoUOb+8b4bHJ d75pqmy622KqF40S5NUzg6PjUzNNHCLg8Iqa0uZ/SunI+WaFu4+KlxsVoZjo6u7rD49NTF+Ya0oY tyThHiBXlSGzWjalL5/omAZwx7G/utAb4wXgR95+C08qjDXb/nt1RxP/4hX9HS0/oF0a0S4i1L1E tcJYcwiXqw/TmGC/UjWm9KMqldJ9zVQ1QBPGHUnkY+Xjf5kXpWofymWzeiqqmag8F1G9MH56z9l2 gG+1Wlt5QWx/d6tmTJ0RZRuohtUtgdP51vWzksNud0hnr2/VxqHRF9d7XI5DA+H/+1/hM09J92+7 pmyRGJsTpgAAAABJRU5ErkJggg==015504527753Microsoft Office Word023165falseTítulo1false32733falsefalse14.0000Aura Balbi;Sandra Cáceres;María Laura MendozaBecatrabajo CIEPV22024-06-17T23:18:00Z2024-12-16T18:58:00Z2024-12-16T18:58:00Z